(…Continuación)
Los medios informativos provinciales se hicieron eco de la aprobación por el Pleno de la creación de la comisión de investigación para el ‘Caso Endesa’, tal como publicó el Diario de Avisos en un artículo titulado ‘Investigarán las causas de la devolución de 8 millones a Endesa’, cuyo contenido era el siguiente:
« La totalidad de los grupos municipales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (PSC, CC, PP, C’s e IUC) respaldaron la creación de una comisión de investigación sobre el denominado caso Endesa, que ha obligado al Consistorio a abonar, el pasado 31 de diciembre, ocho millones de euros. Esta cantidad es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena en firme al Ayuntamiento a devolver los seis millones abonados en el año 2010 por la compañía Endesa, más los intereses devengados, en concepto de licencia de obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica del polígono industrial. En aquel momento gobernaba el municipio el tripartito formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Sí se puede, y la alcaldesa era la nacionalista Carmen Nieves Gaspar.
En la moción, presentada por el concejal de Ciudadanos, Arquipo Quintero, se acusa a las tres formaciones políticas reseñadas de “establecer una estrategia de ocultamiento de información o informaciones a medias, lo que resulta intolerable para la administración”. No obstante, en su intervención en el Pleno, el edil se mostró más conciliador. “Esta comisión no quiere juzgar a nadie, para eso están los jueces; queremos tener acceso a los expedientes para hacerlos públicos, con el objetivo de saber dónde se produjo el error para que no vuelva a ocurrir en el futuro”.
José Domingo Regalado, portavoz de Coalición Canaria, acusó a Quintero de contradecirse con la moción. “Nos dice que no quiere juzgar a nadie y en la moción acusa al tripartito de ocultar información; nos dice que es para obtener información y pide dar traslado al juzgado de las conclusiones”, señaló. “¿Por qué no llevamos el expediente a la Fiscalía?”, preguntó. “Yo lo tengo claro”, remató. Regalado reconoció la gravedad del pago de más de ocho millones de las arcas municipales, “pero también son graves otras cosas (en alusión a las imputaciones del alcalde y dos concejales) y no se han pedido comisiones de investigación”.
El Partido Popular, a través de su portavoz Marcos González, defendió la actuación del equipo de gobierno en el período 2007-2011 y de los funcionarios municipales. “Hay grandes técnicos en este Ayuntamiento que se han dedicado a trabajar para que toda la información llegue mascada a los concejales”. También manifestó que el dinero ingresado en su día por Endesa “se utilizó en inversiones para el bien del pueblo”. Por último remarcó que el PP no tiene nada que esconder “y si me tengo que unir a algún partido y llevar el tema a la Fiscalía, me uno”.
El único concejal de IUC, Félix Hernández, consideró la comisión una “muy buena idea por cuanto es una herramienta que sacará la verdad a la luz. De lo que se trata es de desnudar el expediente y traer sus conclusiones al Pleno”. También lamentó la actuación del gabinete de abogados contratado entonces por el Ayuntamiento. “Ahí hay una responsabilidad”, advirtió.
Por parte del actual grupo de gobierno intervino el edil socialista Nicolás Jorge, que destacó “la poca claridad” en diferentes aspectos del expediente, “como emplear el término autoliquidación, que no procede, o cuando Antonio Cabrera, concejal de Sí se Puede, hablaba de tasas cuando se trataba de una liquidación de impuestos”. En ese sentido se mostró partidario de “examinar los expedientes y aclarar responsabilidades”. Finalizó su alocución manifestando su preocupación por la “inestabilidad presupuestaria que ha creado en un Ayuntamiento que está saneado”. “Esta circunstancia obliga a hacer recortes en el próximo presupuesto”, sentenció. A pesar del intenso debate en el Salón de Plenos, todos los grupos respaldaron la creación de la comisión de investigación.
