(…Continuación)
‘David contra Goliat’ puede ser también el título de la lucha que enfrenta a la Plataforma Ciudadana ‘Salvar La Tejita’ (David) y a la empresa Grupo Viqueira (Goliat) promotora del hotel ‘La Tejita Beach Club Resort’, respecto a la enorme desigualdad de medios disponibles -sobre todo ‘económicos’- para afrontar con posibilidades de éxito la defensa que cada quien viene haciendo de sus argumentos en contra o a favor de la construcción de esta infraestructura, más aún teniendo en cuenta que Grupo Viqueira ha venido contando con los correspondientes permisos administrativos favorables -cuando no también con la complicidad de algunas administraciones públicas-, algo muy difícil de ‘vencer’ si no es con mucha dosis de astucia, entusiasmo y determinación, valores todos ellos que ‘Salvar La Tejita’ ha demostrado con creces tener de sobra, tal como hiciera en el relato bíblico el pequeño David en su desigual lucha contra el gigante Goliat, al que finalmente y contra todo pronóstico acabó derrotando.
VARAPALOS DE LA JUSTICIA AL GRUPO VIQUEIRA
Independientemente de como en su momento acabe esta ‘batalla’ (algo sobre lo que, informativamente hablando y más allá de nuestras convicciones personales -nos confesamos manifiestamente medioambientalistas-, no nos pronunciamos) sí que es de resaltar con respecto a sus resoluciones cuando la justicia ha tenido ocasión que pronunciarse en el caso de l@s dos activistas que se subieron a las grúas y cuyo resultado fue la paralización de las obras, que era lo que en definitiva perseguían. En este sentido y por su significación, vamos a detenernos en los tres primeros pronunciamientos que resultaron sendos ‘varapalos’ para la promotora.
El primero de ellos se produjo estando aún l@s activistas subid@s a las grúas, cuando el Grupo Viqueira a través de su abogado solicitó que fueran detenid@s por las fuerzas públicas por invasión de propiedad privada. Los medios informativos dieron debida difusión a la sentencia que sobre este asunto dio el Juzgado de Granadilla de Abona, como hizo el periódico digital Planeta Canario que el 20 de junio de 2020, con el titular ‘El Juzgado deniega a la promotora del hotel de La Tejita la detención de los activistas subidos a las grúas’ y la entradilla ‘El grupo Viqueira comunicó por escrito su oposición a permitir, salvo por orden judicial, la entrada de Protección Civil y Bomberos para proveer de comida, agua y abrigo a los ecologistas subidos desde el martes en las grúas de las obras y reclamó, como medida cautelar, que sean arrestados. Pero el juez ha desestimado su petición’, decía:
« El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla ha denegado la medida cautelar solicitada por la constructora gallega Viqueira consistente en que las fuerzas públicas procedan a la detención de los dos activistas, un hombre y una mujer, que desde el martes se hallan atrincherados en lo alto de las grúas de construcción del hotel de La Tejita para reivindicar la paralización de las obras.
La decisión judicial se plasmó en un auto, que a su vez aparece mencionado en otro posterior dictado este viernes 19 de junio mediante el que el juez, si bien no concede autorización genérica para que la Guardia Civil pueda entrar en las obras para dar auxilio humanitario a estos dos ecologistas, sí que deja en manos de las fuerzas públicas esta decisión en caso de circunstancias en las que peligrara su vida o su integridad física, según ha precisado este sábado 20 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El abogado de la promotora gallega había presentado un escrito comunicando que no autorizaría la entrada en su propiedad de bomberos y Proteccion Civil para entregar víveres, agua y elemento donde cobijarse del frío a los ecologistas que ocupan sus grúas, y que solo accedería a ello por orden judicial.
El grupo Viqueria alegó para solicitar la detención de ambas personas que han invadido la propiedad privada con esta protesta, vulnerándose el Código Civil, que estipula que «la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes».
Sin embargo, el juez ha ponderado en este caso los intereses en juego, como son la vida o integridad de los ecologistas y la propiedad privada, en cuyo caso considera que «no puede obviarse que un eventual juicio de proporcionalidad» habría de resolverse a favor de los primeros intereses citados.
La empresa constructora ya había avanzado el martes 18 a PLANETA CANARIO, vía e-mail, que actuaría contra los dos activistas «tomando las medidas legales que nos correspondan en derecho» y que está llevando a cabo una obra «legal, contando con todos los permisos necesarios para ello».
Todo lo contrario de lo que opina la Asociación Salvar La Tejita, el colectivo que ha abanderado la lucha contra este proyecto, tanto en convocatoria de actos de protesta (aunque asegura que éste no está organizado por ellos) como denunciando el caso en los tribunales, en vía contencioso administrativa contra la licencia dada por el Ayuntamiento, y en vía penal ante el Juzgado de Granadilla por indicios de posibles delitos contra el medio ambiente.
El magistrado entiende igualmente que no debe autorizar de forma genérica a la Guardia Civil el acceso a las obras para dar auxilio a los activistas, pues entiende que si en su caso hay «inminente peligro» para sus vidas no es precisa la autorización judicial para que puedan entrar en esa propiedad los equipos de emergencia y la fuerza pública.
Con ese razonamiento, esgrime el juez que «la actuación en casos de emergencia, por su propia naturaleza, exige una intervención inmediata y que encuentra su justificación legal en Ia propia normativa reguladora de los cuerpos intervinientes».
