● Los Grupos Socialista y Coalición Canaria votaron a favor de recurrir la Ley, mientras el Grupo Popular lo hizo en contra.
● Los Portavoces expresaron con mucha pasión sus razonamientos y marcaron con intensidad sus diferencias.
Tras la publicación por el Gobierno del Estado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local el pasado día 27 de diciembre, para que se comenzase a aplicar ya a partir del día 1 de enero siguiente, se produjo un gran revuelo en torno a la misma según hemos desarrollado en el Reportaje “La polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, al que le remitimos.
En dicho reportaje explicamos que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, junto a numerosos ayuntamientos más del Estado español, había presentado un recurso contra la aplicación de dicha Ley, según acuerdo tomado en un Pleno Extraordinario celebrado el pasado 11 de marzo que contó con el voto favorable de todos los concejales presentes excepto los del PP, cuyo debate pasamos a desarrollar por su importancia para el municipio en vista de los efectos que puede tener sobre la prestación de los servicios que el Ayuntamiento da a los ciudadanos, con la advertencia de que el contenido es bastante largo puesto que las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos también lo fueron, como también fue intenso y tenso el debate que hemos querido reproducir en su integridad porque aporta meridiana claridad y no tiene ningún desperdicio a la hora de sacar valoraciones sobre las razones que llevaron a votar a favor o en contra a unos y a otros.
PRESENTACIÓN DE LA MOCIÓN
La moción fue llevada al Pleno por la vía de urgencia a propuesta del Alcalde con el argumento de que ya se vencía el plazo de presentación de alegaciones contra la aplicación de la Ley por parte de aquellas instituciones que se consideraran perjudicadas por la misma, pero no se contó para ello con sus socios del pacto de gobierno del PP en el Ayuntamiento porque su partido en el Gobierno del Estado ha sido el promotor de la Ley contra la que se pretende actuar y, por tanto, se sobreentiende que defenderán su aplicación en nuestro municipio en los términos que el Gobierno Central la plantea.
En la moción, el Alcalde propuso al Pleno que apruebe iniciar los trámites correspondientes para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra la aplicación de determinados artículos y disposiciones de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siguiendo para ello los pasos legalmente establecidos por el Tribunal Constitucional, así como facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para llevarlo a cabo otorgando poder a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura para que actúe en nombre y representación del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona hasta conseguir sentencia firme y su ejecución.
INTERVENCIONES DEL ALCALDE Y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
Una vez aprobada la presentación de la moción por la vía de urgencia tal como se esperaba, o sea, con los votos favorables de los concejales del PSOE y de CC y en contra de los del PP, intervienen el Alcalde y los Portavoces de los grupos políticos presentes según expresamos a continuación:
En primer lugar, toma la palabra el Alcalde diciendo que “al contrario de lo que piensa el Portavoz del Grupo Popular, Esteban González, de que la presentación de este recurso es un asunto puramente de política, sin embargo es una cuestión que va más allá de eso puesto que afecta seriamente al municipio y, en ello, el Ayuntamiento de Granadilla fue valiente cuando en el Pleno Extraordinario del pasado día 19 de febrero, adelantándose a la Federación de Municipios y Provincias, tomó un acuerdo por el cual se iba a continuar prestando los servicios a pesar de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. Pero, continúa Jaime González, ese acuerdo “no puede ignorar la realidad de las cosas porque está escrito en la propia Ley que más tarde o más temprano ésta será de obligado cumplimiento y, mientras el Gobierno no diga otra cosa, esta Ley afecta o puede afectar gravemente al estado social-democrático que hemos disfrutado en España, lo que se conoce como el Estado del Bienestar que tiene que ver con la educación, con los servicios sociales, con las competencias que hasta ahora y a pesar de no tener el rango de competencia expresa, la antigua Ley permitía que los Ayuntamientos con sus propios recursos podrían, si así lo querían, prestar determinados servicios a los vecinos”.
Siguió el Alcalde con su intervención, afirmando:
“Puesto que la nueva Ley ya no permitiría la prestación de esos servicios porque sus disposiciones señalan lo que es o no competencia del Ayuntamiento, eso me parece una grave intromisión en la autonomía municipal además de no estar amparado en la Constitución. Por otro lado, Granadilla no puede ser menos que miles de ayuntamientos de España que en estos días están adoptando los mismos acuerdos para lograr el mínimo legal de ayuntamientos y poder así ir al Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que los diferentes partidos políticos también puedan interponer sus recursos contra esta Ley. Todo ello se hace porque esta Ley lesiona la autonomía municipal ya que pretende decir cómo se prestarán los servicios, cuándo, de qué manera, e incluso pretende orientar a los ayuntamientos en los servicios que tiene que prestar.
En definitiva, es algo que atenta gravemente a la capacidad de autoorganización de un órgano democrático como es el Ayuntamiento y, aunque parece lógico que se tomen medidas para el control del déficit, no lo es hasta el punto de pretender controlar todos y cada uno de los pasos que tengan que dar las instituciones. Por todo ello se reivindica la mayoría de edad de los ayuntamientos y también la lucha democrática y legítima contra lo que se cree que es un atropello del Estado. Además, nos quitan competencias directas, nos ponen los servicios mínimos obligatorios, nos dicen cómo tenemos que realizarlos y en qué condiciones, nos ponen unas ratios para valorar los servicios que prestamos que son absolutamente indeterminadas, ya que no vale lo mismo atender aquí a una persona en los Servicios Sociales que lo que puede costar en otro lugar de España.
