Desde que se hiciera pública la autorización para la construcción del Hotel ‘La Tejita Beach Club Resort’, éste no ha hecho más que estar rodeado por la polémica entre las partes a favor y en contra del mismo, con posturas en general bastante enfrentadas. Así, la empresa promotora del hotel insiste en su legalidad y acusa a quienes se oponen de mentir malintencionadamente, causándole no sólo un gran perjuicio económico sino también a su imagen de empresa seria y honesta que tanto le ha costado establecer. Es monumental el enfado que ha venido mostrando el Grupo Viqueira con el devenir de los hechos tras haberse enterado de la orden de paralización de las obras el 22 de junio de 2020 -mientras dos jóvenes activistas permanecían encaramadas sobre sendas grúas de las mismas en señal de protesta- por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Demográfico (MITECO), el cual va en aumento a medida que el tiempo pasa y los juzgados van dictando resoluciones contrarias a sus intereses. Un ejemplo de ello es el comunicado que con el titular ‘Las Informaciones y noticias sobre el Hotel en La Tejita son falsas y carentes de fundamento legal’ hizo público la empresa el día siguiente de haberse comunicado dicha orden, en el que decía:
« “En relación con la nueva orden de paralización de las obras de nuestro Hotel situado en la Urbanización Sotavento, que el MITECO hizo pública en el día de ayer y que a nosotros, propietarios de la obra, no nos ha sido notificada, lo que resulta escandaloso, queremos mantener informada a la opinión pública de la situación real y verídica en que se encuentra el Proyecto que, adelantamos, no se corresponde con la información falsa a sabiendas que se ha vertido por políticos demagogos y populistas que lo único que buscan son los votos aunque tengan que mentir, si es necesario, hasta en el propio Parlamento español”.
1. Nuestra empresa, todos los que la conformamos y las empresas que colaboran con nosotros en la ejecución de este proyecto tan importante, hemos tenido que asistir atónitos al espectáculo de políticos pisoteando nuestros derechos nada menos que en el propio Parlamento de la nación. Hemos visto como hemos sido sometidos a amenazas, coacciones, soportando daños sobre nuestros activos, sin que hayamos sido protegidos por quienes tienen el deber legal de hacerlo.
2. Grupo Viqueira SÍ es una empresa FAMILIAR que TAMBIÉN lleva más de 36 años en Canarias dando trabajo (desde el año 1984) en CANARIAS a más de 200 empleados directos y a más de 300 de forma indirecta. Con la ejecución del Hotel se crearán más de 250 puestos de trabajo en CANARIAS. Hoy todos los trabajadores que se ganaban la vida trabajando en esta obra van a tener que irse a su casa, sin que nadie les haya explicado por qué se les priva de su derecho a trabajar en un proyecto que cuenta con todas las autorizaciones que el ordenamiento jurídico español exige para que pueda ejecutarse. Eso sí, parece que no les gusta a algunas personas que tienen capacidad para hacer mucho ruido en los medios de comunicación y con capacidad de presión en estos momentos en las instancias políticas más altas. Constatamos con enorme tristeza y preocupación que se ha impuesto la demagogia, el populismo, la coacción y la amenaza sobre nuestro derecho a continuar con el desarrollo de este proyecto.
3. Grupo Viqueira adquirió la urbanización donde se enclava la parcela hotelera en el año 1994, hace 26 años, por lo que ninguna clase de especulación sobre el terreno puede imputársele. Todo lo contrario, en este tiempo hemos ido promoviendo distintas actuaciones hasta crear un núcleo donde residen en la actualidad más de 1.000 familias, más de treinta pequeños negocios, la mayoría regentados por pymes canarias, y entregado para uso y disfrute público más de 18.000 metros cuadrados de zonas verdes y de esparcimiento (hasta la fecha no hemos tenido ninguna manifestación en contra por esa entrega).