Para sustentar esta argumentación, el juez recuerda que el artículo 15 de Ia Ley Orgánica de Protección de Ia Seguridad Ciudadana contempla que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están legitimados para entrar en una propiedad privada cuando haya «necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad» y que posteriormente «remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a Ia autoridad judicial competente».
E invoca a su vez la autoridad judicial la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, según la cual «cuando Ia naturaleza de las emergencias exija la entrada en un domicilio, en su caso, con evacuación de personas que se encuentren en peligro», será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 mencionado en el párrafo anterior. »
El segundo pronunciamiento del Juzgado de Granadilla de Abona que significó otro ‘varapalo’ para el Grupo Viqueira fue cuando el juez, mediante una notificación, se dirigió a la pareja de activistas subida a las grúas para confirmarles que la obra había sido parada, lo que unido a la publicación por parte de Viqueira de que había procedido a la ‘paralización total’ de la misma tras haber recibido por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) orden de «paralización cautelar de las obras del hotel de La Tejita por considerar que éstas podrían estar ejecutándose en terrenos que, si bien no forman parte del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), sí podrían resultar afectados por la servidumbre de protección una vez finalice el procedimiento de deslinde del tramo de costa donde se encuentra la playa de La Tejita, en el término municipal de Granadilla de Abona», significaron suficientes argumentos para que la pareja encaramada a las grúas diesen por concluida su acción al haberse conseguido los objetivos de la misma y, según la la Asociación ‘Salvar La Tejita’, acabara con “la victoria del pueblo y las activistas».
El tercer y último pronunciamiento del Juzgado al que nos referimos, se produce el 30 de junio con la libertad condicional que la jueza concedió a la pareja de activistas después de su detención y puesta a disposición judicial tras descender de las grúas, sobre la que Diario de Avisos, con el titular ‘Otra victoria más de los dos activistas de las grúas del hotel de La Tejita: libertad provisional’, publicaba el 1 de julio de 2020:
« Otra victoria más (parcial), ayer, en los juzgados de Granadilla de los dos activistas que permanecieron desde el día 16 al 27 de junio encaramados en las dos grúas de construcción del hotel de cinco estrellas en La Tejita, obras que finalmente paralizó Costas por orden ministerial para revisar la servidumbre de protección.
La magistrada Sandra Peraza San Nicolás, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona, decretó la puesta en libertad provisional de los dos activistas, después de la vista celebrada a primera hora de la mañana.
Tras la apertura de diligencias previas, ayer prestaron declaración las dos personas implicadas, que están siendo investigadas por los delitos de usurpación, coacciones y desobediencia a los agentes de la autoridad, según informaron fuentes del TSJC.
La acusación particular, en nombre del grupo Viqueira, pedía el ingreso en prisión provisional y una orden de alejamiento. Ante esta petición, la autoridad judicial celebró la comparecencia que prevé el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ante la oposición de la defensa y del Ministerio Fiscal a la petición de prisión provisional, la autoridad judicial decretó la puesta en libertad provisional, al considerar que “no hay riesgo de fuga, porque los investigados han comparecido voluntariamente a sus declaraciones en el Juzgado y han facilitado sus correspondientes domicilios”, se dice en el auto.
Según la jueza, “tampoco hay riesgo de obstrucción de la investigación abierta, porque no hay posibles pruebas que pudieran destruir. Y, por último, no se aprecia riesgo real de que reiteren el delito, “teniendo en cuenta que las obras se encuentran provisionalmente paralizadas por orden administrativa”, sentencia la magistrada.
En cualquier caso, la investigación contra los dos activistas continuará, por lo que el procedimiento judicial aún no está cerrado.
VIQUEIRA RESPONDE
La empresa Viqueira, promotora del hotel de La Tejita cuya construcción se ha paralizado de forma cautelar en el municipio de Granadilla, indicó ayer que ha suspendido el contrato con la constructora, subcontratas y proveedores, lo que implica el despido de los trabajadores.
Asimismo, tilda de “inconcebible” que deba afrontar un “episodio de alto riesgo” cuando el proyecto tiene licencia urbanística del Ayuntamiento de Granadilla y autorización del Gobierno de Canarias tras el informe favorable de Costas.
Por ello, avanza en un comunicado que va a ejercitar todas las acciones legales que correspondan contra la orden de paralización del Ministerio de Transición Ecológica, “manifiestamente ilegal y arbitraria”, dictada tras “ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas”.
En su opinión, los hechos ocurridos en las últimas semanas suponen un “gravísimo atentado” a los derechos y libertades de la empresa “por medio de amenazas y coacciones” que dejen sin efecto las autorizaciones administrativas de las obras.
“Además de dejarnos en una situación muy delicada, ha provocado multitud de ataques y agresiones contra el honor de nuestra empresa familiar, que cuenta con una historia de más de 60 años, más de 36 de ellos en las Islas Canarias”, señalan.
Con todo, Viqueira insiste en que seguirá defendiendo el proyecto y acudirá hasta “las últimas instancias judiciales” frente a las “amenazas, coacciones, falsedades y ocupaciones ilegales” de los que se oponen al hotel y que han fomentado la “desobediencia” y el “incumplimiento” del ordenamiento jurídico. »
En fin, supremo ‘enfado’ de Goliat ante esta victoria parcial de David amparada por los pronunciamientos judiciales habidos hasta ese momento.
(Continuará…)