La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha expresado públicamente que Endesa debe dar un «salto cualitativo» en la mejora medioambiental de sus instalaciones en Canarias, un aspecto en el que, afirma, tiene «una asignatura muy pendiente», conminándola a que ‘se ponga las pilas’ dando pasos decididos hacia el objetivo de ‘descarbonizar’ (proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono) completamente el sistema energético del Archipiélago en el año 2040, un compromiso que hoy por hoy se encuentra con el obstáculo que representan los altos niveles de contaminación de las centrales de generación eléctrica con las que cuenta la compañía. Una de ellas, la de Granadilla de Abona, mientras no se lleven a cabo acciones que indiquen lo contrario, se convertirá en la «séptima u octava» infraestructura industrial más contaminante del país una vez desaparezcan, tal y como ya está acordado a partir del próximo año, las centrales de carbón que hay en la Península.
Endesa tiene sobre la mesa una propuesta de sanción de 10 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias (la mayor que se le ha impuesto por este motivo en las Islas) a causa del apagón que sufrió Tenerife el pasado 29 de septiembre y en aplicación de la conclusión a la que llegó la investigación desarrollada por los técnicos de la Consejería, según la cual “el cero energético se debió al fallo de los protocolos y a la mala comunicación entre las empresas implicadas, Endesa, que genera la electricidad, y Red Eléctrica de España (REE), operadora y transportista del sistema”, un incidente cuyo origen tuvo lugar en la subestación de Granadilla de Abona donde una explosión en un transformador de tensión derivó en un cortocircuito generalizado y en la desconexión automática de los generadores, tanto renovables como térmicos.
Pese a la elevada contaminación que supone la central eléctrica de Granadilla de Abona, desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial indicaban el pasado 13 de junio que «al menos a día de hoy existe un compromiso para intentar bajar las emisiones», asegurando que “Endesa se ha comprometido a presentar en los próximos meses un documento de descarbonización» de esta instalación. Muchas de las centrales de esta empresa, aseguraban desde la Consejería, “son de ciclo combinado, pero funcionan con gasoil, que es ‘muy contaminante’ y emiten dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2)”.
Los mencionados compromisos de la empresa incluyen también la utilización de ese CO2 en proyectos de I+D+i a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). El borrador de la futura ‘Ley de Cambio Climático de Canarias’ sitúa 2040 como fecha límite para la ‘descarbonización’ de las Islas, lo que «nos obliga a darnos mucha prisa y hacer acciones concretas ya», resaltan desde la Consejería, que sin embargo también destaca que Endesa ha sido «muy receptiva» a la necesidad de rebajar sus índices de emisiones a la atmósfera.
Respecto a la otra parte implicada en el ciclo energético, la mencionada Red Eléctrica de España, aunque no genera energía sino que ejerce como operador y transportista de la misma, por lo que es ajena al problema de las emisiones, sin embargo sí se compromete a compensar los efectos que pueda tener sobre el entorno y la biodiversidad la ejecución de sus infraestructuras. En este sentido, aseguran desde la Consejería que «tienen sus compromisos medioambientales y llevan años intentando cumplirlos, pero quizás falta mayor compromiso desde la cúpula hasta abajo de creer que la defensa de la biodiversidad, y sobre todo de las aves, tiene que ser uno de sus principales proyectos en materia de medioambiente».
EL RECORRIDO DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA ENDESA Y REE
El expediente sancionador incoado por el Gobierno de Canarias contra ENDESA Y REE por el referido cero energético del pasado 29 de septiembre se encuentra aún en fase de propuesta de resolución y todavía tiene por delante un camino por andar de hasta un año y medio a pesar de las manifestaciones del Gobierno en cuanto a su voluntad de acortar plazos, eso sí, según aseguran, manteniendo «todas las garantías». Al respecto, tanto Endesa como REE -para esta última la sanción que se pide es de casi 30 millones de euros- ya han presentado sus correspondientes alegaciones.
