Según señala en su Introducción el documento que contempla el Plan de Vivienda de Canarias 2020 – 2025, el objetivo principal del mismo es “incrementar las posibilidades de acceso a una vivienda de las personas con mayores dificultades, incluyendo a las personas jóvenes, a las personas mayores de 65 años, a las encuadradas en colectivos desfavorecidos, las afectadas por situaciones de desahucio, de pobreza energética, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc.”.
Asimismo, el documento destaca que “la recesión económica ha dejado tras de sí un rastro de situaciones de desigualdad y dificultades de integración social (problemática de vivienda incluida) para numerosas personas, familias y colectivos, que han sufrido especialmente sus consecuencias”.
También indica que “consciente de que no existen recetas mágicas, ni soluciones únicas, sino que es preciso implementar iniciativas diversificadas y ajustadas que traten de responder a la especificidad de los diferentes tipos de situaciones de necesidad de vivienda, el Plan de Vivienda pretende ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de vivienda de estos colectivos”.
Y también dice: “El Plan de Vivienda ha sido elaborado a través de un amplio proceso participativo, en el que tanto los agentes y partes interesadas de la política de vivienda como la ciudadanía en general han tenido la oportunidad de plantear sus aportaciones y propuestas. Este Plan se ha diseñado desde el convencimiento de que la acción conjunta y coordinada, orientada hacia objetivos compartidos y estratégicos, de todas las Administraciones Públicas, multiplica la efectividad de los esfuerzos que cada una pueda hacer de forma aislada. Especialmente significativo será el papel de las entidades locales que, de acuerdo con las determinaciones del Plan autonómico, impulsarán y desarrollarán los Planes Municipales de Vivienda y Suelo para satisfacer las necesidades reales de vivienda de las personas residentes en cada municipio”.
Por todo ello -especifica el documento- este nuevo Plan prioriza los siguientes tres fines fundamentales:
1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos y fomentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas.
2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio de impulso económico del sector, y de la creación y mantenimiento de empleo estable.
3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad o núcleo urbano sostenible y accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación del espacio público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y patrimonial.
Como consecuencia de estas consideraciones, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento de Canarias, en su sesión del día 22 de septiembre de 2019, se planteó la necesidad de promover un Pacto Autonómico por el Derecho al Acceso de una Vivienda Digna en Canarias que impulse la función social de la vivienda y abarcar y consensuar aquellas medidas que garanticen el derecho efectivo a una vivienda digna. “Un Pacto que busque un espacio de consenso vinculando a todos los partidos políticos, a las Administraciones Públicas Canarias y a la sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una política sostenida que garantice el acceso de los sectores más vulnerables a una vivienda digna”, puntualiza el documento.
Dicho Pacto se presentó en diciembre de 2019 y fue firmado el 12 de marzo de 2020 en el Parlamento de Canarias.
En definitiva, el nuevo Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025 aseguraba “nacer con la vocación de dar respuesta a las necesidades y prioridades de la población canaria en materia de vivienda, atendiendo a las particularidades propias de nuestra Comunidad Autónoma, con el objetivo de impulsar el crecimiento del parque público de viviendas en alquiler, para que sea capaz de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y poder atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades, promoviendo la cohesión social y prestando especial atención a la emancipación de la población joven y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en una sociedad altamente envejecida a través de la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética”.
Todo ello, insiste el documento, “con la necesaria colaboración entre agentes e instituciones, tanto públicas como privadas”.
