Sobre los ‘okupas’ en el municipio (II)

31 May, 2017 | Sociedad | 0 Comentarios

(…Continuación)

Por el interés de su contenido relacionado con la ocupación irregular de viviendas que se viene dando en los últimos años con bastante intensidad en nuestro municipio (en este caso abandonadas por sus propietarios, entidades bancarias que las recibieron de promotores embargados), llamamos la atención sobre el caso ocurrido el pasado año 2016 en que el gerente de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) exigía a los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna que dejaran de abonar los recibos correspondientes a la luz y el agua de las personas carentes de recursos que estaban ocupando de forma ilegal viviendas pertenecientes a dicha empresa, del cual se hizo eco eldiario.es que el día 6 de abril en su sección Tenerife Ahora publicó un artículo titulado El alcalde de la capital tinerfeña acusa a la empresa de viviendas del Gobierno de querer dejar a los okupas en la calle’, que decía:

« El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha criticado este miércoles la postura de Visocan, una empresa del Gobierno de Canarias, de la que ha dicho que parece que quiere dejar en la calle a las personas que ocupan de forma irregular una vivienda pública, y le ha advertido de que prefiere ir a los tribunales antes que cortar el agua y la luz a los okupas.

José Manuel Bermúdez ha hecho estas manifestaciones un día después de recibir una carta de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), dirigida al concejal de Asuntos Sociales, en la que exige al Ayuntamiento de la capital tinerfeña que deje de abonar lo correspondiente al agua y la luz de las personas que carecen de recursos y ocupan de forma irregular inmuebles que pertenecen a la entidad.

En la misiva, el director gerente de Visocan, Víctor González García, denuncia lo que considera un «comportamiento ilícito» por parte del Ayuntamiento tinerfeño y lo acusa de «coadyuvar en la ocupación ilegal» de los distintos inmuebles de titularidad pública, por lo que amenaza con denunciarlo ante la Justicia.

Sobre ello el alcalde de Coalición Canaria (CC) explicó que, desde hace cinco años, “y con alguna incomprensión, cuando una persona entra en una casa, si ya tenía instalada el agua y la luz, nosotros le ayudamos a pagar los recibos. Esto es lo que hemos hecho cuando una persona ha entrado ilegalmente en una vivienda”. La sorpresa, añadió, es que “Visocan defiende que se le corte el agua y la luz”.

Añadió que Visocan debe de negociar una alternativa habitacional con estas personas, “lo que hay que hacer es convencer y no imponer”.

Afirmó que el Ayuntamiento no ha hecho nada ilegal y añadió que “Visocan, cuya presidenta es la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, -y representante del PSOE- lo que nos dice es que por hacer bien las cosas van a iniciar acciones legales; pues nos veremos en los tribunales”.

Bermúdez recalcó que el Consistorio “va a seguir ayudando a las personas que por razón equis ha entrado en una casa”, negociando una alternativa mediante la labor de los trabajadores sociales, y recordó que hace unos años el Consistorio puso en marcha un protocolo antidesahucios. «Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es exigir a las financieras que apliquen ese protocolo y no aplicarlo en sus propios inmuebles». El Gobierno, dijo, debería hacer lo mismo.

Por su parte, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias se ha desmarcado de la iniciativa de Visocan con un comunicado que ha emitido hoy mismo, en el que asegura que el contenido de la carta firmada por el gerente de la empresa pública, Víctor Nicolás González García, es contrario a sus políticas. Así, señala que «uno de sus pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz».

La Consejería indica que ni el Consejo de Administración de la empresa pública, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.

«Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias», señala el comunicado.

Además, el Gobierno sostiene que pedirá explicaciones al gerente de Visocan y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general.

A este respecto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife afirmó que «me cuesta pensar» que la vicepresidenta del Gobierno no tuviera conocimiento de dicha carta. «Ella sabrá los problemas que tiene dentro de su consejería, y si tiene algún problema de coordinación con su gerente debería de resolverlo». En todo caso apuntó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la ciudad se merecen una disculpa. »

Abundando en este caso, el mismo día 6 de abril eldiario.es en su sección Canarias Ahora publica un artículo titulado El Gobierno arremete contra la amenaza de la empresa pública Visocan a ayuntamientos por pagar agua y luz a «okupas»‘, en el que dice:

« El Gobierno de Canarias se ha desmarcado de la carta enviada este martes por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) a ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, en la que exigía al Consistorio que dejara de abonar lo correspondiente al agua y la luz de las personas que carecen de recursos y ocupan de forma irregular inmuebles que pertenecen a la entidad.