Según indicó Endesa, pese a la gravedad del fallo en origen que derivó en el apagón, el sistema de protecciones con el que cuentan sus instalaciones de generación actuó correctamente y salvaguardó la integridad de los grupos, lo que permitió iniciar las maniobras de arranque y reconexión de los grupos de producción «atendiendo a los protocolos e indicaciones del gestor del sistema», en este caso REE. Por ello, la empresa ha pedido en sus alegaciones que se realice un análisis detallado de los acontecimientos que dieron lugar al ‘cero energético’.
Hay que tener en cuenta que el apagón de Tenerife del pasado septiembre fue el sexto del total de los que han afectado a toda una isla en poco más de diez años. Así, en su momento Tenerife sufrió tres en el curso de menos de dos años (marzo de 2009 y febrero y marzo de 2010), mientras que La Palma tuvo dos (abril de 2010 y diciembre de 2013). Por los tres primeros el Gobierno de Canarias impuso respectivamente sanciones de 6, 3 y 6 millones de euros a Endesa, además de 600.001 euros a Unelco Distribución por el segundo de ellos. En cuanto a los de La Palma, la multa fue de 6 y 3 millones de euros respectivamente que, tras los recursos judiciales interpuestos por la empresa dejaron la cantidad total que finalmente se pagó en 3,6 millones.
El 5 de abril de 2019 eldiario.es publicaba un artículo donde hacía referencia a la problemática de la contaminación de las centrales de generación eléctrica que Endesa explota en Tenerife (Granadilla de Abona) y Gran Canaria (San Bartolomé de Tirajana), en el que decía:
« Las centrales térmicas de Granadilla (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) emitieron unos 3,42 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en conjunto en 2018. Esto sitúa a ambas plantas de Endesa entre las 20 instalaciones más contaminantes de España, en concreto, en los puestos 14 y 16, pues la de Granadilla expulsó 1,87 y la de San Bartolomé de Tirajana 1,62 millones de toneladas de CO2, según datos de la Comisión Europea publicados por El País.
Sin embargo, en comparación a 2017, ambas han reducido sus emisiones: la central térmica de Granadilla en un 2,3% y la de San Bartolomé de Tirajana, un 3%. Lo mismo ha sucedido con las empresas que se sitúan a la cabeza en emisiones de CO. A pesar de que han descendido las expulsiones de uno de los principales gases de efecto invernadero respecto al año pasado, en las centrales térmicas de Endesa y EDP (As Pontes y Aboño) se superan la barrera de los 7 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2018. Estas centrales también están entre las 30 instalaciones más contaminantes de la Unión Europea.
Además de las centrales térmicas, en España, las empresas Arcelor Mittal, Repsol o Naturgy ocupan los primeros puestos en emisiones de CO con plantas siderúrgicas, refinerías o centrales eléctricas. Compañías como Iberia o Vueling también forman parte de esta lista, con emisiones de 0,92 y 2,7 millones de toneladas de CO2, respectivamente.
En el ámbito europeo, Ryanair se sitúa en el noveno puesto, con 9,9 millones de toneladas de CO emitidos a la atmósfera, irrumpiendo por primera vez una compañía aérea entre los diez primeros puestos. La empresa más contaminante de la UE es una central de carbón, concretamente Belchatow, ubicada en Polonia. De hecho, en la UE la mayoría de las entidades que más dióxido de carbono emiten son centrales que trabajan con energías fósiles.
Récord mundial de emisiones de CO2 en 2018
Las emisiones de gases de efecto invernadero, causante del calentamiento global entre otros factores, alcanzaron en 2018 su pico histórico, registrando en el mes de mayo las 413,9 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono en la atmósfera, según informó el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (Tenerife).
La ONU estableció como objetivo la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 45% hasta 2030 con la finalidad de contener el calentamiento global en 1,5ºC , si bien el compromiso de la Unión Europea sitúa el umbral en el 40%.