En vista de la realidad de los hechos, qué duda cabe que estas buenas intenciones han terminado ‘quedado en agua de borrajas’, es decir, han quedado en nada, por lo que nos surge la siguiente pregunta: ¿Con independencia de la cuota de responsabilidad que tengan otras administraciones públicas en este resultado de fracaso, qué ha hecho por su parte el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para paliar la grave situación que en este sentido (aunque en mayor o menor medida generalizada en Canarias) viene padeciendo el municipio, según se desprende del contenido del siguiente artículo que, con el titular ‘En edificios ruinosos y compartiendo piso: cómo sobrevivir en el municipio canario donde los alquileres han subido un 40%’ y la entradilla ‘Los habitantes de Granadilla de Abona son conscientes del incremento extraordinario de los precios de la vivienda. Algunos de ellos se ven obligados a ocupar casas sin acabar, otros a convivir con extraños y algunos, incluso, a ser selectivos con los futuros caseros’, el informativo digital canariasahora publicaba el pasado 3 de marzo:
« Maira es venezolana, tiene 40 años y desde 2020 vive en Granadilla de Abona, Tenerife. Lo hace como okupa en un piso sin ventanas y una sola puerta, la que da al exterior, que se inunda cada vez que llueve y donde el suelo es de piedra. Apenas entra luz solar. El techo está lleno de humedades. Los muros que separan las habitaciones fueron levantados por ella y otros familiares. El lugar, en definitiva, estaba abandonado antes de que llegara alguien. Ahora el banco ha comprado el inmueble y le ha dado a Maira dos años para buscar otro hogar. Y en su búsqueda por encontrar un nuevo domicilio, todo son decepciones.
“No aceptan niños, no aceptan mascotas… Está todo demasiado caro. Y te obligan a tener mínimo dos nóminas, además de pagar un adelanto de tres meses también. Lo más barato que he encontrado son pisos por 600 euros y de una o dos habitaciones. Yo soy ayudante de cocina y cobro 1.200 euros. No puedo destinar la mitad de mi sueldo solo al alquiler”, lamenta Maira.
Los precios en Granadilla de Abona son altos. Pero lo son mucho más ahora que antes. Entre 2015 y 2020, el valor del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en esta localidad sureña de Tenerife aumentó un 39,6%, según el Índice de precios del Alquiler que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cada año. Ninguna otra localidad de España ha experimentado una subida así.
A la espera de la famosa Ley de Vivienda, anunciada hace más de un año pero que aún no ha sido aprobada en las Cortes Generales, no hay forma de regular un mercado que continúa expulsando a la población local y obligando a mucha gente a sobrevivir en los márgenes de la pobreza severa. La renta media en Granadilla es de 14.300 euros anuales, una de las más bajas del Archipiélago. El caso de Maira es uno más de una lista interminable.
“Mis padres son personas adultas que ya no trabajan. Mi padre recibe una ayuda cada tres meses, una prestación de 1.200 euros. Y con eso me ha servido a mí para hacer mercado y demás, pero a veces no alcanza. Yo siempre que puedo voy a Cáritas para que me den algo, porque con lo que gano tampoco llego a fin de mes”, cuenta.
Maira cree que los alquileres han subido por la inmigración. Que hay caseros que se aprovechan y “viven de lo que alquilan” porque tienen dos o tres casas heredadas y sacan rédito de ello. A ella le importa poco todo lo que pueda haber detrás. Solo ve que el coste de la vida se ha multiplicado. “Lo que antes comprabas con 50 euros y te duraba un mes, ahora ni una semana”.
Maira en su piso ocupado
En Granadilla de Abona, un municipio que sobrepasa los 50.000 habitantes, entran en juego distintas variables que han impulsado al vecindario a liderar una clasificación que seguramente ninguna comunidad querría hacer. En 20 años, la localidad ha ganado más de 30.000 nuevos vecinos, convirtiéndose en una de las comarcas con más crecimiento poblacional de toda Canarias. La oferta no se ha ajustado a la demanda. Y ahora las instituciones, como el ayuntamiento o el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), van a remolque.
“Hay mucha demanda de vivienda. Vivimos en una zona donde hay un aeropuerto cerca, que actúa como ciudad dormitorio porque viene mucha gente del norte y del sur a vivir ya que el trabajo está aquí, en los hoteles y la restauración. En El Médano, la parte más turística, hay muchos pisos dedicados al turismo vacacional también…”, resume María de la O Gaspar, segunda teniente de alcalde del área Social, Igualdad, Salud y Vivienda en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
En varias publicaciones académicas también se ofrece esta imagen de Granadilla: la de una región que, desde los primeros impulsos del turismo en la década de los 70 y la posterior intensificación del proceso a partir de 1995, sufre un desarrollo residencial muy rápido dirigido al alojamiento de los trabajadores.
“Esta localidad funciona como área dormitorio del principal espacio turístico insular. Por cercanía, se convierte en la mejor alternativa habitacional y ello deriva en que la burbuja de precios sea potente. Otros municipios, como aquellos en los que se integran las propias áreas turísticas, deben de tener precios elevados de hace más tiempo y por eso los crecimientos no son tan importantes”, aclara Juan Samuel García-Hernández, investigador dentro del departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL).
Las viviendas sociales, por otro lado, no han llegado. Gaspar confiesa que desde 2011 no se ha construido ni un solo piso de protección oficial (VPO). Hay empresarios que han iniciado construcciones y luego las han dejado a medias, como es el caso del edificio ruinoso en el que viven Maira y su familia. Según el Plan de Vivienda de Canarias, Granadilla de Abona es el tercer municipio, por detrás de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, que más demandantes de VPO registra, un total de 553, aunque probablemente se trata de una cifra infraestimada.
“El Gobierno nacional debería aprobar una ley para que los alquileres no suban tanto. En Servicios Sociales vemos que son familias vulnerables las que no consiguen los alquileres, que es lo que necesitamos aquí. Hay muchos edificios que no se finalizaron en su momento y que ahora han sido ocupados por estas familias, que no tienen otro sitio donde vivir”, agrega la concejala del consistorio.
“Ya apenas hay oferta de vivienda en Canarias, y lo poco que hay es inaccesible para la clase trabajadora. Un alquiler no debería sobrepasar el 30% del SMI, pero sin embargo se está llevando casi el 80% de éste. La situación es insostenible, e incluso las inmobiliarias están empezando a ofertar garajes sin cédula de habitabilidad como viviendas”, apunta Pilar Puyi, del Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
Nómadas digitales en un bar de El Médano
A ello se suma la penetración de los pisos turísticos, que en estos momentos suman cerca de 1.100 establecimientos, la mayoría de ellos en El Médano, el enclave más visitado por los viajeros extranjeros. Allí, Génesis, de 28 años y con una hija, tan solo puede alquilar una habitación por poco más de 200 euros. Con un sueldo de 1.000, no le llega para independizarse por completo.
“Es imposible. Y a veces me dicen que no aceptan niños. Ahora mismo estoy ahorrando para comprarme una casa, pero no en España, porque aquí cualquier alquiler sale mínimo 600 euros. Si trabajara en un hotel, además, cobraría un poco más. Pero estoy en un bar. No llego con este sueldo”, dice la joven.