4. El proyecto hotelero que estábamos ejecutando cuenta con todas las autorizaciones y licencias preceptivas necesarias para su ejecución, obtenidas de acuerdo con el deslinde actualmente vigente, aprobado en el año 2002, y antes de que se iniciase su revisión:
– Obtuvo licencia urbanística para el Proyecto básico de construcción el 19 de septiembre de 2017 y la autorización del Proyecto de ejecución el 21 de diciembre de 2018, esto es, antes de la iniciación del procedimiento de revisión del deslinde, que tuvo lugar el 29 de enero de 2019. Para el otorgamiento de la licencia se verificó el ajuste del Proyecto al Plan General de Granadilla de Abona (publicado en el año 2005) en donde se obliga a que esa parcela sea para uso hotelero y al Plan Insular de Ordenación del Territorio en donde se especifica que la parcela tiene que ser (es una imposición) hotelera.
– Cuenta con autorización del Viceconsejero de Política Territorial para la construcción del Hotel, organismo competente en materia de protección de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Esta autorización fue otorgada previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, que indicó que el deslinde aplicable es el aprobado en el año 2002 y que la anchura de la servidumbre de protección es de 20 metros, dando el visto bueno al Proyecto del hotel.
– El Servicio Provincial de Costas de Tenerife también levantó Acta de replanteo del deslinde marítimo-terrestre sobre el terreno el 22 de junio de 2018, en concreto, entre los vértices cuestionados en el procedimiento de revisión del deslinde, y de acuerdo con este replanteo del Proyecto se están ejecutando las obras.
– Cumple con los estándares turísticos, como lo prueba la autorización del Consejero de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife.
– Obtuvo autorización en materia de servidumbres aeronáuticas.
5. Ante la manipulación y tergiversación que venimos sufriendo, es necesario recordar que la parcela en la que se ejecuta el hotel es una parcela de suelo urbano consolidado desde hace décadas, situada fuera del espacio natural protegido. Espacio protegido que, sin embargo, no merece especial atención por parte de quienes se erigen en sus defensores.
6. Queremos manifestar nuestra voluntad inequívoca e inquebrantable de que vamos a luchar por este proyecto, porque tenemos derecho a ejecutarlo, utilizando las únicas armas que están en nuestras manos, que son las que nos da el estado de derecho en el que vivimos. Queremos manifestar que confiamos plenamente en nuestros Tribunales de Justicia y a ellos acudiremos para obtener la tutela de nuestros derechos, para defendernos de las amenazas y coacciones de delincuentes, que no activistas, y de algún político demagogo y populista que durante todo este tiempo, con mentiras e injurias, no ha dudado en denigrar el proyecto y perjudicar gravemente a esta empresa.
7. Si hemos desarrollado durante 26 años la urbanización de Sotavento, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para defender nuestro proyecto, porque éste cumple con todos los requisitos de la normativa legal que lo regula, porque es un proyecto que crea valor y que contribuye al desarrollo de Granadilla de Abona y de la Isla de Tenerife. Así resulta de todos los instrumentos de planificación, que han impuesto el destino hotelero de la parcela y las características del establecimiento que ahí se puede implantar. Hay que recordar que esta parcela inicialmente estaba destinada a un uso residencial y fue el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Canarias el que impuso su destino a uso hotelero.
8. Por supuesto, vamos a ejercitar las acciones legales correspondientes ante este nuevo atropello a nuestros derechos: recurriremos esta nueva orden de paralización que solamente puede obedecer a las presiones ilegales e ilegítimas realizadas mediante la ocupación ilegal de las obras en curso. Vamos a iniciar acciones legales también en contra de todos los que han injuriado y difamado a nuestra empresa, manifestado en reiteradas ocasiones hechos falsos, tildando a la obra de ilegal.
