(…Continuación)
Con motivo del desalojo de las familias que ocupaban el edificio El Barco realizado el 20 de junio de 2017, un grupo de personas afectadas constituyó en los días siguientes una Plataforma para defender su situación, circunstancia que librediario@digital recogió el 8 julio en un artículo con el titular ‘Desalojados en Granadilla crean una Plataforma por el derecho a una vivienda digna‘, en el que decía:
« Afectados por el reciente desalojo de 47 viviendas ocupadas en el edificio El Barco, en el barrio granadillero de San Isidro, han puesto en marcha la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna ‘Montaña Clara’, cuyos objetivos son dignificar a las personas que «se ven obligadas a ocupar pisos de bancos u organismos oficiales«, mediar en la defensa de sus derechos básicos y evitar que se les estigmatice y discrimine.
Israel Ojel, uno de los promotores de este colectivo sureño, subraya: «Las familias que ocupamos un piso por necesidad no somos una lacra para esta sociedad».
Ojel forma parte del colectivo de «unas 600 personas, entre los que hay unos 200 menores», que, según estima este colectivo, reside en la actualidad en pisos ocupados en Granadilla de Abona «que no pertenecen a otros ciudadanos, sino a entidades bancarias y otros organismos que los mantienen cerrados y abandonados mientras la gente no tiene un lugar donde vivir».
Este colectivo rechaza que los «okupas» destrocen las propiedades: «En el caso de El Barco, por ejemplo, habían robado muchos materiales y las familias que entraron en los pisos los fueron arreglando para hacerlos habitables«.
Ojel considera que «cuando vieron que los pisos estaban bien, llegó el desalojo» de medio centenar de personas.
«Queremos llegar a acuerdos con las entidades propietarias para que se dignifique a estas familias y se les permita pagar un alquiler social y contar con servicios mínimos como agua corriente y electricidad«, afirma Israel Ojel.
«La inmensa mayoría de nosotros quiere, en la medida de sus posibilidades, pagar un alquiler social, el agua, la luz… pero por ahora no parece posible. No se nos da una oportunidad para regularizar la situación«, lamenta.
Se quejan de que los ‘okupas’ están «en tierra de nadie«, en una especie de limbo que, en muchos casos, no les permite empadronarse para poder acceder a los servicios sociales municipales.
«Al no permitirnos empadronarnos, oficialmente no existimos. No podemos pedir una ayuda a los servicios sociales y nuestros hijos, aunque estén escolarizados, no pueden acceder a una beca«, sostiene Ojel.
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna ‘Montaña Clara’ alerta de que hijos de familias que ocupan pisos «sufren discriminación e incluso acoso escolar» en algunos centros.
«Hay niños que sufren a diario insultos y un trato despectivo. Se les trata como a ladrones simplemente porque su familia está en una situación de exclusión social por no tener acceso a una vivienda», lamenta este colectivo.
«Estamos realizando gestiones para que nos dejen acudir a los colegios de la zona para explicar a los niños que no somos una lacra -explica Ojel-, que nuestras familias no son un peligro para esta sociedad».
Esta plataforma recuerda que San Isidro es un barrio multicultural, por lo que el problema de la falta de vivienda y de la ocupación no entiende de orígenes ni nacionalidades: «Afecta tanto a canarios y españoles como a cubanos, colombianos o marroquíes».
«Llevamos más de tres años luchando para que se nos permita tener acceso a la red pública de agua -indica este portavoz-, pero no lo logramos«.
Respecto al desalojo de las 47 viviendas de El Barco, Ojel señala que «fue algo tan precipitado que muchas familias tuvieron que dejar parte de sus escasas pertenencias dentro«. Otras familias sacaron a toda prisa sus cosas a la calle, sin saber muy bien qué hacer con ellas luego. »
El 13 de julio de 2017, la web de Radio Onda Tenerife www.ondatenerife.com, con el titular ‘María de la O: “Tenemos más de 12 edificios ocupados en Granadilla”’, dice:
« La concejala de Servicios Sociales de Granadilla de Abona, María de la O Gaspar señala que «el municipio tiene una gran cantidad de personas okupas y es una situación difícil, ya que tenemos más de 12 edificios ocupados que tal vez puedan traducirse en unos 500 okupas”. En este sentido, Gaspar recordó las declaraciones en prensa del exalcalde del municipio, Jaime González Ceja quien señaló que había más de 2.000 viviendas vacías en Granadilla, lo que “podría haber actuado como efecto llamada”.
“Los bancos han desalojado edificios, el Ayuntamiento no tiene competencias de viviendas y, además, para acceder a un alquiler social hay una lista de espera en la que muchas familias llevan anotadas entre 8 y 10 años”, explica Gaspar, quien señala que «sabemos que hay gente que recibe su sueldo y están de okupas», mientras que también «desde Servicios Sociales, atendemos a mucha gente que cobra 426 euros y que primero paga su alquiler». «Sé que hay muchas personas que son okupas porque no tienen otra salida, pero no deja de ser ilegal», añade.
