(…Continuación)
El 12 de junio de 2018, con el titular ‘Desalojan a 17 familias de un edificio en la localidad tinerfeña de San Isidro’, la agencia de noticias Europa Press da a conocer el siguiente comunicado:
« Diecisiete familias han sido desalojadas hoy martes de un edificio de viviendas situado en la localidad de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, en la que vivían de ‘okupas’. El desalojo se ha producido como consecuencia de una ejecución judicial surgida a raíz de una denuncia interpuesta por la propiedad del inmueble.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado en una nota que, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, junto con el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife, se ha venido trabajando desde el pasado mes de febrero con las familias que ocupaban las viviendas y cuyo desalojo se llevó a cabo esta mañana.
El Consistorio ha indicado que de las familias afectadas, siete se encuentran en situación de vulnerabilidad por no contar con recursos económicos, ser familias con menores y personas mayores, entre otros motivos. A estas familias se les ha buscado ya una alternativa de realojamiento en viviendas y en centros.
Desde el área de Servicios Sociales afirman que se ha atendido y se ha actuado desde el primer momento y se han mantenido reuniones tanto entre las administraciones supramunicipales como con los afectados en aras de dar respuesta a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad. »
Sobre el mismo caso, con el titular ‘Desalojan con martillos y una radial a 17 familias okupas’, antena3canarias.com publicaba ese mismo día:
« La Guardia Civil ha desalojado esta mañana un edificio ocupado en San Isidro, en el sur de Tenerife. Después de evitar el desahucio en varias ocasiones desde el pasado mes de agosto, esta mañana la autoridad judicial ha ejecutado la orden.
Por la fuerza, así tuvo que entrar la guardia civil en este edificio que esta mañana era desalojado en San Isidro.
Y mientras los agentes intentan romper la puerta, dentro los vecinos se atrincheran.
Con colchones y muebles bloquearon la puerta de entrada al edificio. Después de resistir más de media hora finalmente rompen la puerta.
Se han vivido momentos de mucha tensión en los que volaron hierros y cristales.
Y después de media hora logran sacar el primero de los ocupas.
Aquí viven desde hace años 17 familias, la mayoría con niños que ahora tendrán que buscar una salida.
7 de estas familias, en situación de vulnerabilidad, ya han recibido ayuda de los servicios sociales del ayuntamiento de Granadilla. »
Por su parte eldiario.es en su apartado Tenerife Ahora, con el titular ‘Un total de 17 familias con menores, desalojadas de un edificio okupado en el municipio tinerfeño de Granadilla’, decía:
« Un grupo de vecinos del municipio tinerfeño de Granadilla (en el sur de la isla), en el barrio de San Isidro, han sido desalojados esta mañana por decisión judicial y con amplia presencia de la Guardia Civil de las viviendas okupadas en un edificio radicado en ese lugar, en este caso sin presencia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento gobernado por CC, PP y Cs.
Un total de 17 familias con cinco menores a su cargo, entre ellos un niño de 13 meses, han tenido que desocupar el edificio en el que vivían. La oposición política en el Ayuntamiento sureño y la Plataforma Montaña Clara denuncian que a muchos de esos vecinos no se les permite empadronarse en la localidad, a pesar de llevar viviendo casi 20 años en él y tener una situación clara de arraigo.
Israel Ojal, de la Plataforma Montaña Clara, denuncia que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, o sea, el llamado ‘banco malo’) solo ha ofrecido alternativa habitacional a cuatro de las 17 familias que han sufrido el desahucio, aunque señalan que desconocen “en qué condiciones”.
Ojal explica que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Granadilla son “copartícipes” del desalojo, pues se han desentendido del problema y no han ofrecido una vivienda alternativa a esas personas.
En un comunicado del Ayuntamiento de Granadilla difundido este mismo martes, se asegura que de las 17 familias que han salido del edificio Óliver por orden judicial solo hay siete en situación de vulnerabilidad debido a que disponen de escasos recursos económicos y tienen menores o mayores a su cargo.
A esas siete familias, asegura la nota de prensa, se les ha buscado una opción de realojamiento en otras viviendas o en centros, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife.
El área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Granadilla afirma que se ha atendido a la gente y se ha actuado desde el primer momento. También se han mantenido reuniones tanto entre las administraciones supramunicipales como con los afectados, siempre para dar respuesta a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad, según se recoge en el comunicado de esa Corporación local.
En relación con este mismo asunto, Félix Hernández Miranda, concejal de Izquierda Unida en Granadilla, advierte de que el desalojo se produce incumpliendo los acuerdos establecidos por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife en materia de vivienda que, por lo que se ve, son papel mojado, y sostiene que “el Ayuntamiento debería garantizar que esas familias tuvieran una alternativa habitacional”.
El concejal de izquierdas señala que el pasado mes de abril se produjeron reuniones para intentar conseguir una alternativa habitacional a los vecinos desalojados esta mañana del edificio Óliver. Según explica Miranda, en estas reuniones había representantes del proyecto Base 25 (gestionado por la ONG católica Cáritas), del Cabildo Insular de Tenerife, del Ayuntamiento de Granadilla y del Gobierno de Canarias.
“A pesar de ser un cargo público y concejal en el Ayuntamiento, no me permitieron estar presente en esas reuniones”, insiste Hernández Miranda, en las que, finalmente, no se ha conseguido obtener una opción residencial para las familias.
