La agencia de noticias europa press ha dado a conocer recientemente un informe de Cáritas Diocesana de Tenerife según el cual, tras la declaración del estado de alarma en nuestro país, dicha entidad viene atendiendo a cerca de medio millar de personas que viven en ‘viviendas inseguras’ en distintas zonas del norte y sur de la Isla.
Se trata, según señala la agencia, de personas que residen en chabolas de plástico y madera, en antiguos edificios (algunos con ‘aluminosis’) medio derrumbados, en fábricas abandonadas, en cuevas, en situación de hacinamiento en la calle, en centros de acogida y en recursos de emergencia que se han ido creando gracias a la solidaridad de muchas personas e instituciones.
Con el espíritu de reforzar su misión de atender, acoger y escuchar a los últimos y no atendidos, velando por su atención y cuidado ante el aumento del impacto e incidencia del coronavirus Covid-19, Cáritas Diocesana de Tenerife puso en marcha en su momento una serie de medidas extraordinarias destinadas a garantizar la atención de los colectivos de mayor vulnerabilidad, siendo uno de ellos el de las personas en situación de ‘sin hogar’ que viven en ‘viviendas inseguras’.
Cáritas recuerda en su informe que ya al inicio de la crisis del Covid-19 la Relatora Especial de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada hacía expresas recomendaciones a los Estados miembros respecto a la situación actual a partir una premisa fundamental: «La vivienda es la primera línea de defensa contra el coronavirus». Con ello instaba a las administraciones públicas a que tomasen medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda de manera que estas personas pudieran estar protegidas contra la pandemia. “Como mínimo, la Relatora hablaba de garantizar la protección de las personas que viven en la calle o en viviendas extremadamente inadecuadas e inseguras”, afirma Cáritas en su informe.
Por esa razón la organización envió a la Viceconsejería y la Dirección General de Derechos Sociales, a la Subdelegación de Gobierno, a la Presidencia de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y al Diputado del Común un informe junto con un mapeo de los lugares con situaciones de vivienda inadecuada detectados por sus equipos técnicos en el norte y sur de la isla de Tenerife, además de un documento de propuestas con el objetivo de facilitar las medidas de confinamiento ante estas situaciones de exclusión residencial durante la crisis del Covid-19.
Asegura europa press que dicha información también fue enviada a los ayuntamientos con mayor población en situación de ‘sin hogar’, como han sido Arona, Adeje, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz, siendo sólo este último el único que hasta la fecha de publicarse la noticia (el pasado 7 de mayo) había establecido una estrategia de intervención conjunta con Cáritas para atender dichas necesidades.
En los documentos enviados a las mencionadas administraciones, Cáritas plantea las siguientes propuestas para actuar ante esta situación:
1) Establecimiento de forma urgente de espacios de coordinación entre Administraciones Públicas y agentes de la sociedad civil.
2) Coordinación, implementación y seguimiento de las medidas por parte de los Servicios Sociales de los ayuntamientos implicados.
3) Seguir implementando y potenciando la habilitación de espacios de realojo a personas en situación de calle.
En el caso de las infraviviendas y asentamientos informales, Cáritas dice que es necesario el abastecimiento permanente de kits de agua potable, alimentos (comida caliente de forma cíclica y temporal) y medidas sanitarias de prevención de la COVID-19, con la tutela y coordinación del Ministerio de Defensa (unidades sanitarias especializadas).
De igual modo, dada la especial situación de vulnerabilidad de este colectivo, Cáritas considera que se les debe facilitar alojamientos adecuados a quienes quieran ser trasladados, con especial seguimiento a las situaciones previas de vulnerabilidad, acompañadas por las entidades sociales y los Servicios Sociales. Deja también claro Cáritas Diocesana de Tenerife que «no se puede perder la mirada poscrisis y las situaciones que pueden darse al finalizar la emergencia».
Por todo ello propone que como solución de emergencia se vayan incorporando urgentemente viviendas como una alternativa real para gran parte de las personas que se encuentran en espacios dotados, dando preferencia a grupos vulnerables como mujeres, personas mayores de 55 años y personas con problemática de salud mental, entre otros.
«Es esencial ir contando con la información necesaria sobre los datos de atención y plazas de acogida temporal que se han generado durante el Estado de Alarma, para así poder disponer de un diagnóstico de situación y características de las personas y familias, para la futura asunción de políticas de acceso a una vivienda social», asegura el informe de Cáritas, que también dice que “en materia de salud, vivienda y protección social es necesario garantizar el acceso a Derechos Humanos durante la transición del Estado de Alarma a su normalización”.
LAS UMAC
Cáritas Diocesana de Tenerife cuenta con Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) en el norte y sur de Tenerife y en la isla de La Palma, con las que cubren las necesidades básicas del colectivo de personas en situación de ‘sin hogar’. Con ello y la inestimable ayuda de algunas comunidades parroquiales, sacerdotes y personas voluntarias se vienen entregando kits de higiene, alimentos, mantas y sacos de dormir, además de agua potable.
Asimismo, según apunta europa press en su escrito, Cáritas mantiene abiertos sus seis recursos alojativos para personas en situación de sin hogar, ampliando horarios y equipos técnicos en algunos de ellos que hasta ahora no ofrecían cobertura total, además de haber abierto otro nuevo en el Puerto de la Cruz para abordar la emergencia del Covid-19.
Por último, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas vulnerables más expuestas al Covid-19, entre las propuestas urgentes que Cáritas hizo llegar al Gobierno en los primeros días tras la declaración del Estado de Alarma estaba la necesidad largamente demandada de garantizar un sistema de ingresos mínimos como último recurso de protección social para las personas y familias más empobrecidas.
En ese sentido, Cáritas defiende el establecimiento de dicho ingreso mínimo garantizado con una cobertura equivalente en todo el territorio del Estado y que éste «tenga la capacidad de llegar a todas las familias que a causa de esta crisis se suman a la pobreza y a la exclusión social, además de enfrentarse al riesgo añadido de que su situación se agrave y se cronifique en un futuro inmediato».