España debe tomar medidas drásticas si quiere alcanzar dicho objetivo, acometiendo un recorte anual de entre el 7 y el 10% respecto a los niveles de 2010, reduciendo las emisiones en el sector industrial hasta un 80% menos que hace nueve años. Las cifras de la Comisión Europea muestran que en las 50 empresas que más contaminan de España se redujeron las emisiones totales en más del 10%, en conjunto… »
El pasado mes de junio el presidente de Endesa, José Bogas, tras participar en la cumbre empresarial convocada por la CEOE (donde durante más de una semana -del 15 al 25 de junio- los máximos dirigentes de los principales bancos españoles, de las grandes eléctricas, de los grupos hoteleros y de las empresas del sector turístico, así como del transporte, del motor y los seguros, de la alimentación, la agricultura, la industria o los servicios o la cultura y el deporte propusieron las medidas que consideraron más convenientes para reconstruir el país y afrontar la crisis económica consecuencia de la pandemia) para discutir el futuro de la economía española, puso el énfasis en dos ideas como elementos fundamentales para salir de la crisis: por un lado el incremento de las inversiones ligadas a la transición energética, sobre todo en la ‘descarbonización’ y, por otro, el avance en la ‘digitalización’.
José Bogas dejó frases destacadas como que «economía y medio ambiente no caminarán nunca por separado” y que “no habrá desarrollo económico si no es sostenible». «Porque tanto la crisis sanitaria como la energética tienen una dimensión global», indicó el consejero delegado de Endesa, que aseguró que la empresa aceleraría e incrementaría en un 30% sus planes inversores a 2022 hasta unos 7.500 millones de euros si se daban las condiciones regulatorias para ello.
También afirmó que una aceleración del 30% en la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en 2021 y 2022 supondría un incremento anual del PIB de más de 5.000 millones de euros y una creación de más de 67.000 empleos anuales adicionales, consideró que la respuesta del sector eléctrico a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 «pasa por adelantar las inversiones» del PNIEC y destacó que gran parte del esfuerzo inversor de Endesa, unos 5.000 millones de euros, se destinaría en la ‘descarbonización’ para así acelerar el ritmo de la instalación de capacidad renovable y para incrementar y acelerar las inversiones en transición justa, incluyendo repotenciación o nuevas conexiones renovables, así como que otros 2.500 millones de euros se destinarían a otras áreas como la de distribución, electrificación y eficiencia energética.
Por último, José Bogas señaló que con este plan de aceleración de inversiones, la compañía podría generar más de 12.000 empleos directos e indirectos y cerca de 27.000 empleos inducidos en España durante cada uno de los años 2021 y 2022, además de subrayar que medio ambiente y economía «son complementarios», advirtiendo de que «no habrá desarrollo económico si no es sostenible”, de la obligación de continuar «las inversiones en transición energética para favorecer la progresiva descarbonización y fomentar las energías renovables y la eficiencia energética», así como de “incentivar la digitalización, que ha sido un factor esencial durante la crisis”.
El pasado 6 de julio el digital La Información, con el titular ‘Endesa convierte a Baleares y Canarias en la punta de lanza de su giro al verde’ y la entradilla ‘Endesa acelera los planes para no perder el tren verde’, decía sobre las intenciones futuras de la compañía :
« En pleno cierre de centrales de carbón, la compañía propiedad de la italiana Enel (70%) va a presentar a la vicepresidenta cuarta del Gobierno Teresa Ribera una guía de acción elaborada con Deloitte para convertir a los sistemas eléctricos extrapeninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en la punta de lanza de la transición energética. La idea es alcanzar en 2040 la descarbonización completa de las islas y de las ciudades autónomas, en las que Endesa es la gran generadora y distribuidora de electricidad. El objetivo es llegar a meta diez años antes que en la península, con una inversión global prevista de 34.000 millones de euros en 20 años para todas las actuaciones, no sólo las referidas al sector eléctrico. Según Endesa, la cuenta sale, pues el ahorro previsto en importaciones energéticas llegaría a los 35.000 millones.
