La llamada ‘marea naranja’ es una propuesta de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas que tiene como objeto reivindicar al Gobierno de Canarias los medios necesarios para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI), un recurso económico de última instancia destinado a personas en situación de extrema necesidad, se haga con dignidad y eficacia.
Así, el pasado miércoles la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona se unió a esta propuesta realizando un acto de protesta a favor de esta ayuda económica que otorga el Gobierno de Canarias con la colaboración de los ayuntamientos y que supone el último recurso para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en ‘exclusión social’ y que no reciben ningún otro tipo de prestación. Entre las reivindicaciones que se hicieron figura la de que todas las personas que están en esta situación puedan garantizárseles el disponer de este recurso y que el mismo se dote de los medios humanos y económicos necesarios para que se pueda ofrecer con todas las garantías.
Según la concejala de Servicios Sociales, Ana Esther Flores Ventura, en Granadilla de Abona existen en la actualidad 268 unidades familiares acogidas a la PCI o en trámites para ello. Indicó que el presupuesto de 2014 para la PCI fue de 23 millones de euros y que se agotó el pasado mes de abril, y que el previsto para 2015 es de 28 millones de euros, de los que 17 millones tendrán que destinarse al pago de nóminas atrasadas, por lo que ya en el primer trimestre se acabaría el dinero para este recurso.
Próximamente se aprobará una normativa que modificará la actual Ley 1/2007 que regula la PCI, por lo que ante la posibilidad de que su aplicación pueda significar un paso atrás para la situación de las personas que deberían recibir esta prestación, otras de las reivindicaciones de la ‘marea naranja’ son que esta nueva normativa garantice la inclusión de todos y cada uno de los colectivos en situación de exclusión social, que revise y refuerce la ratio de profesionales necesarios según la población afectada, que garantice la estabilidad del personal contratado y que consolide una financiación estable y suficiente. En este sentido, se da la circunstancia de que hasta los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno canario están presentando enmiendas para cambiar una reforma que tiene una visión economicista y unos planteamientos que están más pendientes de los objetivos del déficit presupuestario que de la atención a las personas más empobrecidas y a las que están en riesgo de exclusión social.
Según los Colegios Oficiales convocantes de la ‘marea naranja’, la aplicación de la Ley de la PCI no ha servido para atender al incremento de las demandas de las prestaciones sociales como consecuencia de la crisis económica que nos afecta, pues tanto los presupuestos del Estado como los del Gobierno Autónomo de los últimos años han apostado por el ‘austericidio’ y por tanto han convertido en papel mojado la Ley 1/2007. Como ya se ha denunciado desde estos Colegios y desde Redesscan, en los últimos años se ha agotado el presupuesto de la PCI antes del verano, lo que ha provocado que no haya llegado esta prestación a la inmensa mayoría de personas y familias que tienen derecho a ella.
Desde la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias siempre se limitan a señalar como responsable de esta situación al Gobierno del Estado o a decir que ha habido demasiado incremento de la demanda, pero hasta en el Parlamento canario los partidos que respaldan al Gobierno han cuestionado la gestión de la Consejera Inés Rojas y, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha hecho declaraciones acerca de que están estudiando denunciar a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias por la situación de la PCI, pues en su municipio solo se ha dado a dos personas de las casi 300 demandas existentes.