La persona encargada de gestionar las multas que la Policía Local impone fue denunciada en su momento por haberse apropiado de 600 euros correspondientes al cobro de varias sanciones, lo cual fue sustanciado por el juzgado que devolvió el caso al Ayuntamiento para que procediera a aplicarle una sanción administrativa al haberse comprobado que la empleada pública había devuelto la cantidad sustraída, según el contenido de un artículo referido al asunto publicado por El Día el pasado 21 de noviembre con el título ‘Sancionada una empleada pública por apropiarse de varias multas’, que dice:
« La responsable de tramitar las multas que impone la Policía Local de Granadilla de Abona ha sido sancionada con 10 días de suspensión de empleo y sueldo al constatarse que es responsable de la apropiación de unos 600 euros correspondientes al cobro de varias multas. El asunto fue denunciado en su momento ante el Juzgado correspondiente.
La propia Policía Local fue la encargada de investigar lo que estaba ocurriendo al tener indicios de una, entonces, presunta irregularidad en el cobro de las multas. Los comprobantes de las mismas y de los pagos correspondientes fueron hallados en las propias dependencias.
El juez, al constatar que la persona implicada devolvió el importe de lo sustraído tras haber cobrado las multas, percibió buena fe y devolvió el asunto a la vía administrativa.
El gobierno municipal anterior hizo caso al juez y procedió a la apertura del expediente correspondiente hasta completarlo y concluir, en la línea de lo planteado por su señoría, con la suspensión de 10 días de empleo y sueldo para la trabajadora municipal. Sanción que quedó pendiente de aplicación al producirse la moción de censura y el relevo en el gobierno municipal.
Desde el grupo gobernante actual se explica que este expediente, que data de julio de este año, está en proceso ya que la Administración municipal procedió a detraer, de la nómina de la trabajadora correspondiente a octubre, el importe de los 10 días de suspensión de sueldo. La otra parte de la suspensión de empleo «se materializará en noviembre, al estar la policía de baja y, luego, de vacaciones. El expediente ha continuado el curso establecido». »
Según la información que disponemos, este caso tuvo su origen hace unos años pero el juzgado no lo resolvió hasta el pasado mes de julio derivándolo de nuevo al Ayuntamiento para que procediera a aplicarle a la empleada pública la sanción administrativa correspondiente. Tras habérsele aplicado la sanción, la agente se encuentra ejerciendo como Policía Local aunque no ‘manejando’ dinero.