El pasado 19 de noviembre la concejal del PSOE Mariluz Fernández puso en conocimiento de la opinión pública lo que definía como “maniobras del Gobierno Municipal para privatizar paulatinamente los Servicios Sociales en el municipio”, algo que según dicha concejal se venía perpetrando desde hacía tres años mediante la precarización sistemática del Servicio de Ayuda a Domicilio que el Ayuntamiento presta a personas mayores y personas con dificultades de movilidad en el municipio con el fin de justificar su privatización.
Afirmaba Mariluz Fernández que la precarización de dicho servicio estaba siendo realizada de forma consciente y sistemática (o sea ‘premeditada’) por parte del Grupo de Gobierno, consistiendo en reducir los diversos servicios prestados, así como los usuarios atendidos y en no cubrir las bajas de los trabajadores ni las vacantes que se iban produciendo hasta el punto de llegar a tener hasta 14 trabajadores menos, todo ello “con el objetivo de justificar la privatización de un servicio público dirigido a colectivos vulnerables para convertirlo en un negocio privado”.
Aseguraba Mariluz que el grupo socialista tenía el firme convencimiento de que próximamente se produciría el anuncio de la privatización del servicio por parte del Grupo de Gobierno, aprovechando éste las fiestas navideñas para reducir el impacto de la noticia y así evitar en la medida de lo posible que la ciudadanía tuviera conocimiento de la situación, tal como ya hizo el 31 de diciembre de 2017 con el cierre del único centro de mayores que había en el municipio, el ‘Rodolfo Campos’.
“Si se produce la privatización del servicio, el grupo socialista está convencido de que el mismo bajará aún más de calidad al primar los intereses económicos y el beneficio empresarial frente a la atención a los mayores y las personas con movilidad reducida”, decía la concejal socialista, que afirmaba que asimismo se produciría una precarización de las condiciones laborales de las personas auxiliares de ayuda a domicilio y se perjudicaría su estabilidad en el empleo ya que, aunque fueran subrogadas por la empresa a la que se le adjudicaría el servicio, sin embargo podrían ser despedidas posteriormente.
Con respecto a las promesas que el Grupo de Gobierno venía haciendo acerca del Servicio de Ayuda a Domicilio, en opinión de Mariluz no tenían credibilidad alguna ya que cuando se produjo el cierre del mencionado Centro de Mayores ‘Rodolfo Campos’, éste también anunció la próxima apertura de un nuevo centro, circunstancia que dos años después aún no se había producido.
Por último, la concejal socialista reiteraba que la gestión de los Servicios Sociales por parte del Grupo de Gobierno se estaba caracterizando por un desmantelamiento y privatización de los mismos, así como por una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, lo cual estaba “provocando a muchos usuarios de colectivos vulnerables una gravísima situación intolerable en un estado social de Derecho”.
Ese mismo día y como respuesta a las afirmaciones de Mariluz, la concejal de Servicios Sociales, María de la O Gaspar González, emitía un comunicado en el que aseguraba que era ‘rotundamente falso’ que se fuera a privatizar el Servicio de Ayuda a Domicilio y pedía al PSOE que fuera más riguroso antes de lanzar informaciones sin contrastar.
Afirmaba María de la O en su comunicado que “si hay expertos en privatizar servicios, ese es el grupo socialista de Granadilla de Abona como fue, entre otras prestaciones, el de la recaudación municipal que se realizaba a través de una empresa privada y que volvió a manos del Consorcio de Tributos con la llegada del actual grupo de gobierno”. La concejal indicó que era falso el dato sobre el número de bajas que señalaba en su escrito la socialista Mariluz Fernández, resaltando que en ese momento se contaba con una plantilla de 42 cuidadoras (33 de ayuda a domicilio y 9 de los centros) además de un equipo de profesionales conformado por dos trabajadoras sociales y una pedagoga.
Indicaba también la concejal de Servicios Sociales en su comunicado que “se han llevado a cabo muchas mejoras en este servicio, y se continuarán realizando muchas más, previéndose en el presupuesto la dotación de nuevas plazas en aras de cubrir también las bajas por jubilación”, para finalizar resaltando que “el Servicio de Ayuda a Domicilio en Granadilla de Abona está considerado como un servicio de referencia para otros consistorios, a lo que hay que sumar hace años la creación de un banco protésico novedoso para los mayores y personas dependientes siendo ella concejala responsable”.
Tras esta respuesta de Servicios Sociales, el 21 de noviembre el PSOE vuelve a la carga con el asunto a través de su portavoz municipal Jennifer Miranda para asegurar que en el Pleno del pasado 31 de octubre, al ser preguntada por la precaria situación del Servicio de Ayuda a Domicilio, María de la O había asegurado literalmente: «no puedo darles más pistas (…) porque estamos en el proceso de externalizar el servicio».
Eso ocurrió, según manifestó Jennifer, sólo tres días después de que María de la O comunicara esa decisión a los trabajadores que prestan el servicio para, sin embargo, hace pocos días notificarles que el gobierno municipal había pensado dar marcha atrás en la operación de privatización tras haber anunciado el PSOE que iba a solicitar la celebración de un Pleno extraordinario para que el Grupo de Gobierno se comprometiera formalmente con dicha decisión ya que, decía, «consideramos que este servicio tan esencial se presta de manera mucho más rigurosa, cercana y solidaria si es la Administración la que lo ofrece».
Según Jennifer, los grandes perjudicados de la privatización si ésta su hubiera producido habrían sido los beneficiarios directos, las personas mayores, «porque se despersonaliza un servicio esencial para ellos», pero que también los trabajadores que lo prestan se verían notablemente afectados «porque dejarán de ser empleados del Ayuntamiento para pasar a serlo de una empresa privada» al estar la atención domiciliaria sujeta a un concurso de contratación.
Según el PSOE, esta rectificación del Grupo de Gobierno se produjo gracias a la presión que ejercieron los trabajadores y las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que, junto al «ruido» producido por los Socialistas de Granadilla, habían provocado “que se recule en el proceso de externalización del servicio”.
“Es una magnífica noticia que un servicio tan importante para nuestros mayores siga prestándose desde una administración pública y, para asegurarnos de que así sea, solicitaremos un pleno extraordinario para tratar este asunto y que el pacto Coalición Canaria-Partido Popular se comprometa formalmente”, terminaba afirmando el PSOE.
En fin…¿Quién miente?