La batalla entre l@s ‘okupas’ de un edificio en San Isidro y su propietario ruso

La batalla entre l@s ‘okupas’ de un edificio en San Isidro y su propietario ruso

El pasado 16 de enero, Diario de Avisos publicaba el siguiente artículo con el titular ‘Los okupas de San Isidro ganan la primera batalla’:

« La veintena de okupas que llevan viviendo algo más de dos años en un edificio en la avenida Venezuela de San Isidro han logrado, a través de la presión ejercida, que la seguridad privada contratada por el nuevo propietario del inmueble haya desistido de tratarles de echarles del mismo, incluso bajo el pago de 1.200 euros a cada singular inquilino. “Un dinero que no da siquiera para dar la entrada a un alquiler digno, cuando te piden tres meses por adelantado y una nómina que casi nadie tiene en el edificio”, apuntó Israel, de la Plataforma por una Vivienda Digna ‘Montaña Clara’.

Los cuatro seguritas se fueron ayer por la tarde, pero dijeron que volverán el lunes con más fuerza”, relató Israel, por lo que las 12 familias de okupas (22 adultos y 10 menores) han decidido crear una comunidad de vecinos que esta mañana registrarán en el Ayuntamiento con el objetivo de que, cuando regresen los miembros de la seguridad privada, “no puedan impedir el acceso a las zonas comunes” del edificio, “como han hecho desde el pasado lunes”.

Esas doce familias ocupan en la actualidad doce de las quince viviendas del edificio, pero “a partir de ahora van a ocupar las tres que quedan libres”, comentó el miembro de Montaña Clara, un colectivo que lucha contra los desahucios en un barrio, San Isidro, que tiene contabilizada casi ochocientas viviendas con okupas, según el exconcejal Félix Hernández, de Izquierda Unida, que llegó a ser hace cinco años responsable de la oficina de Quejas y Reclamaciones del Ayuntamiento de Granadilla.

Resultado de imagen de diario de avisos

UNA COMPRA POR SOLO 85.000 EUROS

El edificio de tres plantas situado en la calle Venezuela, esquina Néstor del Álamo, en San Isidro, es desde hace unas semanas propiedad de un empresario ruso que lo adquirió en una subasta del Sareb -conocido vulgarmente como el banco malo- por un precio irrisorio, 85.000 euros, el precio que en el mercado puede valer solo una de las quince viviendas de las que se compone el inmueble.

El edificio construido hace 13 años quedó parado como consecuencia de la crisis económica que afectó a la empresa constructora, pasando el mismo a manos de una entidad bancaria.

Desde entonces, el edificio ha sido objeto de saqueos de todo tipo de mobiliario, llegando a ser un lugar de peregrinación para algunos drogadictos de San Isidro, según cuentan los actuales okupas.

Estos accedieron hace unos dos años al edificio, reforzando las ventanas y puertas y habilitando las viviendas para acoger a 12 familias. »

El día siguiente el mismo medio informativo publica otro artículo aportando más datos sobre el asunto que, con el titular ‘Los okupas de San Isidro se ‘atrincheran’ en el edificio ante el temor al desalojo’, decía:

« Un grupo de 12 familias, compuestas por 22 adultos y 10 niños, no pueden ni entrar ni salir de las viviendas que ocupan desde hace dos años en un edificio de tres plantas en la calle Venezuela, esquina avenida Néstor Álamo, en San Isidro, en Granadilla de Abona, ante la presencia, desde el lunes, de cuatro miembros de seguridad privada contratados por una empresa que recientemente ha adquirido el inmueble para su venta.

Según Israel, miembro de la Plataforma por una Vivienda Digna Montaña Clara, desde las nueve de la mañana del lunes se personaron cuatro miembros de una compañía de seguridad que impidieron el paso a todos aquellos que trataron de entrar en las viviendas a través de las zonas comunes, sin ninguna orden judicial. Avisada la Guardia Civil, el sargento del puesto de Granadilla indicó a los vecinos que no podían hacer nada para impedir la presencia de la seguridad privada, algo que repitieron ayer cuando algunos de los okupas pedían con insistencia que dejaran paso a sus hijos para que pudieran acudir al colegio.