9. Finalmente, con el objeto de dotar de la máxima transparencia nuestra actuación y la situación del proyecto, toda la información estará disponible en una página web que habilitaremos en los próximos días y donde publicaremos todas las licencias y autorizaciones así como la documentación relativa al proyecto.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El Hotel de cinco estrellas ha sido proyectado sobre una parcela destinada a un uso hotelero por los distintos instrumentos de ordenación urbanística y del territorio de la isla, sin que se produzca afección alguna a la playa de La Tejita ni se realicen obras sobre la misma. En dichos instrumentos se prevé de forma pormenorizada las características del establecimiento hotelero, su categoría, volumen, ocupación, etc., aspectos que han sido escrupulosamente respetados por esta parte a la hora de elaborar el Proyecto de obras autorizado.
Asimismo, el Proyecto también ha sido informado favorablemente y autorizado por todos los organismos intervinientes. Entre otras, cuenta con autorización del Viceconsejero de Política Territorial para la construcción del Hotel, en la que expresamente se indica que “la edificación hotelera se ubica fuera de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre”. Previo al otorgamiento de esta autorización, el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife informó, entre otros, que el deslinde aplicable es el aprobado en el año 2002 y que la anchura de la servidumbre de protección es de 20 metros.
Y es que el Hotel autorizado ha sido emplazado respetando tanto el dominio público marítimo-terrestre como su servidumbre de protección, de acuerdo con el deslinde vigente, aprobado en el año 2002 conforme a los criterios de la Ley de Costas y de la Administración competente en materia de Costas.
Interesa destacar que, en el seno del procedimiento de aprobación de dicho deslinde, ya se plantearon cuestiones coincidentes a las que ahora han motivado la iniciación del procedimiento de revisión del deslinde a petición de la Asociación Ecologista Salvar la Tejita-Recuperando Espacios Naturales y de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, habiendo sido desestimadas por el órgano competente en materia de costas. Incluso en el año 2016, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ya estimó la improcedencia de proceder a la revisión del deslinde de la zona de la Playa de La Tejita.
Nótese que, con carácter previo al inicio de las obras, el Servicio Provincial de Costas de Tenerife levantó Acta de replanteo del deslinde marítimo-terrestre sobre el terreno, en concreto entre los vértices cuestionados en el procedimiento de revisión del deslinde, y de acuerdo con este replanteo del Proyecto se están ejecutando las obras.
En cualquier caso, la incoación del expediente de revisión del deslinde que se está tramitando actualmente no afecta en modo alguno al Proyecto del Hotel, puesto que las autorizaciones y licencias preceptivas fueron obtenidas con carácter previo a su incoación, al amparo del deslinde vigente desde el año 2002.
Por tanto, las recientes informaciones y noticias que se están vertiendo en relación con el Hotel son manifiestamente falsas y carentes de fundamento legal, teniendo por única finalidad poner en contra a la opinión pública y deslegitimar el Proyecto socialmente, pese a que se trata de una actuación que es conforme con la ordenación urbanística y sectorial aplicable y de gran interés para el municipio y la Isla, por lo que no van a ser consentidas.
Cualquier coacción o amenaza que pretenda impedir o dificultar la ejecución de las obras del Hotel autorizadas por parte de quienes han visto rechazadas sus pretensiones de impedir el hotel por ser contrarias a la ley, será adecuadamente respondida mediante el ejercicio de las acciones legales que correspondan.