A través de la misiva, el director gerente de Visocan, Víctor González García, denuncia lo que considera un «comportamiento ilícito» por parte del Ayuntamiento tinerfeño y lo acusa de «coadyuvar en la ocupación ilegal» de los distintos inmuebles de titularidad pública, por lo que amenaza con denunciarlo ante la Justicia.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asegura en un comunicado que el contenido de la carta firmada por González García es contrario a sus políticas, «uno de cuyos pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz».

Asimismo, afirma que ni el Consejo de Administración de la empresa pública, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.

«Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias», señala.

El Gobierno sostiene que pedirá explicaciones al gerente de Visocan y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general.

Retomando el asunto de la ocupación de viviendas abandonadas en nuestro municipio, encontramos que el 15 de diciembre de 2016 ELDÍA.es publica un artículo titulado Una docena de okupas invadió ayer la Alcaldía por un corte de energía’ con el siguiente contenido:

« Una docena de residentes como okupas en Los Hinojeros se personaron a primera hora de la tarde de ayer, «alterados y con muy malas formas», en la Alcaldía de Granadilla de Abona y entraron en el despacho del regidor, ausente en ese momento. Reclamaban el restablecimiento del servicio eléctrico en sus domicilios «gritando que les habían cortado la luz», cuando la realidad es que el casco urbano granadillero sufrió ayer cortes de luz.

El grupo de vecinos abandonó el lugar voluntariamente, si bien habían sido informados la Policía Local y la Guardia Civil, profiriendo insultos y advirtiendo de que buscarían al alcalde.

Los Hinojeros es una promoción de viviendas de titularidad privada habitadas, gran parte de ellas, por personas que las ocuparon y que obtienen la energía desde las farolas públicas. »

En ese mismo sentido, el 20 de diciembre de 2016 La Opinión de Tenerife se hace eco de un comunicado de Izquierda Unida Canaria en Granadilla de Abona mediante la publicación de un artículo que titula IUC alerta de que 36 familias ‘okupas’ de Los Hinojeros se han quedado sin luz’, en el que dice:

« El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Granadilla de Abona, Félix Hernández, alerta de que las 36 familias que ocupan la urbanización de Los Hinojeros se han quedado sin luz. Según el edil, las viviendas, en manos bancarias, fueron habitadas por estos vecinos desde hace al menos dos años y desde entonces han mantenido este servicio de forma ilegal. Si bien la semana pasada ya sufrieron un primer corte y los residentes se «volvieron a enganchar a la red», el representante de la formación de izquierda advierte de que ayer «volvieron a cortar» el suministro a estas personas que «no tienen dónde vivir».

Defiende que estos edificios, que quedaron totalmente abandonados en su momento ya que no se pudieron vender, han permanecido cuidados gracias a esta gente, que «no tiene recursos y que ha hecho que sean habitables y que no se estén cayendo».

Félix Hernández exige ante esta situación que se busquen alternativas porque el suministro eléctrico es una «necesidad básica» e insiste en que hasta ahora han tenido el servicio de forma ilegal porque «no tienen recursos y lo necesitan».

El concejal en la oposición subraya que los bancos «han sido financiados con dinero público» y añade que, en este caso registrado en Granadilla, se trata de inmuebles que «están vacíos» que, en su opinión, podrían convertirse en viviendas sociales de las que puedan beneficiarse las personas en dificultades. «En Canarias necesitamos más viviendas sociales y hay viviendas de los bancos que se podrían usar para eso; el Gobierno debería hacerse cargo de ellas», sentencia. »

GRANADILLA DE ABONA, ¿MUNICIPIO LÍDER DE LOS ‘OKUPAS’?

En otro sentido sobre la situación de los ‘okupas’ en nuestro municipio, que también han llegado a ocupar las instalaciones del aeropuerto Tenerife Sur, el pasado 9 de marzo de 2017 Diario de Avisos pubicó un artículo titulado ‘Indigentes sin billete de salida en el aeropuerto Tenerife Sur’ en el que decía:

« No se trata del personaje de Viktor Navorski (Tom Hanks) en la película La Terminal, de Spielberg, al que ni le dejaron entrar en Estados Unidos ni regresar a su país cuando estalló un golpe de Estado. Pero, igual que Navorski, una decena de personas se busca a diario la vida en el aeropuerto del Sur Reina Sofía, donde tienen su hogar, algunos con la esperanza de lograr un billete a alguna parte; otros, simplemente, para vivir. Cuatro de ellos, tres canarios y un argentino, llevan años sobreviviendo en esas condiciones, y lo hacen, según Francisco, porque “aquí no pasamos frío, tenemos baños para asearnos y un médico cerca que nos atiende cuando lo necesitamos”.