En Canarias no tenemos continuidad territorial por lo que la situación es distinta a la de otros municipios de la Península y por tanto cualquier Ayuntamiento debe estar preocupado por sus ciudadanos ante esta situación. Y eso no significa que rechazamos de plano el mecanismo de tutela del Estado a los ayuntamientos, pues no nos parece mal que se sigan mandando –como siempre ha sido- las cuentas al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Economía. Por supuesto que creemos que el Estado debe controlar, pero otra cosa es tutelar y además condicionar”.
En la línea de su argumentación, Jaime González finaliza su intervención diciendo:
“En las cuentas municipales, siempre que se cumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria el Ayuntamiento puede autoorganizarse, por lo que me pregunto: ¿dónde queda la capacidad política de autoorganización de la comunidad democrática que forman los ayuntamientos? No estamos dispuestos a que esto ocurra, pues sería volver a los tiempos de la centralización, a depender del control de Madrid. Por ejemplo, veamos el tema de Fiestas: en ese caso, el Interventor diría que no se pueden subvencionar las fiestas porque la Ley no lo prevé o no está claro, y si la fiesta se va a celebrar en dos meses se produciría un debate entre el Interventor, que se opondría, y la Alcaldía que lo ordenaría, por lo que habría que consultar a otras administraciones y no se sabe cuándo llegaría la respuesta sobre la fiesta o servicio a prestar a los mayores, niños, etc. Y cuando llegue la respuesta tal vez ya haya pasado el momento y la oportunidad. Esto es algo que no había ocurrido nunca, por tanto, se considera que esta Ley es un paso al pasado y, además, una medida absolutamente inconstitucional.
Por otra parte, hay 50 senadores y 50 diputados que también van a impugnar esta Ley, así como otros Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, con lo cual a lo largo de este mes vamos todos en bloque al Constitucional. También, a pesar que, como dije, el Ayuntamiento adoptó por unanimidad el acuerdo de seguir adelante con los servicios, hay que mantener esta postura y luchar por ella, no siendo esto un acto político como se dice (refiriéndose al concejal Esteban González) sino un acto de responsabilidad ante los vecinos”.
A continuación, tomó la palabra el concejal Nicolás J. Jorge Hernández, Portavoz del Grupo Socialista, que dijo:
“Es evidente que si hay un fundamento que se aproxima a lo que podría ser la democracia directa dentro de la organización territorial del Estado, éste es justamente el funcionamiento democrático de las Administraciones Locales por la proximidad a los ciudadanos y la posibilidad directa de que, a través de su voto, éstos puedan condicionar el funcionamiento de una serie de servicios y de competencias que se desarrollen directa y cercanamente a ellos.
Lo que pretende esta Ley, sobre la que vamos a plantear un conflicto de competencias, es justamente modificar ese fundamento democrático del Estado en los ayuntamientos y convertir a éstos en unos entes que tengan una ley competencial reducida y además desde el punto de vista democrático se empobrezcan en su funcionamiento y aparezcan como subordinados jerárquicos de otras administraciones de carácter local.
Pero, para que se pueda plantear este conflicto de competencias, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que tiene que haber al menos 1/7 del número de municipios existentes en el ámbito territorial, que es todo el Estado, y que esos ayuntamientos representen al menos 1/6 de la población a la que se aplique. Entonces, se está hablando de que se necesita que al menos 1.160 Ayuntamientos de España y 7 millones de habitantes representados por esos Ayuntamientos estén detrás de este conflicto de competencias para que haya la legitimidad suficiente y pueda presentarse ante el Tribunal Constitucional.
La urgencia de la aprobación es que hay un periodo máximo para solicitar informe al Consejo de Estado, que es de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley. Este plazo es perentorio porque si no se solicita el informe dentro del mismo no se podría plantear el conflicto de competencias, por lo tanto estamos dentro de ese plazo pero, evidentemente, hay que tomar ya este acuerdo.
La práctica totalidad de las fuerzas políticas del Estado que ahora están en la oposición respaldan este conflicto de competencias, entre ellas el Partido Socialista y Coalición Canaria, y básicamente los motivos por los cuales se va a plantear este conflicto de competencias son los siguientes:
En primer lugar, porque se considera que la Ley invade la autonomía municipal ya que condiciona el funcionamiento de los Ayuntamientos.
En segundo lugar, porque invade competencias autonómicas ya que la Ley se refiere a competencias que ahora están transferidas a Comunidades Autónomas, como por ejemplo en materia de Educación, con lo cual están legislando sobre competencias que ya están transferidas.
Por otra parte, los Ayuntamientos se convertirán en subordinados jerárquicos de otras Corporaciones Locales como pueden ser las Diputaciones Provinciales o los Cabildos al establecer una serie de competencias de tutela sobre los ayuntamientos y sobre su funcionamiento.
Y, por último, porque algunos de los artículos de la Ley se considera que vulneran principios democráticos, unos señuelos que ya han recibido importantes ataques doctrinales por parte de catedráticos de Derecho Constitucional, como es por ejemplo la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local apruebe los Presupuestos o los planes de saneamiento sin contar con el Pleno. Es decir, que cuando no se consiga una mayoría suficiente en el Pleno, la Junta de Gobierno Local puede llevar a cabo esa aprobación. Así que si el documento más importante que puede aprobar el Ayuntamiento, que es el de los Presupuestos y que determina las líneas de actuación política durante un ejercicio, se puede hacer sin el control de la oposición, entonces se está empobreciendo el sistema democrático. Por lo tanto, se considera que este empobrecimiento democrático pudiera ser inconstitucional como ya ha ocurrido con algún artículo de otras leyes, tales como la de Grandes Ciudades, que fue declarado inconstitucional precisamente por considerarse que afectaba al funcionamiento democrático de las corporaciones locales”.