Esta parte pone de manifiesto su firme propósito de ejecutar el Proyecto del Hotel de cinco estrellas, que se ajusta estrictamente a toda la normativa que resulta de aplicación -como lo prueba el hecho de que cuente con todos los permisos preceptivos de los diferentes organismos intervinientes, emitidos en el seno de unos procedimientos que han cumplido escrupulosamente todas y cada una de las exigencias legales, y en los que quienes ahora se oponen por la vía de las coacciones y las amenazas, han intervenido y alegado lo que han estimado oportuno y visto rechazados sus argumentos falsos y demagógicos-, sin ceder a coacciones ni denuncias carentes de amparo legal alguno. »
Ahora pongamos uno de los muchos ejemplo del otro lado, es decir, contrario a la construcción del hotel y veamos su análisis y consideraciones. Se trata de un estudio realizado por dos geógrafos e investigadores (uno perteneciente a la Universidad de La Laguna y otro a la alemana de Leipzig), ambos vinculados a la ‘eco izquierda’, del que se hizo eco canariasahora en un artículo realizado por Toni Ferrera que, publicado el pasado 11 de abril con el titular ‘La lucha en Canarias por el derecho a la naturaleza que ha paralizado las obras del último hotel ilegal en Tenerife’ y la entradilla ‘Dos geógrafos teorizan en un reciente estudio sobre el concepto ‘derecho a una isla’ como agente que impulsa las movilizaciones en el Archipiélago, más frecuentes cuando se centran en la defensa del territorio que por otras cuestiones’, decía:
« En verano de 2020 dos activistas treparon hasta lo alto de una grúa en La Tejita, Tenerife, para exigir la paralización del hotel ilegal que allí se pretende levantar. Ambas personas subieron, desplegaron una pancarta de repulsa contra las obras y durmieron once noches a 80 metros del suelo, conocedoras de que en el momento que pusieran un pie sobre el pavimento iban a ser arrestadas. Así sucedió. Fueron denunciadas por la empresa promotora del complejo, J. Viqueira Lago Construcciones SA., y recientemente la justicia ha archivado la causa, defendiendo los derechos fundamentales de los acusados. Un estudio publicado hace unas semanas por geógrafos alemanes y canarios recoge este caso y lo desmenuza para explicar los porqués que hay detrás de las protestas contra atentados medioambientales en las Islas y cómo ha sido reconstruido el derecho a la naturaleza en el Archipiélago.
El artículo destaca que en Canarias existe una mayor preponderancia a manifestarse contra la destrucción de los espacios naturales que por otras cuestiones más convencionales, como la educación, la sanidad o las pensiones. Que los isleños defienden el “derecho a una isla”, como así acuñan los expertos este movimiento, una especie de grito en favor de la conservación del territorio que ha tenido episodios muy sonados en las últimas décadas, como la desaprobación por las prospecciones petrolíferas en las aguas del Archipiélago, la ampliación del muelle de Agaete o la construcción del Puerto de Granadilla.
“La naturaleza no es un ente asocial. La naturaleza no son bichitos solo. Es un espacio donde las personas se relacionan. Es un producto social. Si yo me agarro a un árbol, no es porque sea un árbol, sino porque siento que ese árbol es mío y forma parte de mi vida cotidiana y mi rutina. Y por eso yo me manifiesto”, reflexiona Alejandro Armas, geógrafo e investigador postdoctoral en la Universidad de Leipzig y uno de los autores del estudio ‘La mercantilización o el derecho a la isla: la lucha contra la construcción de un hotel en La Tejita’. En Canarias, continúa Armas, ese sentimiento de arrimarse a la naturaleza podría multiplicarse por su “cercanía” a los montes y los campos, a la playa y el océano. “Está la zona de producción, donde trabajas, y luego la de reproducción social, donde tú puedes desarrollarte como persona”.
Cómo hemos llegado a este punto
El turismo es el principal impulsor. Los investigadores hacen un recorrido histórico sobre el motor económico de la comunidad autónoma, un modelo asociado a la reestructuración continua del urbanismo costero que termina cerrando los emplazamientos tradicionalmente comunes. “No es de extrañar que muchos movimientos de protestas en las regiones turísticas del sur de Europa sean el resultado de disputas territoriales por la protección de los ecosistemas marinos y costeros”, apuntan.
En el caso de las islas, esa fórmula ha sido importada y llevada al extremo en un prolongado tira y afloja. El primer boom turístico llegó entre los años 1960 y 1973, luego tuvo un parón con la crisis del petróleo, volvió en la década de los 80, fue frenado de nuevo por la aprobación de la Ley de Espacios Naturales de Canarias (1987), que protege a más del 40% de la superficie del Archipiélago, se expandió a más no poder con el auge del ladrillo hasta 2008 y, como respuesta a la Gran Recesión, se volvió a tirar del mismo carro. El turismo en Canarias representa el 35% del Producto Interior Bruto (PIB). “Se promovieron cambios legislativos para que el suelo rural, hasta entonces parcialmente protegido, pudiera ser recalificado como apto para el desarrollo, permitiendo otras actividades distintas a las agrícolas”.
