El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado recientemente en firme al Ayuntamiento a devolver a la empresa eléctrica Endesa seis millones de euros que en su momento ésta pagó en concepto de ‘licencia de obra’ para realizar la instalación del ‘ciclo combinado’ en la central eléctrica del Polígono Industrial, cantidad a la que hay que sumar los intereses generados desde 2010 (año en el que se realizó el pago) hasta ahora, que da un total aproximado a pagar de unos ocho millones de euros que, según la sentencia, deberán ser abonados antes del próximo 31 de diciembre.
Este problema tiene su origen cuando Endesa presentó un contencioso-administrativo contra la medida adoptada por el gobierno municipal de entonces formado por el tripartito Coalición Canaria – Partido Popular – Sí se Puede (liderado por la alcaldesa Carmen Nieves Gaspar Rivero y siendo concejal de Hacienda Esteban González), de imponerle el referido pago por ‘licencia de obra’.
El actual Alcalde, Jaime González Cejas, dijo que se ha llegado a esta situación de tener que devolver el importe cobrado más los intereses por «la falta de diligencia, gestión y prudencia» de aquel gobierno local «cuya consecuencia inmediata ha sido poner en peligro la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento, así como obligarnos a reducir la inversión destinada a la atención social de los ciudadanos».
Desde el Ayuntamiento ya han tenido que ponerse manos a la obra, comenzado las negociaciones con Endesa “para intentar consensuar el pago y llegar a un acuerdo para paliar la situación de forma que el efecto de esta sentencia sea el menor posible sobre los granadilleros», anunció el Alcalde.
Según recoge la sentencia, una de las causas tenidas en cuenta por las que el TSJC para condenar al Ayuntamiento con la devolución del importe cobrado y los intereses acumulados, es «la existencia de informes contradictorios emitidos por la propia corporación» para justificar el importe cobrado por esa licencia.
«Aquella locura del ‘no a todo’, no solo nos ha llevado a este disparate, sino que cuando llegamos al gobierno municipal en 2011, apenas un tiempo después de recibir ese dinero, nos encontramos con un déficit de cuatro millones que tuvimos que asumir», resaltó Jaime González.
Quisieron cobrar otros 72 millones de euros
El mismo gobierno tripartito también quiso sancionar a la empresa Endesa con 72 millones de euros por haber ésta iniciado las obras del segundo ciclo combinado en la central eléctrica del Polígono Industrial sin la preceptiva autorización municipal, una circunstancia por la que también el juzgado se pronunció en contra de esa pretensión porque, según el ‘auto’, «en el caso de que la Corporación granadillera pierda definitivamente el contencioso, no se perciben las garantías suficientes de que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona pueda devolver a la compañía los 72 millones de euros con que la sanciona «.
Y así fue, el Ayuntamiento perdió definitivamente el caso porque el tribunal entendió que el gobierno municipal tripartito dilató el expediente hasta el extremo que nunca llegó a concretar cuál fue la obra realizada objeto de la sanción.
Finalmente, la obra que quiso paralizar el gobierno tripartito a Endesa (consistente en la construcción de dos turbinas y una de vapor interconectadas) fue terminada por ésta tras realizar una inversión de 270 millones de euros, siendo inaugurada por el entonces presidente del Gobierno de Canario, Paulino Rivero, y por el presidente de la compañía eléctrica el 10 de noviembre de 2011. Con la posterior entrada en funcionamiento de este segundo ciclo, la potencia de Endesa en la central de Granadilla de Abona aumentó en 230 MW más, llegando hasta los 743 MW, sumándose así al primer ciclo combinado de la central que había sido inaugurado el 5 de julio de 2006.