Las comparecencias serán voluntarias
La comisión de investigación se constituirá en un plazo de 15 días desde la aprobación en Pleno y sus trabajos tendrán una duración máxima de cinco meses. Los grupos municipales deberán indicar los miembros que formarán parte de la misma, en función del reparto aprobado: el Partido Socialista contará con tres miembros, Coalición Canaria con dos, el Partido Popular con uno y Ciudadanos (Grupo Mixto) también con uno. Se trata de la misma proporción establecida para las comisiones informativas. Se podrá solicitar la comparecencia, que será voluntaria, de técnicos, funcionarios municipales, personal laboral y ex-cargos públicos. Las conclusiones se trasladarán al juzgado competente, si se aprecia algún tipo de irregularidad. »
El Caso saltó en septiembre del pasado año, cuando se supo que el Ayuntamiento de Granadilla tendría que abonar antes de fin de año en torno a los ocho millones de euros a la empresa Endesa en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ese sentido, reproducimos el artículo que por entonces publicó ElDía.es, que con el título ‘Granadilla pagará ocho millones a Endesa por la gestión del tripartito’, decía:
« El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena en firme al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a devolver a la compañía Endesa los seis millones de euros que pagó por la licencia de la obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial del municipio, así como los intereses devengados desde 2010 (año en el que pagó la compañía ese importe) hasta ahora. La cuantía total, que se aproxima a los ocho millones de euros, deberá ser abonada por el consistorio antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso.
Endesa presentó un contencioso-administrativo contra la medida que adoptó el gobierno municipal de entonces (2007-2011), formado por el tripartito Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Sí se Puede (SsP), que tenía como alcaldesa a la ahora ex-nacionalista Carmen Nieves Gaspar Rivero, siendo concejal de Hacienda el popular Esteban González.
Jaime González Cejas, actual alcalde granadillero, atribuye esta situación a «la falta de diligencia, gestión y prudencia» de aquel gobierno local «cuya consecuencia inmediata es poner en peligro la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento», así como «a obligarnos a reducir la inversión destinada a la atención social de los ciudadanos».
El gobierno municipal actual ya ha comenzado las negociaciones con la compañía Endesa para consensuar el pago «y para intentar paliar la situación de forma que el efecto de esta sentencia sea el menor posible sobre los granadilleros».
Una de las causas que el TSJC tiene en cuenta para condenar al Ayuntamiento de Granadilla de Abona en este asunto es «la existencia de informes contradictorios emitidos por la propia corporación» para justificar el importe cobrado por esa licencia.
«Aquella locura del no a todo, no sólo nos ha llevado a este disparate, sino que cuando llegamos al gobierno municipal en 2011, apenas un tiempo después de recibir ese dinero, nos encontramos con un déficit de cuatro millones que tuvimos que asumir».
Quisieron cobrar otros 72 millones de euros
El mismo gobierno municipal (CC-PP-SsP) pretendió sancionar a la empresa Endesa con 72 millones de euros por haber iniciado las obras del segundo ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial del municipio. El juzgado, una vez más, se pronunció en contra de esa pretensión inicialmente porque «no se perciben las garantías suficientes de que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona pueda devolver a la compañía los 72 millones de euros con que la sanciona, en el caso de que la Corporación granadillera pierda definitivamente el contencioso». Y así fue. Perdió definitivamente porque el tribunal entendió que el gobierno dilató el expediente y no concretó la obra realizada objeto de la sanción municipal.
LAS CIFRAS
72 millones de euros era la sanción que impuso el tripartito a Endesa y que el juez rechazó también.
2011 Fue el año en el que, finalmente, entró en servicio el segundo ciclo combinado de la central.
Al final, la obra que pretendió paralizar el tripartito granadillero se completó y el entonces presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y el presidente de Endesa, Borja Prado, inauguraron el segundo ciclo combinado en la central de Granadilla el 10 de noviembre de 2011. La construcción de este nuevo ciclo combinado supuso una inversión de 270 millones de euros. Consta de dos turbinas de gas y una de vapor interconectadas. Con la entrada en funcionamiento del ciclo completo, la potencia de Endesa en la central de Granadilla suma 230 MW más, hasta llegar a 743 MW. El primer ciclo combinado de la central fue inaugurado el 5 de julio de 2006. »
(Continuará…)