Continuó el Portavoz del PSOE argumentando:
“La aplicación de la Ley no se ve aún en todo su efecto porque hay disposiciones transitorias que, como es el caso de Asuntos Sociales, establecen que su aplicación se difiere hasta el año 2015. Por ello es que este Ayuntamiento adoptó en su momento un acuerdo para continuar prestando una serie de servicios mientras no se tengan los informes precisos del Ministerio de Hacienda y de la Comunidad Autónoma acerca de si esas competencias van a ser prestadas por otras administraciones. Y eso es algo que se verá cuando se reciban esos informes. Por eso es que todas las Entidades Locales debemos aunar esfuerzos para que se pueda producir esa revisión de la constitucionalidad de la Ley por parte del alto Tribunal, porque si no quedaremos inhábiles ante la aplicación dura y fría de esta legislación cuando entre plenamente en vigor.
Por tanto, la oportunidad de adoptar este acuerdo es total y estoy convencido de que, en el fondo, el resto de concejales del Grupo Popular también opinan igual porque desean que las competencias que este Ayuntamiento asume y los servicios que presta se sigan realizando. Y es por ello que pido a los señores concejales del Grupo Popular que se sumen a este acuerdo aunque pueda ir en contra de una norma que ha sido aprobada por el Gobierno de la Nación que ahora mismo es el Partido Popular. Sabemos que los concejales conocen el día a día de la atención al vecino, así como el desarrollo de los servicios a los ciudadanos y se dan cuenta que son muy importantes y contribuyen a la calidad de vida y al bienestar de los mismos y, por ello, tenemos que salvaguardar los derechos de los ciudadanos ‘de todas todas’”.
Seguidamente interviene el Portavoz de Coalición Canaria, José Domingo Regalado González, que dice:
“Este tema ya se ha discutido suficientemente durante los últimos meses y me remito al mes de diciembre del año pasado cuando el Grupo de Coalición Canaria planteó su rechazo a la tramitación de esta Ley y ahora vemos el resultado, pues no se atendía a las peculiaridades de los municipios de Canarias que son completamente diferentes a otros territorios donde hay muchos más municipios pero menos poblados, por lo que no estaba acorde con la situación y necesidades de nuestros vecinos que necesitan se continúe con la prestación de los servicios que se llevan cabo e, incluso, mejorarlos.
Por tanto, el Grupo de Coalición Canaria ya traía este asunto desde diciembre y era apoyado por todos los grupos políticos excepto el Grupo Popular, entendiendo también que cada uno tenga su postura, en este caso entendible porque era quien estaba tramitando la Ley en el Gobierno del Estado.
Además, tal como ya se ha dicho, luego se trajo otra vez este tema para decidir que el Ayuntamiento continuara realizando los servicios que presta mientras se está a la espera de la respuesta del Gobierno de Canarias y del Gobierno de la Nación para saber qué es lo que debemos hacer, contando con el voto favorable de todos los grupos políticos. Incluso en esas condiciones, en la reunión que mantuvimos la Junta de Portavoces, nuestro Grupo planteó que una de las posibilidades era llevar ese recurso al Tribunal Constitucional, cosa que ya estaban haciendo otros municipios, y que otra posibilidad era hacerlo a través de muchos partidos de la oposición del Congreso de los Diputados…”
Continúa José Domingo Regalado diciendo:
“Entendemos que sea el Alcalde quien proponga este asunto y no que lo hagan partidos políticos concretos, para que sea precisamente el Ayuntamiento quien se posicione, estando nuestro Grupo de acuerdo en ello. El Grupo de Coalición Canaria está en desacuerdo con la Ley porque ya desde su preámbulo deja claro que lo que ésta persigue y predomina es sólo una visión económica que va mucho más allá de pretender seguir prestando esos servicios a los ciudadanos. Por todo ello, nuestro Grupo apoya este acuerdo teniendo en cuenta las prioridades de nuestro municipio a pesar de las dificultades y creemos que hay incertidumbre en algunas concejalías y en muchos trabajadores que están preocupados por este asunto, no sólo en Granadilla sino en muchos municipios, porque no saben cuál va a ser su futuro. Y esa es la realidad, que no saben con lo que se van a encontrar en el mes siguiente en una época tan difícil como la que vivimos.
Por lo tanto, el Grupo de Coalición Canaria va a prestar su apoyo y pedir al Sr. Alcalde que haya más coordinación en el Grupo de Gobierno y así ofrecer una mejor imagen del municipio de Granadilla de Abona”.
