Al ratificarse la imputación de Jaime González Cejas y del grupo socialista municipal del periodo 2003-2007 por prevaricación, la organización ecosocialista Sí se Puede celebra que la justicia llegue a Granadilla de Abona. Sin embargo, lamenta “la tardanza de los procedimientos judiciales” para resolver cuestiones que estaban claras desde el principio. “Al final, la justicia tarde no es del todo justa”, indicó su portavoz Antonio Cabrera, que fuera concejal de Sí se Puede en la legislatura 2007 – 2011.
De esta manera, asegura Cabrera, “se ve claro que el proyecto político de Sí se Puede, que desde sus orígenes ha hecho una apuesta firme por la regeneración democrática, se está cumpliendo en este momento en Granadilla de Abona”. “Para nuestro proyecto político es fundamental que las personas que hacen una gestión irregular o cometen delitos no estén al frente de una administración pública”, así como “sacar de las instituciones a quienes utilizan los recursos públicos para beneficio privado, como hemos visto en este caso”.
“Han pasado nueve años prácticamente dedicados al proceso de instrucción”, indicó el ex-concejal, que además dijo que “si la justicia hubiera actuado con más diligencia posiblemente no habría regresado a la alcaldía la persona que estaba hasta hoy mismo al frente de ella”, y que “la justicia debe colaborar para que haya una mayor democracia en nuestras comunidades”.
Sí se Puede además reclama a Jaime González Cejas que deje ya la alcaldía. “Tendría que marcharse inmediatamente”, afirma Antonio Cabrera, quien destacó que el auto en el que la Audiencia Provincial ratifica los cargos por los que se investiga al Alcalde y al grupo socialista en el gobierno municipal entre 2003 y 2007 “es fruto de la insistencia de Sí se Puede, porque hemos mantenido la acusación particular y por el recurso que presentamos ante la Audiencia cuando fue rechazada la imputación en el primer escalón del proceso”.
“Ha sido un enorme placer llevar al banquillo a Jaime González Cejas, creemos que ha sido el gran cacique del sur de la Isla”, aseguró por su parte el abogado Pedro Fernández Arcila, miembro de Sí se Puede del que es actualmente concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz, además de abogado del caso que se ha hecho cargo de la acusación particular y del mencionado recurso.
“A Sí se Puede nos cabe la satisfacción de haber dado el primer paso y quizá el definitivo para tumbar al gran cacique que ha significado Jaime González Cejas”, dijo Fernández Arcila. A juicio de Antonio Cabrera, “hay indicios claros, estamos hablando de cosas serias, los hechos no tienen vuelta de hoja”.
El letrado detalló que los cargos por los que se investiga al alcalde granadillero y su grupo municipal en el citado periodo son “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y prevaricación en la ordenación del territorio”. Para Arcila éste es “el caso de mayor corrupción en Tenerife quitando el Caso Arona, que es inigualable, y, desde luego, el mayor en el sur de la Isla”, aunque habría sido mayor de haberse ejecutado el Plan Parcial de Las Tabaibas, que finalmente se logró parar.
Continuó señalando el abogado que el auto de la Audiencia Provincial “recoge completamente cinco años después, de manera contundente, todos los elementos del recurso tanto de Sí se Puede como del fiscal y se abren nuevas puertas” para otras denuncias referidas a las subvenciones en el área de Cultura y en las licencias de placas fotovoltaicas instaladas en el municipio. Eso es “algo muy importante, porque puede tener alcance insular”, destacó.
Según el abogado de la acusación particular, Jaime González Cejas “ha hecho a sus anchas lo que le venía en gana, saltándose cualquier normativa y reglamento, pensando en su interés personal, en el interés de aquellos grupos que lo mantenían y en el de aquellas personas que entendían que se accedía a la política para ganar dinero y no para beneficio de la comunidad”. El letrado también resaltó un párrafo del auto de la Audiencia Provincial en el que se afirma claramente que existe “un contubernio entre los intereses políticos e intereses económicos y personales con la complicidad de algunos concejales del Ayuntamiento de Granadilla y de todo el equipo que gobernaba este ayuntamiento”.
Desde el punto de vista de Sí se Puede, dijo Arcila, “en gran medida esto tiene que ver con el gran momento del desarrollo urbanístico, en el que ya sabemos en aquella época la manera cómo gestionaban los regidores municipales los asuntos de interés público… empresas donde estaban concejales como administradores solidarios, empresas donde estaban familiares de políticos que decidían en las juntas de gobierno la tramitación de licencias, el impulso de los planes parciales…, nada nuevo de lo que se sabía que pasaba en el sur de la isla, pero que entre 2007 y 2011 tuvimos la suerte de tener de concejal a Antonio Cabrera en el área de Medio Ambiente con la intención de limpiar el municipio de Granadilla, como así ha sido”.
Por último, Arcila destacó que la resolución de la Audiencia Provincial se tomó sin añadir pruebas diferentes a las que ya había analizado el juzgado de Granadilla, que, además, fue muy lento en alcanzar sus conclusiones. Antonio Cabrera concluyó diciendo que Sí se puede, como formación política nueva surgida de los movimientos ciudadanos, mantiene entre sus principales señas de identidad el objetivo de la regeneración democrática, para que “las instituciones sean transparentes, porque al gestionar recursos públicos deben atender los intereses generales”.