Coalición Canaria en Granadilla de Abona nos ha enviado un comunicado relacionado con el polémico tema de la devolución de aproximadamente 8 millones de euros que el Ayuntamiento tiene que hacer a Unelco en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, cuyo contenido reproducimos:
« El actual alcalde de Granadilla de Abona, el socialista Jaime González Cejas, ha salido estos pasados días en diferentes medios de comunicación tirando balones fuera y culpabilizando al gobierno municipal del 2007 al 2011 (compuesto por Coalición Canaria, Partido Popular y Sí se Puede) de la devolución que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha efectuado a Unelco por valor de 8 millones de euros.
Sin embargo, desde Coalición Canaria en Granadilla de Abona subrayamos que la realidad es contraria a sus afirmaciones, pues el imputado Jaime González Cejas falta a la verdad a la hora de decir que existen informes contradictorios en el cobro del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que ascendía a 6.079.544 €. Estos informes (tanto técnicos como jurídicos) eran favorables, tal y como están recogidos en los archivos municipales.
Por lo tanto, el mandatario granadillero comienza sus planteamientos con engaños, a no ser que lo que prefiriera era que los políticos tomen decisiones contrarias a los informes técnicos, situación por la que precisamente están presuntamente imputados él y siete concejales del partido socialista de la legislatura 2003 – 2007. Es más, en alguna ocasión el regidor granadillero ha manifestado que lo normal en este caso hubiese sido llegar a acuerdos con Unelco, un ‘modus operandi’ que es claramente contrario a la Ley debido a que las cantidades de los impuestos no se negocian.
Pero lejos de asumir su falta de diligencia a la hora de defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas ha convertido en los últimos meses la política granadillera en un circo. Primero por decir que renunciaban a su cargo de forma inminente tanto él como sus actuales concejales imputados y no haberlo hecho hasta la fecha y, segundo, por utilizar los discursos institucionales como el del encuentro con los mayores o el brindis con los propios trabajadores del Ayuntamiento para pedir apoyos políticos, cuando en los medios culpabiliza de una situación de la que es el responsable máximo, ya que no podemos olvidar que fue durante su gobierno, en el año 2012, cuando la documentación requerida por el Tribunal de Justicia no fue enviada en tiempo y forma.
Si bien fueron los servicios jurídicos externos quienes no enviaron esta documentación dentro del plazo establecido, sin embargo el alcalde estaba obligado a ‘estar al tanto’ de un procedimiento tan importante para el municipio. Pero las preguntas que hay que hacerse son: ¿Por qué se esperó al último momento para enviar la documentación? ¿Por qué ésta llegó fuera de plazo, tal y como indica el auto judicial?
Lejos de asumir el error, lo que ha hecho Jaime González Cejas es utilizar políticamente este hecho para decir a los colectivos y vecinos y vecinas en general que los servicios y las subvenciones bajarán en el presupuesto de este año, pero no indica que fue durante su gobierno cuando se recurrió de forma extemporánea. Además, todavía falta por resolverse el recurso que mantiene Unelco con el Ayuntamiento sobre la licencia urbanística y que también puede suponerle a las arcas municipales una cantidad que puede oscilar entre los 400.000 y los 8 millones de euros.
Por último, reiteramos que el grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona actuó en su momento conforme a la Ley y siguiendo los informes técnicos en este caso, tal y como lo acreditan los expedientes municipales. »