Sobre la reunión mantenida el pasado martes entre la corporación granadillera y el Instituto Canario de Vivienda, la concejala señala “la situación de escasez de viviendas sociales del municipio, ya que las últimas 26 se entregaron en 2011”. A este respecto, Gaspar dice que “cuando llegamos al gobierno, porque sabía lo que se venía encima, le comenté a la directora del Instituto, María del Pino León, que entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias tendríamos que encontrar una solución”, y añade que “desde el Gobierno de Canarias se ha hablado con distintos entidades financieras para que, por lo menos, las viviendas vacías se puedan utilizar para que esas personas puedan vivir en ellas pagando un alquiler más bajo, porque no podemos dejarlas tiradas en las calles”. Además, la edil admite que “se están haciendo informes para que las familias con niños puedan disponer de una vivienda al menos durante dos años, pagando un alquiler social”.
Según la propia concejala, Granadilla de Abona es uno de los municipios tinerfeños más afectados por la ocupación ilegal. “Una de las medidas que estamos barajando es un protocolo de actuación para llevar a cabo en caso de que se produjera un desalojo masivo”, concluye.
San Isidro, protagonista reciente de un desalojo
Durante el pasado mes de junio, la localidad granadillera de San Isidro vivió el desalojo por orden judicial de un edificio de 41 viviendas ocupadas en la zona de La Jurada y que eran propiedad de una entidad bancaria.
Desde la concejalía de Servicios Sociales se procedió desde primera hora a poner un equipo al servicio de los menores y de mayores afectados que atendió las incidencias y las necesidades concretas y fue en ese momento cuando se iniciaron los contactos con las administraciones supramunicipales y la propia Dirección General de Vivienda para buscar una solución.
En este caso concreto, el Ayuntamiento ofreció hospedaje en un hotel de la zona a una de las personas más vulnerables, ya que el resto pudo realojarse con sus familias.
La situación generó una gran polémica y desde el grupo de Podemos en el Cabildo, tildaron de preocupante la inactividad de la institución insular hacia “este drama social que afecta a demasiadas familias de la Isla”, tal y como expresó el portavoz de la formación morada Julio Concepción. »
Hasta abril de 2018 no vuelve a cobrar protagonismo el asunto de los ‘okupas’ en Granadilla de Abona, cuando otro caso que afectaba al edificio de Los Roques, también en San Isidro, era recogido el día 3 por Diario de Avisos en un artículo que, con el titular ‘Paralizado, al menos dos meses, el desalojo de 17 familias en San Isidro’, decía:
« Gobierno de Canarias, Cáritas, Ayuntamiento de Granadilla y La Caixa lograron ayer un acuerdo para que la entidad bancaria solicitara a una jueza de Granadilla la paralización del alzamiento de 17 de las 38 viviendas del edificio de Los Roques, en San Isidro, previsto para hoy.
Según relata Úrsula Peñate, coordinadora de de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife, “gracias al esfuerzo de las administraciones y de la propia entidad bancaria, hemos logrado paralizar el alzamiento por un plazo de dos meses y en ese tiempo tenemos que encontrar una solución a las familias más vulnerables”, recordando que 17 de ellas “han ocupado el edificio de manera ilegal”, mientras que veinte familias tiene una ocupación sobreseída, porque “tenían contrato con el promotor del edificio antes de que este lo entregara al banco”, comentó, recordando que 13 de ellas ya han regularizado su situación con el banco, en este caso La Caixa.
Recuerda la representante de Cáritas que “el 40% de las 38 familias del edificio tienen ingresos superiores a los 800 euros mensuales”, y que ahora, en estos dos meses, “se trata de hacer un estudio para conocer cuáles son las familias más vulnerables para encontrarles una vivienda en alquiler social”, señaló.
El día 13 de abril Mírame TV también se ocupó del asunto con la realización de un reportaje con el titular ‘Decenas de familias que ocupan un edificio en Granadilla piden una oportunidad antes de su inminente desahucio’, sobre el que decía en su web:
« El núcleo poblacional de San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla, se ha convertido en uno de los principales centros de ocupación de viviendas de toda la Isla. Se calcula que más de 600 familias viven actualmente como ‘okupas’ en 14 edificios de la zona, en su mayoría, inmuebles que han sido adquiridos por entidades financieras tras la crisis económica.
Un ejemplo es el Edificio El Candil; fue construido en el año 2008, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero los problemas económicos de su promotora provocaron que finalmente fuera adquirido por ‘CaixaBank’ en una subasta. El problema al que se enfrentan algunos de los vecinos del edificio es que en su momento suscribieron un contrato de alquiler con la anterior empresa, pero con la posterior compra de la entidad, sus casos quedaron en un limbo jurídico. Las familias que habían alquilado no sabían entonces a quién tenían que seguir pagando, y durante los últimos años, aseguran, han intentado regularizar la situación.
Es ahora cuando se enfrentan a un desahucio previsto para el próximo día 5 de julio, que no sólo afecta a estas familias sino a otras que, por dificultades económicas, comenzaron a ocupar progresivamente las viviendas vacías del edificio. Ahora, unas y otras están dispuestas a negociar un alquiler acorde a sus ingresos o incluso la compra de las viviendas, pero lamentan la falta de información y el oscurantismo en todo el proceso. En este reportaje emitido el pasado 12 de abril en El Programa de Manuel Artiles de MírameTV, las familias insisten en que nadie se ha dirigido a ellas para acordar posibles soluciones. »
(Continuará…)