«Acelerar la descarbonización en los sistemas no peninsulares permitiría reducir hasta un 72% el gasto energético y generaría 4.500 empleos anuales, es decir un total de 90.000 empleos hasta 2040», explica el consejero delegado de la eléctrica José Bogas. «Reduciría además el coste de generación un 40% en Canarias y un 55% en Baleares. Es una oportunidad para España», concluye.
Bogas pule la nueva estrategia de Endesa, que no quiere mantener en las comunidades insulares la vitola de empresa contaminante que ha arrastrado durante años. De los 23.365 MW de potencia de generación de Endesa, 19.026 MW están en el sistema eléctrico peninsular y 4.339 MW en los territorios no peninsulares. El problema es que éstos dependen de centrales de carbón y de fuel, muy contaminantes.
El peso del carbón
En Baleares, las centrales de carbón redujeron su producción un 16,5% el pasado año, pero siguen siendo la tecnología con mayor peso en el mix energético: representaron el 45,2 % del total generado en el 2019 (un 49,7 % en el 2018). En Canarias, donde conviven seis sistemas eléctricamente aislados, de pequeño tamaño y débilmente mallados, dos de las nueve plantas de Endesa, las de Granadilla (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), se situaron en 2018 en los puestos 14 y 16 de las instalaciones que más dióxido de carbono emitieron el territorio nacional, según datos de la Comisión Europea.
Endesa quiere protagonizar la transición energética y aprovechar la posición histórica dominante -y subvencionada- en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para dar el salto. De la tarifa -vía cargos que decide el Gobierno en la tarifa- salen cada año 1.449 millones para subvencionar y asegurar el suministro de energía en las comunidades insulares y las comunidades autónomas.
Por supuesto, detrás del plan de Endesa no sólo hay imagen, sino también números. El pasado año, la energética cargó a los resultados de 2019 un deterioro de 1.469 millones por las centrales de carbón y una nueva dotación por 404 millones de euros por las centrales extrapeninsulares. Todo porque el cálculo de la retribución de las centrales de los territorios extrapeninsulares (que está regulado) para el periodo 2020-2025 se ha recortado, lo que ha llevado al ajuste contable.
El cruce de recortes, normativa, imagen y planes de inversión en renovables -la compañía anunció en noviembre que invertirá 6.300 millones entre 2019 y 2021, la mitad de ellos en instalaciones renovables- es lo que ha llevado a la elaboración del informe “Los Territorios No Peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España” de Deloitte.
El documento de Deloitte y Endesa propone actuar no sólo en la generación eléctrica, sino también en el transporte, los hogares y los servicios, según las peculiaridades de cada comunidad…
…Alberto Amores, socio responsable de Energía de Monitor Deloitte concluye que “descarbonizar los territorios no peninsulares en 2040, una década antes que en la península, es viable y económicamente rentable». »
La propuesta para desarrollar en Canarias, según el planteamiento del informe encargado por Endesa a Deloitte, se resume en lo siguiente:
« La clave para la comunidad es la generación renovable con almacenamiento. Un sistema eléctrico completamente descarbonizado en 2040 requiere 10-11 GW de generación renovable y 20-25 GWh de capacidad de almacenamiento. El mix renovable sería 25% eólico y 75% solar. El sistema propuesto ocuparía el 1,9% del territorio de Canarias, o el 15% de la superficie agrícola sin cultivar. La inversión necesaria se sitúa entre 12.000 y 19.000 millones de euros hasta 2040, con un coste de generación de 70-90 €/MWh, lo que supone una reducción del 40% con respecto a la actualidad. »
Así están por el momento las cosas en lo que respecta al futuro que le espera a la muy contaminante central térmica que la empresa Endesa gestiona en Granadilla de Abona.