Toma a continuación el turno de palabra Esteban González González, Portavoz del Grupo Popular, que dice:
“Si alguien ha preparado esta moción de manera conjunta ha sido el Grupo Socialista con Coalición Canaria, porque esto no es una moción del Gobierno Municipal. Este tema lo están presentando en todos los municipios los pactos políticos, y está claro que es una moción política. En todos los municipios la presenta el Grupo Socialista o Coalición Canaria y aquí la presenta el Sr. Alcalde, pero parece ser que había un acuerdo con Coalición Canaria para que así fuera presentada. En el Grupo de Gobierno respecto a esta materia no puede haber acuerdo y no lo hay. Para el Grupo Popular ha sido una sorpresa que esta moción no haya venido al Pleno Ordinario celebrado hace unas semanas, cuando otros grupos de Coalición Canaria en otros municipios ya la habían presentado. Pero traen este asunto hoy, cuando el último día para ir a la Notaría es mañana, lo traen apurado y precipitado. El Partido Popular quiere ser lo más prudente posible, pero no permite que le echen las culpas acerca de si está o no preparado el expediente. El Grupo Socialista y el de Coalición Canaria sabrán si se han sentado unos días antes a prepararlo o no; el Grupo Popular desde luego sí que no se ha sentado.
Entendemos que esta Ley es parte de un grupo de reformas del Partido Popular en el Gobierno de la Nación, y que es positivo ya se ha dicho aquí más de una vez. El Partido Popular en Granadilla quiere los máximos servicios posibles para los ciudadanos y eso se trabaja todos los días entre todos los departamentos, sobre todo el Departamento de Hacienda, para cumplir todos los requisitos legales y que los vecinos tengan los servicios que deben tener y esto es algo que se está haciendo en Granadilla.
Aquellos ayuntamientos, que en España son muchos, donde se gasta más de lo que se ingresa no tendrán el apoyo del Partido Popular, eso es lo que dice el Gobierno del País. No queremos ayuntamientos que gasten más de lo que ingresan por muy legitimados que estén como gobierno; no queremos ayuntamientos que inviertan los dineros en lo que no es fundamental y sí queremos Ayuntamientos que, una vez que tengan cubiertos los servicios fundamentales, puedan tener capacidad económica para hacer otras cuestiones que también son importantes, pero no tanto, como las actividades extraescolares o de participación ciudadana, etc. Con estas cosas son con las que no está de acuerdo el Grupo Popular y de ahí la satisfacción por el acuerdo tomado hace dos semanas de seguir adelante, y mayor satisfacción le produce al Partido Popular cuando la Federación Española de Municipios, es decir, la representación de todos los Alcaldes de los municipios de España, nos dice ahora que hagamos lo que ya nosotros hicimos”.
Continúa Esteban González diciendo:
“El Portavoz del Partido Popular expresa sus respetos a que el Partido Socialista y el Grupo de Coalición Canaria se hayan puesto de acuerdo para traer la moción de esta manera y que la presente el Sr. Alcalde, porque les habrán llamado desde el Partido Socialista y comunicado que era el último día para presentarla.
Hablan del ‘estado del miedo’ y no es cierto; han hablado aquí en los Plenos y en conversaciones con algunos trabajadores diciendo que hay miedo a perder el trabajo, a que se dejen de realizar actividades; han dicho al trabajador que se va a quedar sin trabajo y al concejal que se va a quedar sin área. Esto es lo que está pasando y el Grupo Popular entiende que sea una estrategia política, pero no lo comparte pues el Partido Popular se dedica a trabajar para evitar que eso suceda y lo estamos consiguiendo; no el Partido Popular sólo, sino todos; y con eso nos quedamos, lo demás es un tema superado.
La Ley está en vigor desde el 1 de enero de este año y pregunto si alguien ha advertido algo o ha pasado algo. La respuesta es que no. Sin embargo sí ha pasado en los Plenos, en los debates en la calle, hablando con el trabajador y diciéndole que se puede quedar sin trabajo, estas cosas sí han pasado, de resto no ha pasado nada más. El Partido Popular está haciendo su trabajo para que eso no pase y está satisfecho de la respuesta que se ha dado aquí hace un par de semanas.
El Partido Popular en el Gobierno del Estado está haciendo una serie de reformas y está en un itinerario que puede gustar más o menos, pero es una línea de trabajo que quiere devolver a los españoles a una senda económica mejor, a que mejore el empleo, mejore la situación de las familias y en esa línea de reformas está el Partido Popular, y ya sabemos que las reformas cuestan, que no son fáciles. Ahora nosotros, desde aquí, como Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de adaptarnos a esas reformas de manera tal que los ciudadanos lo sufran lo menos posible o que no lo sufran nada. Y eso es lo que hicimos hace dos semanas, lo de hoy es otra cosa distinta.
El Partido Popular considera que el debate está superado y si esto que se presenta hoy al Pleno es un trámite que hay que hacer desde el punto de vista político, pues lo hacemos y el Grupo Socialista y el de Coalición Canaria toman el acuerdo… Y hay que seguir en la línea de trabajo que tenemos”.
Concluye Esteben González su intervención preguntando si el acuerdo que se adoptará ahora tiene alguna repercusión a la hora de designar procurador, si eso lleva partida económica, cuánto le va a costar a los ciudadanos de Granadilla, si hay que prever algún coste, si el coste es previsible o no y si hay que pagar abogado y procurador.