Los nuevos propietarios del edificio pretenden remodelarlo y poner en venta o alquiler las viviendas y para ello necesita que estén desocupadas. Por esto han contratado a la empresa Máxima Seguridad, con el objetivo de recuperar la propiedad en 12 de 22 viviendas ocupadas por los actuales inquilinos desde hace unos dos años.

Sin embargo, desde la plataforma ‘Montaña Clara’ se recuerda que para desalojar a los que ahora ocupan esas viviendas se requiere una orden judicial de lanzamiento y, una vez producido éste, ver las necesidades sociales de las 12 familias y si alguna tiene derecho a un alquiler social a través de los Servicios Sociales de Granadilla al tener rentas inferiores a los 400 euros mensuales.

Resultado de imagen de ayuntamiento de granadilla de abona

AYUNTAMIENTO

Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se comunica que no tenían constancia del problema, excepto por lo publicado en DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer, y en todo caso “se trata de un asunto privado, sin que exista ningún comunicado judicial de desalojo”, informan. Izquierda Unida, en Granadilla, a su vez, exige que intervenga el Cabildo o Gobierno de Canarias, “ahora que son de izquierdas”, dijo el exconcejal Félix Hernández.

Casi todos los 22 adultos y 10 menores que habitan en el edificio se mantenían ayer en sus viviendas, mientras los que estaban ya fuera han sido recolocados en casas de algunos vecinos, ante la imposibilidad de entrar en el edificio por la continua presencia de los cuatro miembros de seguridad, de día y de noche, y con miedo a salir ante la eventualidad de no poder regresar luego a sus viviendas.

Ayer se personaron también en el lugar miembros del proyecto Base 25 del Cabildo para recoger informes de las familias sobre su situación social y laboral, mientras se produjeron algunos altercados entre la seguridad y miembros de la Plataforma ‘Montaña Clara’ por querer permanecer en uno de los inmuebles ocupados, algunos de ellos, como los de la primera planta, con las ventanas tapiadas con bloques de cemento desde que en 2007 el edificio fuera desvalijado a poco de terminarse su construcción bajo la figura de VPO (Vivienda de Protección Oficial).

MÁS DE MEDIO MILLAR DE OKUPAS EN MEDIA DOCENA DE EDIFICIOS

El último gran desalojo en San Isidro se produjo en julio de 2017, cuando agentes de la Guardia Civil actuaron por orden judicial para desalojar a los ocupantes de 40 viviendas de El Barco, un edificio de La Jurada, propiedad del Banco Santander. El desalojo de personas y sus enseres se produjo sin incidentes, aunque se vivieron escenas muy emotivas. La concejala de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, reconocía entonces que “el municipio tiene una gran cantidad de okupas y es una situación difícil, ya que tenemos más de 12 edificios ocupados que tal vez puedan traducirse en 500 okupas”. Hoy en día esa cantidad es superior. »

Siguiendo la recomendación de ‘Montaña Clara’, las personas que habitan el edificio se registraron como comunidad de vecinos en el Ayuntamiento, con lo que consiguieron evitar que los miembros de seguridad de la empresa Máxima Seguridad contratados por el empresario ruso que adquirió el inmueble les pudieran seguir coaccionando impidiéndoles la entrada y salida del mismo.

El nuevo dueño del inmueble llegó a ofrecer hasta 1.200 euros a cada ‘okupa’ para que abandonaran las viviendas. Según ‘Montaña Clara’, “comenzaron ofreciendo 500, luego 1.000 y más tarde 1.200, igual vienen el lunes y ofrecen 3.000 euros, pero nosotros lo que queremos es que nos garanticen un alquiler social en cualquier otro sitio para que puedan marcharse de aquí, porque no pueden pagar 900 ó 1.000 euros por un alquiler en San Isidro”. También asegura que “sí hay viviendas, lo que ocurre es que hay que rescatarlas, porque sólo aquí en San Isidro hay en torno a 25 edificios con ‘okupas’ que están en mano de los bancos buitres”.

El caso de Henry Goncalves, un venezolano que habita uno de los pisos y que junto a su esposa lleva seis meses en la Isla, es un ejemplo de cómo funciona el mercado okupa. “Yo compré esta casa por 2.000 euros y me estafaron los cogollos de la mafia, porque yo pensé que estaba todo legal y ahorita he invertido en ella todo el dinero que traje de Venezuela”, explicaba mientras enseñaba al reportero de Diario de Avisos la vivienda bien alicatada en blanco, con muebles casi de diseño y con una enorme televisión. “Aquí tenemos luz, que no pagamos, y el agua nos viene en cubas, que compramos a 15 euros cada 1.000 litros”, decía Goncalves al periodista mientras se mostraa orgulloso de su vivienda.