Esta es una imagen más de la pobreza que habita entre nosotros y para la que no se vislumbran brotes verdes, pero no es la única en el sur de la Isla, en el calificado motor económico de Tenerife. Granadilla está considerado el municipio líder de los okupas, los cajeros bancarios de El Médano sirven por la noche de morada a personas sin hogar, como también alguna cueva en Armeñime (Adeje) y hay quienes duermen al raso sobre la arena de una playa o en un banco, sobre todo en el municipio de Arona. El aumento de personas sintecho es tal que Cáritas ha alertado, una vez más, de la necesidad de construir un albergue en Los Cristianos, similar al único que hay hoy en la provincia, situado en Santa Cruz de Tenerife, con capacidad para 100 personas, para dar alojamiento y, al menos, tres comidas calientes al día.

Los problemas burocráticos y de competencia entre las distintas administraciones públicas ejercen de muro para que este proyecto prioritario se haga realidad.
Hace dos años, el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona se mostró partidario de proyectar un albergue comarcal, tras la muerte de tres indigentes a los que la situación de frío y la escasa asistencia agravaron sus débiles estados de salud hasta llevarles al fallecimiento.

Sin embargo, dos años después, ese proyecto ni siquiera está redactado y, por el contrario, el aumento de las personas sin hogar en Arona y en buena parte del sur de la Isla ha crecido en torno al 15%, sin contar a aquellos que se denominan mochileros, que duermen en las playas, remarcan desde Cáritas.

José Antonio Díez, coordinador del Área de Inclusión Social de Cáritas, es el encargado de hacer un seguimiento a los sintecho de la Isla. Con respecto a los que tienen el aeropuerto del Sur como su hogar, señala que hay dos perfiles diferentes: “Aquellos extranjeros que buscan recursos para regresar a sus países, que son los menos, y aquellos, que son cuatro, que llevan tiempo viviendo ahí y que tienen problemas mentales y todo tipo de adicciones”.

Explica José Antonio Díez que desde Cáritas “hemos tratado de darle cobijo en nuestro recinto de San Antonio de Padua, en Granadilla, con capacidad para 16 usuarios diarios, pero son personas que no quieren relacionarse con nadie y que no soportan un régimen de horarios; además, te comentan que ellos están muy bien en el aeropuerto”, donde suelen conseguir recursos económicos a base de propinas por llevar las maletas o una limosna.

PROTOCOLO DE AENA

El coordinador de Cáritas agradece el trabajo de los empleados del aeropuerto, porque “gracias a ellos también tenemos controladas a esas personas”, mientras que los empleados se quejan de las presiones de AENA para que traten de “invitarles” a abandonar la terminal, un alzamiento que no se puede hacer sin orden judicial, al ser un lugar público, recuerda Díez. AENA, sin embargo, desmiente que exija a sus trabajadores mano dura con aquellos que pernoctan habitualmente en la terminal del Reina Sofía, justo a la derecha de la misma, en la zona de internacional y muy cerca de los aseos.

AENA reconoce, por su parte, que no puede hacer nada para acabar con su situación, porque el protocolo para expulsarlos recoge que solo es posible cuando se demuestre alteración del orden público o un problema de insalubridad, algo que no se ha producido en los últimos años.

El protocolo de la empresa que gestiona los aeropuertos también recoge que, una vez identificados los individuos que duermen en sus instalaciones de manera habitual, se ponen en contacto con los consulados, en caso de que sean extranjeros, y con los Servicios Sociales de Granadilla de Abona si estos son españoles, como se suele hacer en otros aeropuertos del Estado, como en Madrid, Barcelona o Gran Canaria, donde hay mucha más gente durmiendo en sus instalaciones que en Tenerife Sur, indican desde AENA.

EN GRAN CANARIA SON 30 LOS QUE PERNOCTAN EN LA TERMINAL DE GANDO

Si AENA ha tomado cuenta del problema que supone la presencia de indigentes en el Reina Sofía, más aún andan preocupados por lo que ocurre en el aeopuerto de Gran Canaria. Hace semanas que unas 30 personas pernoctan cada noche y unas siete u ocho no abandonan el aeropuerto en todo el día. Muchas de ellas son extranjeros que esperan recursos para coger un vuelo, otros simplemente viven allí. »

(Continuará…)