El Portavoz del Grupo Socialista, Nicolás J. Jorge Hernández, toma la palabra para dirigirse al Portavoz del Partido Popular diciéndole que “ojalá o bien este conflicto de competencias o bien el recurso de inconstitucionalidad que se va a plantear solicitando la medida cautelar de suspensión de la aplicación de la norma tengan efecto, porque si no es así el discurso del portavoz del Grupo Popular seria ‘pan para hoy y hambre para mañana’, porque cuando se empiece a aplicar la Ley con todas sus consecuencias se verá cómo se produce ese recorte de competencias, no solamente a los ayuntamientos incumplidores sino también a los ayuntamientos cumplidores, porque la Ley establece unas disposiciones transitorias, las cuales permiten que mientras dure la aplicación de esas disposiciones dichas competencias se sigan prestando. Pero esas disposiciones tienen fecha de caducidad y, cuando esa fecha expire, la Ley va a entrar en vigor con toda su dureza y va a afectar fundamentalmente a lo que se conoce como la mano izquierda de la Administración Local, es decir todo lo referente a las Políticas Sociales y también a Educación o Sanidad”.
Continúa el Portavoz del Grupo Socialista:
“Actualmente se están desarrollando las mismas competencias que teníamos porque este Pleno adoptó el acuerdo de continuar prestándolas hasta tanto se pronunciaran los informes del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Canarias. Queremos creer que esos informes van a ser positivos, en el sentido de que sigamos prestando esas competencias.
Pero sabemos que uno de los principales fundamentos inspiradores de esta Ley cuyo recurso debatimos es evitar lo que el Partido Popular llama la duplicidad de competencias, y esto nos lleva a plantearnos qué va a pasar con todas las actuaciones que se realizan en materia de salud, de prevención o de ayuda a colectivos que actualmente prestan servicios complementarios y que no presta la Comunidad Autónoma en esa materia. Nos preguntamos qué pasará en este Ayuntamiento, porque cuando queramos desarrollar ese servicio el Sr. Interventor va a decir que dicho servicio no es competencia del Ayuntamiento y, por tanto, no se puede prestar ni se puede abonar. Eso es algo que va a pasar en muchas competencias en materia social cuando entre en vigor la Ley, cuando las disposiciones transitorias que en este momento amparan las políticas sociales expiren”.
Concluye su intervención Nicolás J. Hernández diciendo:
“La Ley lo que pretende fundamentalmente es cumplir con el objetivo de déficit y ese es el fin máximo al que se subordina toda la política nacional y toda la política municipal. La Ley sí va a tener afección para nuestros servicios y socava los fundamentos del estado democrático. Es por ello que se desea que este conflicto de competencias o el recurso de inconstitucionalidad que se va a plantear tenga un resultado positivo y el Tribunal Constitucional suspenda la aplicación de esta norma”.
El Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, José Domingo RegaladoGonzález, toma la palabra para dirigirse al Portavoz del Grupo Popular en los siguientes términos:
“No compartimos su parecer cuando habla de que ‘no ha pasado nada’, pues si no ha pasado nada es porque hemos tomado un acuerdo, a pesar de que hay informes negativos al respecto, de seguir prestando los servicios en este municipio. Pero si no hubiésemos tomado ese acuerdo se tendrían que dejar de prestar cuando el Sr. Interventor dijera que no es una competencia según lo dicta la Ley y, por ejemplo, Tercera Edad, Juventud o Dinamización Juvenil no se siguirían prestando. Éstos son algunos servicios de los que habla la Ley, pero también podrían ser los centros educativos que no son de titularidad municipal, y me pregunto: ¿qué le pasaría a ese personal? Entonces sí que podría pasar algo ahí y, si no tenemos competencias, no podemos seguir prestando algunos servicios y sí que pasará algo en el Ayuntamiento de Granadilla.
Lo que ocurre es que hemos tomado las decisiones que creíamos oportunas en ese momento, tomando los caminos que la Ley nos permitía y gracias al trabajo de los técnicos que buscaron esa posibilidad. Y ésta que ahora debatimoses otra de ellas, es decir, ante lo que pueda ocurrir vamos a adelantarnos y no porque sean los últimos días. Muchas veces se han traído asuntos al Pleno y algunos del área económica porque está finalizando el expediente y el Grupo de Coalición Canaria lo ha apoyado. Lo mismo que en cualquier otro asunto de Pleno extraordinario o urgente, si es necesario para el municipio se ha apoyado y no pasa absolutamente nada”.
Continúa el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria diciendo que no le gusta lo de las «estrategias del miedo», que eso es algo que no se debe llevar a cabo y que, por parte del Grupo de Coalición Canaria, jamás ha ocurrido lo de ir diciéndole a los trabajadores: «cuidado con esta Ley porque se te va a acabar el trabajo»; que eso es algo que el Grupo de Coalición Canaria no lo hace y lo que sí pretende es que se sigan prestando esos servicios independientemente de cada una de las Administraciones.
Finaliza José Domingo su intervención manifestando:
“El Portavoz del Grupo de Coalición Canaria considera que ya se han dejado las cosas suficientemente claras, hemos hablado y debatido sobre esta Ley, sobre lo que puede repercutir en el municipio de Granadilla de Abona, como en el resto de la Comarca, sobre todo en Servicios Sociales, que es una de las áreas más preocupantes. Es verdad que existe esa disposición transitoria que será hasta el 2015 y entonces nos preguntamos qué pasará a partir de 2015, si será el Cabildo quien tenga las competencias, si los trabajadores pasarán a otras Administraciones, si se les cambiará sus funciones, etc. Estas preguntas se las hacen los ciudadanos y los propios trabajadores de estos centros. Lo mismo decíamos en el primer Pleno acerca de los conserjes, y esto no es ‘hablar de la política del miedo’, esto es ‘hablar de la realidad’, de lo que dice la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que aquí debatimos, donde cada uno expresa su opinión y sus posiciones y donde Coalición Canaria ha llegado al acuerdo de apoyar este punto porque lo considera oportuno, deseando tener la respuesta cuanto antes de los informes solicitados para despejar esta incertidumbre que preocupa a muchos ciudadanos, desconociendo otros cual es la incidencia que puede tener en algunos servicios que si se dejaran de prestar sí que afectará de una forma brutal y dañina a la población”.