Diego es otro ‘okupa’ de origen sudamericano que Diario de Avisos presenta también como damnificado del ‘modus operandi’ de estas mafias, el cual afirmaba: “No tenía donde ir, y aunque mi esposa trabaja, no nos llega el dinero para un alquiler y comida, por lo que decidí pagar 600 euros por las llaves de una vivienda, hace ahora unos cinco meses”.

Por su parte, José María, el presidente de la recién creada comunidad de vecinos, tras la constitución de la misma indicaba al periódico que “estamos todos unidos en esta lucha y vamos a seguir así por mucho que esos cuatro matones que nos han enviado para coaccionarnos regresen el lunes, ahora no tendrán derecho a entrar en las zonas comunes e impedir la entrada al edificio”.

Otra de las personas ‘okupas’ manifestó que ya estaban habitadas todas las viviendas del edificio -15 en total- al haberse sumado tres jóvenes sin familias que habían ocupado las tres que estaban libres, pero que no quisieron ‘aparecer en la foto’ porque no tenían documentación y tenían miedo que la Guardia Civil pudieran expulsarles del país. Otros ‘okupas’ tampoco quisieron darse a conocer en público por miedo a perder sus trabajos.

No queremos atrincherarnos, sólo pedimos que se nos tengan en cuenta como personas, y que un juez pueda decidir el lanzamiento. Sólo recibimos una carta en agosto de La Caixa avisando que el edificio se iba a vender, pero ningún abogado se ha puesto en contacto con nosotros ni hay ninguna orden judicial”, afirmaba José María.

Asimismo Israel Ojel, de la Plataforma ‘Montaña Clara’, y el mencionado ‘okupa’ Henry Goncalves acudieron al SAC para registrar la solicitud de amparo de menores a Servicios Sociales para dejar constancia por escrito de una una situación que, según dicen, llevan denunciando desde hace tiempo y que ‘Base 25’ -proyecto de Cáritas Diocesana de Tenerife dedicado a asesorar a familias en riesgo de perder su vivienda única y habitual mediante procesos judiciales y extrajudiciales abiertos y que no cuentan con ingresos económicos suficientes también ha comunicado al Ayuntamiento. “Vamos a ver si ahora la concejala María de la O Gaspar se entera de verdad de lo que está sucediendo”, aseguraban a Diario de Avisos al tiempo que denunciaban que “lo que ocurre es que la técnico social nos dice que no tienen derechos, cuando ella es la que nos echa para atrás los empadronamientos”.

La Plataforma ‘Montaña Clara’, que mantiene un continuo contacto con las personas ocupantes del edificio acompañándoles y asesorándoles , ha conseguido entre otras acciones que les visitara el director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, Julio Concepción, uno de los políticos más activos en el sur contra los desahucios.

Por último, la concejal María de la O Gaspar, responsable de la Concejalía de Asuntos sociales, indicó el pasado 17 de enero a Diario de Avisos que hasta el día anterior -en que salió la noticia- no tenía constancia oficial de la situación de l@s ‘okupas’ y que, en todo caso, se trataba de un desalojo privado en el que no había orden judicial por medio. Asimismo la concejal señaló que si l@s vecin@s afectad@s lo requerían los Servicios Sociales actuarían, aunque siempre a través de una decisión del Gobierno de Canarias porque es el que tiene las competencias en vivienda, mostrando ésta su sorpresa ante el hecho de “que alguien compre un edificio por 85.000 euros mientras que el Gobierno de Canarias no lo pueda hacer”. Porque la solución a este problema, según señaló María de la O, “pasa porque el Gobierno de Canarias compre esos edificios a los bancos, ya que se tardan dos o tres años en construir vivienda pública”.

El caso es que ‘Montaña Clara’ y el colectivo ‘okupa’, yendo de la mano, han conseguido que por parte de las autoridades competentes se les conceda una moratoria de dos años mientras se soluciona su situación, algo que se dirimirá en los juzgados donde el nuevo propietario ruso del edificio tiene denunciado el caso.

 
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *