El 16 de marzo de 2016 publicamos la primera parte de lo que titulamos El Caso ‘Endesa’, del que decíamos:
« El Caso ‘Endesa’ es un concepto sugerido por el concejal de Ciudadanos (C’s) de Granadilla de Abona, Arquipo Quintero Ruiz, a partir del hecho de que el Ayuntamiento haya tenido que devolver a la Empresa Endesa (antigua Unelco) una cantidad en torno a los 8 millones de euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le condenó en firme a devolver los seis millones que habían sido abonados en el año 2010 por la empresa (más los intereses devengados) en concepto de licencia de obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica del Polígono Industrial. En ese momento gobernaba en nuestro municipio el tripartito formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Sí se puede, con la alcaldesa nacionalista Carmen Nieves Gaspar Rivero al frente.
El Caso ha derivado en la creación de una ‘Comisión de Investigación’ con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas que hayan podido existir en la gestión pública del hecho. Según señaló Arquipo Quintero, el promotor de dicha Comisión que se aprobó en sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado 18 de enero, “esta comisión no quiere juzgar a nadie, para eso están los jueces; queremos tener acceso a los expedientes para hacerlos públicos, con el objetivo de saber dónde se produjo el error para que no vuelva a ocurrir en el futuro”… »
El 6 de abril de 2016 publicamos la segunda parte, en la que hacíamos alusión al artículo que en el momento que saltó el caso (septiembre de 2015) publicó ElDía.es con el título‘Granadilla pagará ocho millones a Endesa por la gestión del tripartito’, donde entre otras cosas se decía:
« El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena en firme al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a devolver a la compañía Endesa los seis millones de euros que pagó por la licencia de la obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial del municipio, así como los intereses devengados desde 2010 (año en el que pagó la compañía ese importe) hasta ahora. La cuantía total, que se aproxima a los ocho millones de euros, deberá ser abonada por el consistorio antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso.
Endesa presentó un contencioso-administrativo contra la medida que adoptó el gobierno municipal de entonces (2007-2011), formado por el tripartito Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Sí se Puede (SsP), que tenía como alcaldesa a la ahora ex-nacionalista Carmen Nieves Gaspar Rivero, siendo concejal de Hacienda el popular Esteban González.
Jaime González Cejas, actual alcalde granadillero, atribuye esta situación a “la falta de diligencia, gestión y prudencia” de aquel gobierno local “cuya consecuencia inmediata es poner en peligro la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento”, así como “a obligarnos a reducir la inversión destinada a la atención social de los ciudadanos”.
El gobierno municipal actual ya ha comenzado las negociaciones con la compañía Endesa para consensuar el pago “y para intentar paliar la situación de forma que el efecto de esta sentencia sea el menor posible sobre los granadilleros”.
Una de las causas que el TSJC tiene en cuenta para condenar al Ayuntamiento de Granadilla de Abona en este asunto es “la existencia de informes contradictorios emitidos por la propia corporación” para justificar el importe cobrado por esa licencia.
“Aquella locura del no a todo, no sólo nos ha llevado a este disparate, sino que cuando llegamos al gobierno municipal en 2011, apenas un tiempo después de recibir ese dinero, nos encontramos con un déficit de cuatro millones que tuvimos que asumir”… »
El recurso que el Ayuntamiento tenía que presentar ante esta sentencia del TSJC fue realizado fuera del plazo establecido debido a un problema con el fax, según afirmó en su momento el despacho de abogados que llevaba el caso, lo que motivó el resultado final de la sentencia dictada por el TSJC por la que el Ayuntamiento tuvo que devolver los mencionados ocho millones de euros a Endesa, hecho que fue duramente criticado por CC que acusó al por entonces Alcalde, Jaime González Cejas, de “tirar balones fuera” en lugar de asumir su irresponsabilidad al no haber recurrido en tiempo y forma la sentencia.
Ahora resulta que otra sentencia judicial dictada a finales del pasado año establece que Unelco tendrá que retornar al Ayuntamiento los 8 millones de euros, más costas, que éste a su vez le tuvo que devolver tras habérselas cobrado en concepto de licencias de obras, por lo que el portavoz del actual grupo de gobierno, Jacobo Pérez, aseguró en unas declaraciones realizadas en su momento al periódico EL DÍA que el PSOE «dejó el municipio al borde del abismo con el caso Endesa».
Lo primero que aclara Jacobo es que en 2007 (gobernando el tripartito CC – PP – Sí se Puede) la compañía solicitó la licencia de obras para el ciclo combinado a instalar en el Polígono Industrial de Granadilla, iniciándose entonces los trámites por el área tributaria para determinar el impuesto en base al proyecto presentado, cuyo importe se estableció en más de seis millones, lo que permitió a Granadilla de Abona obtener capacidad económica para hacer importantes infraestructuras básicas como saneamiento en El Médano y Los Abrigos, plazas y parques.
«Con el cambio de gobierno en 2011, llegan los problemas», apunta Jacobo Pérez en sus declaraciones a EL DÍA, recordando que «el anterior grupo de gobierno socialista dijo que no se tendría que haber hecho el cobro sino llegar a un acuerdo con Endesa, cosa que es totalmente ilegal». Dice también que partir de ahí «se pasó al esperpento en la gestión de este caso con el argumento del anterior alcalde socialista de que no se podía recurrir porque el despacho de abogados contratado por el Ayuntamiento tuvo un problema con el fax”. “Fue entonces cuando tuvieron que devolver la cantidad cobrada en concepto de licencia, lo que produjo un fuerte impacto en las arcas municipales. Desde ese momento utilizaron la excusa de que el pago a Endesa mermó la capacidad inversora del consistorio para justificar la falta de inversiones», asegura.
Tras el relevo en el gobierno municipal el 27 de septiembre de 2016 a causa de moción de censura, dice Jacobo Pérez que «estábamos convencidos y apostábamos por continuar sin trabas el procedimiento judicial abierto por Endesa contra el Ayuntamiento, ya que el resultado no debía ser el que ha sido”. “Ahora, el tiempo nos da la razón», resalta tras la última sentencia que obliga a Unelco a devolver el dinero, y que «una vez más, ante mentiras y negligencias del gobierno socialista -véase el ejemplo de la devolución de 3,5 millones por el Rypaig-, mulitiplicamos por siete la inversión en el municipio y mejoramos la capacidad de financiación. Ante las mentiras, los hechos».
Refiriéndose a unas declaraciones del portavoz del grupo PSOE, Juan Rodríguez Bello, en las que éste dice que gracias a una demanda que ellos presentaron en 2015 es por lo que ahora se devuelve el dinero al Ayuntamiento, Jacobo Pérez asegura que «miente cuando dice esto, pues es Endesa la que denuncia al consistorio, no al revés”, y recuerda que “el PSOE de Granadilla pasó de defender a ultranza que no debió cobrarse la licencia a Endesa a autoproclamarse salvador de la patria atribuyéndose el mérito del retorno de más de ocho millones».
Continúa con su crítica a Juan Rodríguez apuntando que éste «se permite el lujo de proponer dónde y cómo emplear el dinero, cuando en realidad el PSOE se ha mostrado incapaz de gestionar lo más mínimo durante sus 21 años en el gobierno local. Observamos cómo, sin pudor alguno, nos llevaban y empujaban al abismo y ahora quieren hacernos creer que solo ellos pueden salvarnos de la caída».
Concluye Jacobo Pérez sus declaraciones manifestando su esperanza en que «más temprano que tarde, Juan Rodríguez y el resto de concejales del PSOE, de los que van quedando menos de la plancha de la presunta corrupción que se instaló en Granadilla, dimitan y nos veamos libres de tanta vergüenza», y que si finalmente el Ayuntamiento retorna esos más de ocho millones que en su momento pagó a Endesa (ésta ha recurrido la sentencia), «nuestro municipio tendrá un mejor presente, con hechos, sin falsas promesas y menos palabrería».