Esteban González González, Portavoz del Grupo Popular, se dirige al Portavoz del Grupo de Coalición Canaria indicando que al oír la secuencia de su discurso éste no se entiende, pues primero dice que los empleados de los colegios van a perder su trabajo y después aquí dice que nadie debe de tener miedo. Si fuéramos un conserje de un colegio y oyéramos a un portavoz municipal diciendo que podemos perder el trabajo nos daría miedo, más en la situación en que estamos.
Continúa diciendo Esteban González, dirigiéndose a José Domingo Regalado, que como miembro del Grupo de Coalición Canaria que tiene a sus compañeros en el Gobierno de Canarias, sería más lógico que dijera a los conserjes de los colegios que no se preocupen, porque en esta misma Ley que tanto se critica está previsto que si no se traspasan las competencias a los Ayuntamientos para que los conserjes sigan, no se inquieten porque el Gobierno ejercerá las competencias y se subrogaran los trabajadores de los colegios pasando a ser empleados de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, señala que sería bueno que el Portavoz de Coalición Canaria dijera eso y que se lo diga a sus compañeros, porque eso sí es política. Lo que está pasando, y eso sí es peligroso, es que el Gobierno de Cananas sustentado por el Partido Socialista y Coalición Canaria no están haciendo nada en este tipo de materia.
Sigue diciendo el Portavoz del Grupo Popular:
“He preguntado a los máximos responsables del Servicio Canario de Empleo que ante la Ley qué van a hacer con las políticas de Empleo, con los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con las subvenciones que nos vienen dando cada año para contratar, y la respuesta ha sido que no se sabe. También he preguntado si se van a mantener reuniones con la FECAM o la Comisión de Trabajo, y la respuesta ha sido que no está previsto. Estamos en marzo y Coalición Canaria, en este caso el Partido Socialista, no tienen nada previsto para darle la solución a las competencias.
Desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer es buscar la fórmula para llevar esa competencia de política activa, competencia de formación o competencia de desarrollo local a los ayuntamientos y hacer lo que dice la Ley, o sea, darle el dinero que corresponde. Aquí no se va a acabar nada y el miedo del Gobierno de Cananas es que si le dice a los Ayuntamientos que tienen que poner a los conserjes tienen que darle el dinero para los conserjes. Y es que estamos en una nueva política y en una nueva forma de entender laAdministración Local. Y está claro que quien asume las competencias tiene que poner eldinero y no los vecinos de Granadilla, porque El Ayuntamiento tendría mucho más dinero para hacerotras cosas en el municipio si el Gobierno de Canarias asumiese las competencias o las diese…Ésta es la realidad.
La Concejala de Educación, Sara Cano, se ha puesto en contacto con diferentes miembros de la Consejería de Educación preguntándoles qué van a hacer con esta actividad y todavía no saben, no se lo han planteado. Y eso sí es peligroso porque va a pasar lo que ha señalado D. Nicolás, que se acabará el período transitorio y aquí nadie ha hecho nada.
Por tanto, esto está muy claro: Si los Ayuntamientos lo pueden hacer, que lo hagan y, si no pueden, que lo pidan y que les den el dinero para hacerlo. Todos estarán de acuerdo en que si hay una competencia que viene del Gobierno de Canarias y la traspasa al Ayuntamiento, que la traspase con el dinero; ahora bien, no le digamos a los conserjes que se van a quedar si trabajo porque eso no es cierto, digamos a los conserjes que en caso de que la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación, no dé el paso de dar esa competencia al Ayuntamiento y poner el dinero, será la Comunidad Autónoma la que tendrá que hacerse cargo del personal de los colegios”.
El Portavoz del Grupo Socialista, Nicolás J. Jorge Hernández, vuelve a tomar la palabra para responder a las manifestaciones del Portavoz del Partido Popular, diciendo que “es muy fácil contestar a D. Esteban porque él quita el foco de quien crea el problema y pone el foco en quien se encuentra el problema, pues resulta que se aprueba una Ley que entra en vigor al día siguiente de su publicación, con un curso académico comenzado, y pasa que la Comunidad Autónoma de un día para otro, en materia de Educación -que además no hay disposición transitoria pues no dice hasta que se concluya el curso académico- al día siguiente tiene que asumir las competencias que están prestando los Ayuntamientos”.
Sigue el Portavoz del Grupo Socialista:
“¿Eso cómo se hace con contratos en vigor en las Administraciones Municipales? A todos esos contratos que se están prestando en las Administraciones Municipales, la maquinaria administrativa tendría que proceder a la suspensión de los mismos y preparar para que se aprueben con las licitaciones oportunas, aparte de que se produzcan las dotaciones presupuestarias que no están porque el documento presupuestario de la Comunidad Autónoma está aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Y todo eso hay que hacerlo de un día para otro.
Aquí lo que ha pasado es que se ha aprobado una norma donde ni siquiera han tenido en cuenta que estaban afectando a una competencia como es la Educación, a la que ha cogido en medio de un curso académico, o sea, una total irresponsabilidad por parte del legislador. Lo lógico hubiera sido que la norma dijera, por lo menos en que se refiere a Educación, que esto entraría en vigor en agosto de 2014, porque entonces se puede hacer una transición competencial si es que la Comunidad Autónoma fuera a prestar directamente esos servicios y no los va a delegar.