El representante de Montaña Clara y el concejal de Izquierda Unida coinciden en que ningún responsable del Consistorio local, de CC-PP, se ha acercado esta mañana al lugar del desahucio ni se ha preocupado por la situación de las 17 familias.
El consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Julio Concepción, presente en el desalojo, explica que entre los integrantes de las familias afectadas se encuentran menores, incluso un niño de 13 meses. Concepción destaca que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento son responsables, junto a la Sareb, de la situación de estas familias, ya que actúan en “connivencia”. »
Apenas 3 días después, el 15 junio, laopinion.es publica el siguiente artículo con el titular ‘Más de 30 familias ‘okupas’ serán desalojadas en las próximas semanas’:
« El desalojo producido este martes en el núcleo granadillero de San Isidro no será el único. Alrededor de 38 familias que viven de okupas en el edificio El Candil, en San Isidro, serán desahuciadas en las próximas semanas. Así lo avanza el portavoz de La Plataforma Montaña Clara, Israel Ojel, quien detalla que el primero de estos desalojos se realizará el próximo día 20 y afectará a cinco familias que viven en este inmueble ubicado en la avenida de Abona.
Según explica Ojel, el desalojo de estos vecinos, entre los que residen niños, personas con discapacidad y embarazadas, se está desarrollando de forma paulatina «para evitar la presión mediática». No obstante, desde la plataforma explican que se trata de 38 familias «que están sacando poco a poco y que han pagado un alquiler». «Este caso es aún más complejo ya que la constructora del edificio quebró, el inmueble se lo quedó el banco y los vecinos siguieron pagando sus alquileres», puntualiza Ojel, quien añade que «hay gente que ha desembolsado hasta 20.000 euros».
Y previsiblemente habrá más desahucios. Montaña Clara tiene censadas 750 personas que residen de okupas en trece edificios de San Isidro. «Entre ellos hay 450 niños escolarizados que viven sin agua y sin luz», destaca el portavoz de la ONG.
El boom inmobiliario en esta localidad, una de las que más crecimiento ha experimentado de toda la Isla, provocó la construcción desmedida de edificios cuyas constructoras, posteriormente, quebraron. «Son propiedades abandonadas que los vecinos las han ocupado y las han rehabilitado, ya que muchas de ellas habían sufrido robos y destrozos», aclara Ojel.
Según la plataforma, están «en tierra de nadie», en una especie de limbo que, en muchos casos, no les permite empadronarse para poder acceder a los servicios sociales municipales. «No se nos da una oportunidad para regularizar la situación», agrega el portavoz.
Denuncia al Ayuntamiento
La Plataforma Montaña Clara y el grupo Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona tienen previsto presentar una denuncia al Consistorio sureño por impedir el empadronamiento de los vecinos que viven de okupas en el municipio.
Según explica el portavoz de la ONG, los residentes han solicitado el trámite desde hace varios años, pagando la tasa correspondiente pero «sin tener resultados». «Estamos preparando los trámites ya que podría tratarse de una estafa al cobrar por un servicio que no están realizando», detalla Ojel.
En cuanto a la situación de las 17 familias desalojadas este martes del edificio Óliver, desde la plataforma apuntan que solo se han realojado a siete. «En principio eran cuatro familias pero debido a la presión mediática el Ayuntamiento ha incluido a otras tres», puntualizan. No obstante, y si no se toman otras soluciones, la ONG prevé realizar una acampada de dos días frente al Ayuntamiento sureño para denunciar el caso. »
El pasado 30 de octubre, Izquierda Unida de Tenerife publica en su web www.iutenerife.org el siguiente artículo con el titular ‘Varias familias de San Isidro que fueron desahuciadas en junio siguen abandonadas en un hotel’:
« Cuatro meses después de los desahucios ejecutados en San Isidro, las familias afectadas continúan en un hotel. Estas familias, junto a otras tantas, fueron desahuciadas de las viviendas que okupaban en el edificio Oliver en la misma localidad granadillera ya citada. Este edificio que a día de hoy sigue sin ser habitado es propiedad del Sareb o la llamada ‘banca mala’.
De las 16 unidades familiares desahuciadas a 6 les ofrecieron una alternativa de vivienda pública, tras un acuerdo entre el banco y Viviendas del Gobierno de Canarias, pero al parecer las viviendas necesitaban una reforma, por ello de manera “transitoria” las alojaron 10 días en unos apartamentos turísticos y posteriormente en un hotel.
Lo que en un principio iban a ser días se han convertido en meses, en total unas 18 semanas residiendo en un hotel sin poder cocinar y sin posibilidades de recibir visitas mientras el banco se encarga del pago semanal de las habitaciones.
El concejal de IU, Félix Hernández Miranda, ha preguntado sobre esta cuestión en el Pleno en varias ocasiones, pero la respuesta por parte del grupo de gobierno ha sido siempre la misma: “no es asunto nuestro”. Sin embargo para el concejal de la formación de izquierdas, sí que es un asunto municipal ya que se trata de vecinas y vecinos del municipio. Desde IUC Granadilla se solicita a las administraciones implicadas y al Sareb que cumplan con lo acordado, facilitando a las familias afectadas una vivienda digna. »
(Continuará…)