Irayda, de 29 años, trabaja en una de las tiendas de El Médano. Ella asegura que los pisos que antes costaban 350 euros al mes ahora valen mínimo 500. La justificación de por qué han subido tanto los alquileres la encuentra en el turismo: “A los caseros les sale más rentable alquilar a corto que a largo plazo. Eso lo deberían regular”, exige. Se da la casualidad, además, de que los alquileres en las Islas suben más en los municipios más pobres que en los ricos, según demuestran las cifras del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por su parte, Giovanni, de 39, es pizzero y vive en El Médano desde hace una década. Afirma que antes destinaba el 50% de su salario al alquiler, y que por ello buscó pareja rápido, para compensar los costes. En su opinión, todo ha subido mucho, como nunca. Y Canarias ha pasado de ser “un paraíso” a otra cosa. Curiosamente, Giovanni, a pesar de ser italiano, asegura que no busca alquileres regentados por extranjeros. A la pregunta de por qué no lo hace, responde que la mayoría de esos caseros solo quieren “sacar provecho”. »
Ya el pasado 5 de octubre, con el titular ‘La realidad del alquiler en Canarias: “Volví a casa de mi madre porque aquí cobro menos pero pago igual que en Madrid”’ y la entradilla ‘Estefanía es una de las tantas jóvenes canarias a las que no les salen las cuentas, ya que cobra 1.000 euros y le piden 650 por el alquiler de un piso’, refiriéndose a la situación general de los alquileres en Canarias, Diario de Avisos publicaba el siguiente artículo de la periodista Clara Morell:
« El testimonio de Estefanía, una tinerfeña que este año ha tenido que volver a casa de su madre por no poder hacer frente a los precios de los alquileres, es uno de los tantos que ejemplifican la dura realidad del alquiler en Canarias. Tras ver mermados sus ingresos y perder su independencia, esta auxiliar de enfermería denuncia en DIARIO DE AVISOS que cuando tenía 20 años se marchó a Madrid para ejercer su profesión en plena primera ola de la COVID-19 y que, este año, tras volver a su Isla, se ha topado con que en el Archipiélago no puede estar independizada pese a tener empleo: “Resulta que me piden por una vivienda en Tenerife prácticamente lo mismo que por una en Madrid, pero con la diferencia de que aquí me pagan 400 euros menos por mi trabajo“.
A Estefanía no le salen las cuentas: “alquileres de 650 euros y un sueldo de 1.000”. Y es que Canarias repitió en el año 2021 como la comunidad con los salarios más bajos, según recoge el VIII Monitor Anual de Adecco sobre Salarios. A esto hay que sumar que, según el último informe de Idealista, Canarias se encuentra entre las regiones donde el alquiler es más caro y se paga a 11,3 euros el metro cuadrado. El resultado de esta mezcla explosiva de alquileres caros y sueldos bajos lo vemos cada día en las calles y casas de Canarias: trabajadores pobres, con dificultad para llegar a fin de mes; y jóvenes sin expectativas de independizarse pese a tener un empleo.
“MI FRUSTRACIÓN ES LA DE MILES DE JÓVENES CANARIOS”
Estefanía tiene ahora 22 años y vive en casa de su madre en Santa Cruz de Tenerife. Lo que siente, afirma, es “lo mismo que sufren miles de jóvenes canarios, una frustración tremenda, sobre todo después de haber estado independizada en Madrid durante dos años”.
Conocedora de lo difícil que lo tiene su generación para acceder a una vivienda, esta joven ve en los estudios su único refugio: “Aunque soy auxiliar de enfermería, estoy estudiando ahora mismo un Ciclo Superior de Higienista Bucodental y mi objetivo es poder entrar después en el Grado en Enfermería”.
“GENTE SIN CASAS, CASAS SIN GENTE”
En el año 2017, la artista Silvia Pérez Cruz recibía el Goya a Mejor Canción Original interpretando ‘No hay tanto pan’, cuya letra deja mensajes como éste: “Es indecente y es indecente, gente sin casa y casas sin gente”. Esta canción, emblema de los movimientos antidesahucios, describe la realidad del mercado de la vivienda en España. “En Canarias hay 20.000 personas esperando por una vivienda social y 50.000 casas vacías por culpa de los fondos buitres. Tienen esas viviendas vacías para simular que hay escasez en el mercado e inflar el precio”, explica a este periódico Pilar Puyi, representante del Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
Para Puyi, las soluciones al problema del alquiler en Canarias son “más sencillas de lo que nos hacen creer”: “Nosotros hemos solicitado la aprobación de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que el Gobierno dejó en el tintero y que iba a limitar los precios de los alquileres y subir el IBI en un 150% a los grandes tenedores, penalizándoles por tener casas vacías y obligándoles con ello a alquilar o vender. Pero parece que no hay valor de plantar cara a estos lobbies”.