Y en materia de Empleo, por ejemplo, si el Pleno no hubiera adoptado hace unos días el acuerdo que tomó, ahora mismo los trabajadores de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local tendrían que estar en la calle, porque si no el Sr. Interventor hubiera reparado las nóminas. Nos preguntamos qué pasará en materia de Empleo cuando el Ministro de Hacienda diga que losayuntamientos no tienen competencia alguna en esa materia porque ya la desarrolla la Comunidad Autónoma puesto que se parte del principio «una Administración una competencia». Es decir, eso de trocear competencias no es la filosofía de la Ley, no lo quiere la Ley. La filosofía de la Ley es que los ayuntamientos no hagan nada en materia de Empleo porque quien tiene que desarrollar las políticas de Empleo es la Comunidad Autónoma.
Hasta ahora lo que priorizaba era el servicio al ciudadano, por lo tanto, cuando una Administración desarrollaba una competencia pero no la desarrollaba en su totalidad o había determinados servicios que no entraban dentro de esa competencia por parte, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma, entonces el Ayuntamiento en virtud del principio de autonomía local y de su competencia expansiva recogida en el anterior texto de la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985, podía decir que desarrollaba aquella competencia donde no llegaba la Comunidad Autónoma o donde no llegaba el Estado. Pero ese no es el principio que informa la nueva Ley, pues ésta dice claramente ‘una Administración una competencia’ y, por lo tanto, no se va a poder desarrollar competencias en materia de Empleo por parte de los ayuntamientos”.
Interviene Esteban González González indicando que los convenios del Servicio Canario de Empleo llegarán en cuestiónde un mes, a lo que el Portavoz del Grupo Socialista, Nicolás J. Jorge Hernández responde preguntándole si le parece bien que la Administración Autonómica se revele contra el Estado ya que, por ejemplo, en materiaEducativa le parece mal y sí le parece bien que se revele en materia de Empleo ya que dice que se van a sacar adelante los convenios.
El Portavoz Socialista insiste en que el Portavoz del Grupo Popular está usando un discurso y el contrario. Y también señala que está convencido de que el Portavoz del Grupo Popular defiende una Ley que considera que es mala.
Por último, toma la palabra el Alcalde para decir:
“Está claro que cada parte mantiene su criterio, pero también hay una cosa que está clara para nosotros que estamos en la FECAM y que, lógicamente, no podemos mandar a que todos los municipios adopten este acuerdo porque es una cuestión que dependerá de las
Alcaldías o de los Grupos de Gobierno y que, efectivamente, tiene una connotación política. Pero no se puede llegar a sostener que la culpa de esta Ley la tiene el Gobierno de Canarias, porque no ha puesto en ella ningún artículo y es así. Lo que sí deseamos todos y estamos de acuerdo es que vamos a esperar que no ocurra nada.
Lo que ha planteado el Portavoz Socialista, en términos jurídicos, es la realidad de lo que está escrito en la Ley, pues el Gobierno de Canarias se encuentra con que a mitad de curso -pero a mitad de curso de todo tipo, no sólo ya el Educativo-, de pronto tiene que asumir unas competencias y nos preocupan a nosotros los recursos. La Ley, efectivamente, dice que la Comunidad Autónoma podrá transferir a los ayuntamientos las competencias con financiación, pero es que sólo lo que estamos haciendo los ayuntamientos en los colegios está en torno a los sesenta y seis millones de euros. Entonces resulta que la Comunidad Autónoma se puede encontrar con que no tiene capacidad para mantener los servicios básicos que veníamos prestando las Administraciones como consecuencia de ese asfixie económico y la teoría del déficit bajo los cuales deben sufrir los ciudadanos.
Otra cosa es que, efectivamente, hay que evitar el despilfarro, evitar que las competencias estén repartidas para todos, y no puede haber catorce jefes de deportes y el Consejero de Deportes y el Consejero del Cabildo de Deportes y el Concejal de Deportes, sino que parece que esa política debería estar residenciada en los municipios para que el dinero llegue al lugar donde se presta y lo demás sea planificación.
Lo que se trata en este momento por la Comunidad Autónoma, y así nos lo ha trasladado el Presidente del Gobierno y el Consejero de Economía, es la asunción de la totalidad de las competencias aunque el Gobierno de Canarias destinara para esas delegaciones la totalidad de los fondos. No olvidemos que los Ayuntamientos de Canarias en parte están sosteniendo el gasto corriente global de los servicios que prestan, con lo que el fondo, que es algo peculiar y que todavía sólo ocurre en Navarra, costea el servicio de las prestaciones y aún así no daría para mantener los servicios que venimos prestando, porque si con los tres millones ochocientos mil euros de fondo que recibe Granadilla quisiéramos mantener sólo las políticas sociales, casi eso se llevaría todo el dinero. Y la Comunidad Autónoma también podrá decir en su día que no tiene recursos para sostenerlo; pero es el Ayuntamiento quien al final va a decirle a los vecinos que tienen que ir a Santa Cruz o a Las Palmas para ser atendidos en algunos asuntos como pueden ser las becas, que como las da el Ministerio de Educación y Ciencia y es una política en que no puede haber duplicidad, habrá que preguntar en Madrid o a un representante de aquí, porque Granadilla no puede ayudar ni con un euro para pagar, por ejemplo, el transporte”.
