Indagando por la hemeroteca digital más reciente, hemos encontrado una información publicada a principios del pasado mes por eldia.es que por su interés reproducimos y a continuación comentaremos. El texto dice:
«El Ayuntamiento de Granadilla de Abona pagó 20.895 euros a la empresa que elaboró un diagnóstico sobre la red de saneamiento municipal, que incluía el desarrollo de una web para la difusión del plan estratégico de desarrollo sostenible integral del municipio. El abono de esa cuantía fue realizado en virtud de una sentencia que emitió el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, de Santa Cruz de Tenerife, que estimó el recurso del empresario interpuesto después de que el actual gobierno municipal rechazara el pago de las dos facturas en que se divide tal importe.
Esa decisión del grupo de gobierno se debió a que el área de Contratación de la Corporación granadillera emitió un informe desfavorable en el que, entre otras cosas, se especificó que «no consta informe del área de Medio Ambiente que acredite que dicho servicio ha sido realizado y tampoco que el importe facturado se corresponda a precios razonables de mercado, por lo que, a juicio del que suscribe (el técnico), la factura no debe ser abonada».
La empresa en cuestión ingresó 45.231,97 euros por seis proyectos que elaboró para el Ayuntamiento de Granadilla de Abona en el periodo 2008-2011 (gobernaba el tripartito formado por CC-PP-Sí se Puede), «todos por cantidades inferiores a 17.995 euros», evitando así el proceso de contratación negociada.
El documento correspondiente al estudio encargado, aunque «no cuenta con adjudicación», consta de 20 páginas y «es idéntico a los informes que la empresa concesionaria del servicio tiene la obligación de presentar anualmente dentro de su memoria». En el expediente municipal también se refleja que «este proyecto se quedó archivado y no tenía conocimiento ningún técnico municipal de Servicios, Obras u Oficina Técnica, ni siquiera los ex-concejales que ocupaban esos cargos».
El informe elaborado sobre este asunto por el consistorio aclara que «este proyecto no es de interés para el ayuntamiento, cuenta con un sistema informático muy técnico y complicado de utilizar y, además, contaba con otros materiales publicitarios y vídeos» relacionados con las competencias que tenía asignadas entonces Antonio Cabrera, concejal de Sí se Puede. En el momento de producirse esta contratación era primer teniente de alcalde.
En el expediente se dice que «los informes internos» elaborados por el ayuntamiento al respecto «están en posesión del gerente» de la empresa y, además, «la página web es inservible, no tiene contenido». En un momento dado del proceso, en el expediente hay un documento en el que se asegura que «se ha pagado la factura y hemos intentado ponernos en contacto con el autor, sin éxito».»
Esto en un caso clásico que se da a menudo en todas las instituciones públicas cuando sale un grupo de gobierno con unas determinadas ideas y entra otro con otras diferentes que deja de lado ciertas iniciativas del equipo anterior aunque en ellas se hayan invertido mucho dinero, como es el que nos ocupa de una web que fue encargada por la Concejalía de Medio Ambiente en la época del gobierno tripartito (CC – PP – Sí se Puede) cuyo responsable era Antonio Cabrera, que costó 20.895 euros y que el nuevo grupo de gobierno consideró que no debía de abonarse porque era inservible, sin contenido, sin interés para el ayuntamiento, con un sistema informático muy técnico y complicado de utilizar, además de contener otros materiales publicitarios y vídeos relacionados con otras competencias que entonces tenía asignadas Antonio Cabrera (y que con la nueva estructura ya no encajan), etc… Todo ello sostenido por un informe técnico que concluía que la factura no debía ser abonada a la empresa que Antonio Cabrera le encargó el trabajo.
Del escrito se deduce que la factura quedó pendiente de abono por la corporación anterior y pasó a la siguiente, por lo que la empresa cuando quiso hacerlo efectivo se encontró con la sorpresa de que la nueva corporación se lo negaba porque un informe técnico no lo consideraba oportuno, teniendo que recurrir a los tribunales los cuales le dieron la razón dictando sentencia a su favor y debiendo abonarle el Ayuntamiento la cantidad de 20.895 euros demandada, un dinero de tod@s l@s ciudadan@s de Granadilla de Abona que aparentemente se ha tirado a la ‘basura’ por la irresponsabilidad o la mala gestión de alguna de las partes implicadas, las desavenencias entre ellas, los desencuentros políticos, o lo que sea.
En este sentido, cada quien esgrimirá sus razones para justificar su actuación, unos el encargo del trabajo y el gasto correspondiente y otros su negativa a abonarlo, pero la cuestión es que eso nos ha costado a l@s ciudadan@s nada menos que 20.895 euros, por lo que tenemos derecho a una explicación de los hechos por cada una de las partes intervinientes en el caso responsables de la custodia y buen uso de los fondos públicos, a fin de poder juzgar con objetividad los hechos.
Además, a pie de la información anterior publicada por eldia.es que hemos reproducido, una ciudadana hace un comentario sobre su contenido, en el que dice lo siguiente:
«¿No les parece extraño que haya sentencia firme desde el año pasado al respecto?¿Y que este tipo de noticias se publiquen en mayo de este año?. Es triste que el Ayuntamiento no sepa usar este servicio (Sistema de Información geográfico) con el que otros compatriotas con más suerte venden en EEUU y llegan a acuerdos con Google. Es triste que se arrincone una inversión (muy por debajo de los precios de mercado) simplemente porque la encargó el equipo de gobierno anterior. ¡Anímense a usarla, cualquier técnico competente puede!»
Este comentario abre aún más el abanico de dudas sobre las posibles causas de la pérdida de este dinero de tod@s l@s ciudadan@s del municipio y su posible deficiente gestión por alguna de las partes responsables, a las cuales les pediremos su versión de los hechos para que todo quede bien aclarado.
Continuaremos informando sobre este asunto.