EL CASO DE BARCELONA: TANTEO Y RETRACTO
Otra de las opciones para revertir la situación del alquiler en Canarias es, según Puyi, seguir el camino de ayuntamientos como el de Barcelona, donde justo esta semana se ha aprobado destinar 11,5 millones de euros a la compra de pisos mediante tanteo con el fin de que sean reconvertidos en vivienda social: «Usan a su favor el derecho de tanteo y retracto, logrando adquirir viviendas a precios irrisorios. Hablamos de que se están comprando casas a los bancos desde los 50 euros a los 30.000 y poniéndolas al servicio de la ciudadanía«.
LA ODISEA DE ALQUILAR EN CANARIAS: LOS MUNICIPIOS MÁS CAROS
En Tenerife, Puyi señala a Arona como uno de los municipios donde más difícil es que un canario pueda alquilar una vivienda para su uso habitual: “En Los Cristianos, con precios consultados esta misma semana, lo más barato que puedes encontrar es un estudio para una persona por 950 euros“.
Tras Arona, la representante del Sindicato de Inquilinas de Tenerife pone el foco en la localidad de San Isidro, en Granadilla de Abona, donde una vivienda de dos habitaciones tiene un coste por alquiler que oscila entre los 700 y los 800 euros. Antes de 2015, sin embargo, “el precio a pagar por una casa de las mismas dimensiones era de 350 euros, así que se ha incrementado en el doble”.
Con todo esto, Puyi considera que hay un factor más que está empeorando la situación del alquiler en Canarias, el alquiler vacacional: “Estos son una gran preocupación en nuestro sindicato. Todos los días nos llaman inquilinos para contarnos que el arrendatario les quiere echar antes del plazo estipulado de dos años porque tiene intención de subir el precio del alquiler y ofrecer la vivienda a través de plataformas como Airbnb“. »
En fin, escasa oferta, mucha demanda y unos precios por las nubes es la situación del mercado formal inmobiliario del alquiler en Tenerife, que solo avanza a peor. El número de alojamientos disponibles en los portales de las redes escasea, los precios en los puntos más demandados de un piso para una familia convencional superan con creces los 700 euros al mes y algunos propietarios ponen exigencias imposibles. Como consecuencia, l@s tinerfeñ@s, con los salarios más bajos de España –1.416 euros mensuales, muy por debajo de los 1.751 euros de media del país– se ven abocados a gastar más de la mitad de su sueldo si quieren alquilar una vivienda o, en su caso, compartirla, con todos los inconvenientes que ello conlleva.
Bastan un par de datos para poner en su verdadera dimensión la gravedad del problema. Un joven de entre 16 y 29 años que alquile una vivienda sólo para él en Tenerife tendrá que dejarse, de media, el 94% de sus ingresos, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) en un informe dado a conocer el pasado primero de noviembre. Mientras, l@s canari@s que hacen cola para conseguir una casa a precios asequibles, que superan la cifra de 10.000, llenarían la mitad del estadio Heliodoro Rodríguez López.
Pero, ¿qué pueden hacer las diferentes administraciones públicas ante esta problemática? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Son por igual responsables las administraciones locales como Ayuntamientos y Cabildos, que las de mayor ámbito territorial como Gobiernos Autonómicos o del Estado? En cualquier caso, insistimos que con independencia de lo que otras administraciones públicas hagan o dejen de hacer, ante esta circunstancia que los expertos califican como ‘grave’ debemos exigir su correspondiente cuota de responsabilidad al Ayuntamiento de Granadilla de Abona mediante la realización de acciones concretas, más allá de sólo señalar a otras administraciones como las competentes en esta materia y, por tanto, únicas responsables de la situación. Se nos ocurre, por ejemplo, si el Ayuntamiento se ha ocupado o no en el impulso y desarrollo de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo que, tal como señalábamos al inicio de este artículo, recomienda el mencionado ‘Plan de Vivienda de Canarias 2020 – 2025′ como especialmente significativo para poner en marcha por las entidades locales con el objetivo de “satisfacer las necesidades reales de vivienda de las personas residentes en cada municipio”.
Invitamos a nuestro Ayuntamiento, representantes políticos y ciudadan@s a pronunciarse.