Con la intención de cerrar ya el debate, continúa el Alcalde manifestando:
“Quiero transformar la sociedad para beneficiar a los que menos tienen. Y no puedo admitir que digan en un debate político que no pasa nada o que la culpa la tiene el Gobierno de Canarias, porque al final si el Gobierno de Canarias dijera que no tiene dinero para realizar esas competencias somos nosotros los que tenemos que cerrar el Centro Rodolfo Campos, somos nosotros los que tenemos que echar al personal diciendo que no podemos prestar las competencias porque el Gobierno tampoco puede. Y la Ley ha sido creada por el Partido Popular y Mariano Rajoy con una insensibilidad absoluta frente a los que menos tienen.
Este es el debate de hoy y no es un problema de enfrentamiento político, pues el pacto político que hemos decidido en Granadilla todos los grupos políticos lo vamos a continuar. Pero no nos engañemos, la Ley está ahí y en cualquier momento podemos dejar de prestar el servicio y eso es lo que estamos debatiendo hoy y lo que queremos es que se cambie.
Con motivo del recurso de inconstitucionalidad que estamos debatiendo puede haber una suspensión cautelar de aplicación de la Ley y no tengan ninguna duda de que haré todo lo posible para que cambie el Gobierno de España en 2015, porque si cambia el Gobierno de España y gobiernan las fuerzas progresistas no hay ninguna duda de que esta Ley se va a retirar. Eso está claro. Pero de aquí a allá hay que ayudar a los vecinos, pues esa Ley está escrita y está en vigor y a la espera de lo que respondan las Administraciones, y a los vecinos hay que decirles las cosas claras: Esta Ley se ha hecho y está ahí, pero nosotros vamos a seguir ayudándoles. Eso es lo que se está diciendo y eso no es ‘la política del miedo’, eso es decir a los vecinos lo que ha aprobado el Gobierno de España.
Ya le habían advertido al Gobierno de España todos los municipios, incluso del Partido Popular, que esto iba a traer serios problemas en la garantía de la autonomía municipal y sin embargo siguieron adelante, pues ahora que apechuguen y esperemos que los ciudadanos tengan sentido común. Ahora se está a la espera de que el Gobierno de Canarias diga qué servicios no presta.
Siguiendo con el tema de las becas, antes se pedía una beca en el Ayuntamiento y se demostraba y acreditaba con certificado que el interesado no tenía ninguna beca del Estado, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias y por eso se pedía ayuda al Ayuntamiento. Como no tenía ayudas de ningún sitio, el Ayuntamiento si podía y si reunía unos requisitos, se la daba. Pero ahora la Ley no permite eso, porque las becas están en el Ministerio de Educación y Ciencia y nadie más puede dar becas. Esto hay que decirlo claro para que los ciudadanos sepan lo que estamos hablando y en lo demás estamos de acuerdo, es debate político, pero es inevitable.
Aquí hemos sido todos valientes, el propio Grupo Popular apoyando, igualmente el Grupo de Coalición Canaria y D. Antonio Cabrera, que hoy no está presente y que hay que disculparlo porque no podía venir. Todos hemos estado de acuerdo en que lo que importa son los vecinos de Granadilla y ahí vamos a coincidir codo con codo. Pero la Ley está ahí, y de lo que se trata hoy es de hacer un esfuerzo y aprobar este asunto para llegar al mínimo de 1.160 municipios en España. Luego serán presentados por los correspondientes partidos políticos, que son el único cauce legal de representación, y otro requisito además, según ha dicho el Portavoz del Grupo Socialista, es que 50 senadores y 50 diputados y las Comunidades Autónomas también podrán recurrir para poder ir al Tribunal Constitucional a ver qué ocurre”.
Cierra el Alcalde el asunto agradeciendo el tono del debate y, en cuanto a la pregunta que formuló el Portavoz del Grupo Popular respecto a si la aprobación de este asunto tendrá coste económico para el Ayuntamiento, manifiesta:
“No tiene coste económico alguno porque esto es un mero acuerdo instrumental para que todos los ayuntamientos de España apoderemos a las mismas personas. El coste económico será asumido por las organizaciones políticas y lo que se está procurando entre todos es contar con los 1.160 municipios necesarios para llevar este tema al Tribunal Constitucional. El debate está claro y hay que decir las cosas claras para que nos entendamos todos y, todos juntos, incluidos el Partido Popular, Coalición Canaria, Alternativa Sí Se Puede y el Partido Socialista en Granadilla, procuraremos que no pase nada hasta el 2015. Después del 2015 los ciudadanos opinarán y hablarán. Y ojalá mañana el legislador diga que en algunas materias, teniendo en cuenta el cambio que se puede producir, vamos a establecer un periodo transitorio para ir regulando con las Comunidades Autónomas determinadas competencias. Ojalá este acuerdo sirva para eso.
Jaime González concluye diciendo que el asunto está lo suficientemente debatido y se procede a la votación, que queda como se expresó al principio.
Puesto que este debate se produjo hace cuatro meses, nos mantenemos atentos a la evolución de los acontecimientos para dar cumplida información de los mismos y ver quien de las dos posturas claramente enfrentadas en torno a este asunto tiene razón, dando por supuesto que ambas desean lo mejor para la ciudadanía de Granadilla de Abona. ¿Y usted, qué opina?