El mayor ejemplo es la aprobación de la Ley del Suelo promovida por Coalición Canaria (CC) en 2017, que permitió a los ayuntamientos cambiar la calificación del suelo rústico, hasta entonces protegido, para incluir “usos no contemplados en el mismo cuando su ubicación en el medio rural pueda contribuir a su desarrollo, como la construcción de instalaciones o servicios turísticos o industriales”.
“Las autoridades regionales desregularon el suelo haciendo retroceder la legislación medioambiental y, con ello, el consenso alcanzado en los años 80 sobre el suelo como recurso esencial para el ecosistema”, argumentan Armas y Fernando Sabaté Bel, geógrafo de la Universidad de La Laguna (ULL) y la otra firma del artículo.
“Se combina una espiral de corrupción por un lado en donde vemos que ciertas personas se benefician de la aprobación de infraestructuras. Eso sin duda. Y después, la gente está cansada. La población es consciente de que la isla tiene unos límites”, agrega Armas. El último ejemplo, las movilizaciones que hubo en Tenerife para detener la edificación de un hotel en La Tejita.
Un hotel en plena playa, una movilización más
Tanto Armas como Sabaté Bel recuerdan que en los peores momentos de la crisis financiera, cuando Canarias registraba los datos más altos de paro, temporalidad o listas de espera en toda Europa, la ciudadanía siguió manifestándose para combatir “la destrucción de la naturaleza”.
En Granadilla de Abona (Tenerife), cerca del puerto inoperativo que ha costado más de 200 millones de euros, regresó la idea de levantar un hotel en La Tejita, que se remonta a la década de los 70. El complejo sería de cinco estrellas con 883 plazas, ocupando una superficie de 26.758 metros cuadrados y 276 metros lineales de la playa. El proyecto invade la franja costera del frente marítimo que está protegida de la urbanización y por la que se paralizan cautelarmente las obras en 2020. Además, también podría afectar a dos espacios protegidos de la Red Natura 2000, como son Montaña Roja y Sebadales del Sur.
A partir de las repetidas presiones del sector privado, el exacalde de Granadilla, Jaime González Cejas (imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación), anunció en 2015 el inicio de las obras. Y con ellas llegaron la creación de una asamblea popular, bajo el nombre de Salvar La Tejita, y las primeras movilizaciones. “¡La Tejita no se vende, La Tejita se defiende!”, exclamaban los manifestantes. Se consiguieron más de 100.000 firmas para detener la labor. La expresión más palpable fue cuando dos activistas se encaramaron a una grúa y pasaron ahí más de una semana.
“Lo que molestó a mucha gente fue que, en un espacio natural casi virgen, ¿por qué maltratarlo de nuevo?”, dice un portavoz del movimiento de protesta, según recoge el artículo. “Así llegaremos a un punto en que todo se derrumbe. No habrá nada más. No es infinito, y nos estamos dando cuenta de ello. Creo que eso lo resume todo. No sé cómo vamos a salir del problema, pero algo habrá que hacer”.
Para Armas y Sabaté Bel, la lucha por salvar La Tejita simboliza el derecho a una isla, una demanda que no solo versa sobre la protección y la defensa activa de los paisajes, los ecosistemas y el patrimonio natural, sino que “forman parte de un debate más amplio sobre el estilo de desarrollo insular y sus efectos, teniendo la población un derecho democrático a decidir sobre sus modelos socioeconómicos”. »
En fin, un asunto que merece una profunda, fría y objetiva reflexión por parte de toda la ciudadanía, cuya lectura cambia radicalmente según ‘el color del cristal con que se mira”.