Sin ninguna duda, la noticia que sobresale y que supera a cualquier otra en nuestro municipio en estos momentos es la que se refiere al anuncio de dimisión de sus cargos que han presentado el Alcalde y los concejales Nicolás Jorge Rodríguez y Ana Esther Flores Ventura por motivo de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la imputación por una presunta prevaricación a la que éstos habían recurrido y que da vía libre a que continúe el procedimiento judicial contra ellos, el cual podría acabar en la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación con penas de inhabilitación para cargo público de siete a diez años.
Jaime González Cejas y los mencionados concejales han presentado su dimisión en cumplimiento del código ético del PSOE, que señala la apertura del juicio oral contra cualquier miembro del partido que ocupe un cargo público como la ‘línea roja’ para que éste presente su renuncia.
Según indica el Partido Socialista de Granadilla en un comunicado de prensa, ésta decisión se toma ante el auto de confirmación de procedimiento abreviado adoptado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en el procedimiento judicial iniciado por Coalición Canaria y Sí Se Puede hace más de nueve años, por el cual se denunciaban unos hechos que se refieren a presuntas irregularidades en la concesión de licencias durante el mandato 2003-2007.
En dicho comunicado, el propio Alcalde “respetuosamente” manifiesta su desacuerdo con el auto de la Audiencia Provincial y expresa su convencimiento de que tanto él como sus compañeros concejales probarán su inocencia en el correspondiente juicio oral que se señale al respecto. Insiste Jaime González Cejas en que siendo “respetuoso” con las decisiones judiciales, sin embargo no comparte los razonamientos de la Audiencia Provincial contenidos en el auto que se ha notificado a las partes.
«Sólo perseguían el afán de obtener rédito electoral para las elecciones de 2007», indica el comunicado de los socialistas granadilleros en referencia a la denuncia que CC presentó en 2006 y que fue el origen de todo, a la que se sumó Sí Se Puede, resaltando que ya el juez titular que tuvo a su disposición todos los expedientes dictó un auto en 2011 en el que se absolvía provisionalmente al Alcalde y al resto de miembros de la junta de gobierno denunciada.
También señala el PSOE que el ministerio fiscal, que en todos estos años no había asistido a ninguna de las actuaciones de instrucción de los casos denunciados, sin embargo recurrió el auto de sobreseimiento más de un año después de su dictamen, recurso que fue rechazado por un segundo juez «con excepción de una cuestión meramente administrativa» referida al hecho de que el secretario y un aparejador de la corporación municipal emitiesen informes contradictorios en relación a una licencia concreta.
«Estamos convencidos de nuestra inocencia y puesto que ya la justicia nos ha dado la razón hasta por dos veces en los juzgados de instrucción, no tenemos dudas de que nos absolverá», agrega el Alcalde en el comunicado, donde también reprueba «la exposición mediática y social» que supone una injusticia, demandando que se dispongan los mecanismos adecuados y los medios necesarios para que esto no ocurra.
«La grandeza política va unida a la coherencia personal, al respeto a unos principios y el servicio a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio, por lo que ponemos su buen nombre y el de la institución municipal por encima de todo, y eso a veces exige sacrificio personal», continúa exponiendo Jaime González Cejas, que añade: «Para defender la inocencia de la junta de gobierno, del grupo socialista y las ideas y los códigos que nos hemos impuesto, debemos tomar esta decisión para no perjudicar la intachable trayectoria de honestidad y servicio a los intereses generales de los granadilleros y mantener la estabilidad del actual gobierno municipal».
Con esta decisión, argumenta, «evitamos convertir el pleno municipal en un circo permanente de bajeza política por parte de Coalición Canaria, y sobre todas las cosas, contribuimos a que el nombre de Granadilla de Abona no sea puesto en entredicho por un partido y unas personas que sólo buscan el descrédito permanente del rival».
Finaliza el Alcalde el comunicado anunciando que la dimisión que presentarán supone su desvinculación del Ayuntamiento y del Partido Socialista Canario “para defendernos con todos los medios a nuestro alcance, sin ataduras para demostrar nuestra inocencia y honestidad en la gestión municipal durante tantos años».
A continuación reproducimos el artículo referido al mencionado auto dictado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que con el título La Audiencia ratifica la imputación del alcalde de Granadilla por prevaricación, publicó eldiario.es el pasado martes día 2 de diciembre, cuyo contenido es el siguiente:
« La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la imputación del actual alcalde de Granadilla de Abona, el socialista Jaime González Cejas; el ex-concejal de Urbanismo, Nicolás Jorge Hernández, y el resto del grupo de gobierno del mandato 2003-07. Además, la Audiencia también da vía libre a que continúe el procedimiento judicial que puede acabar en la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación con penas de inhabilitación para cargo público de siete a diez años.
La Audiencia ratifica un auto anterior del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona, a través del cual se acordó la imputación del grupo de gobierno socialista de aquel mandato por una serie de hechos presuntamente delictivos. Son objeto de investigación las licencias solicitadas por la entidad Vimédano S.L., dado que el alcalde en aquel momento era propietario de 440 acciones de Médano Beach Sur con un valor de más de 13.000 euros, compradas luego por Vimédano por valor de 220.000 euros. De hecho las investigaciones detectaron incrementos patrimoniales coetáneos a los hechos investigados y no justificados o de difícil justificación, por parte del alcalde, de Jorge Fidel Rodríguez Gaspar y de José Antonio González Cejas.
La Audiencia ve relaciones entre la aprobación del Plan Parcial Médano Park y Vimédano S.L., con el alcalde que era accionista de Médano Beach Sur, beneficiaria de este plan, y su consiguiente aumento del valor patrimonial, ya que los terrenos pasaron de rústicos a urbanizables.
Bajo sospecha está la concesión de una larga serie de licencias. Una de ellas fue otorgada a un constructor sin que se hubieran subsanado incumplimientos advertidos en informes técnicos en materia de habitabilidad y prevención de incendios. Igualmente se detectó falta de correlación entre las superficies sobre plano de las viviendas construidas y las plazas de garajes.
Los imputados habían presentado un recurso contra el auto emitido en febrero que ha sido rechazado por la Audiencia que da la razón al Ministerio Fiscal y a la formación política Sí se Puede. En concreto, se ratifica la sospecha de que el grupo de gobierno liderado por González Cejas también pudo cometer prevaricación en otra urbanización de viviendas, que en un principio tenía previstas 40 casas y finalmente se edificaron 53. El posible delito se situaría no tanto en la cantidad de viviendas sino en una serie de cuartos lavaderos no previstos en los planos originales autorizados por el Ayuntamiento.
El juez instructor en su momento y la Audiencia ahora consideran que el ex-concejal Nicolás Jorge habría cometido otro posible delito de prevaricación -todos ellos penados entre siete y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público- por la concesión «arbitraria e injusta» de una licencia de televisión. «En la tramitación de este expediente se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido por parte del concejal responsable. El expediente brilla totalmente por su ausencia», se indicó en el auto emitido a principios de este año.
En el mismo también se refleja que la concesión de esas licencia de TDT a la empresa Handy Men con un presupuesto inicial de 89.817 euros, se convirtió al final en una factura de 109.602,15 euros sin que juez ni fiscal ni la Audiencia hayan entendido todavía a qué se debió esa diferencia.
La causa abierta contra el alcalde socialista del sur de Tenerife y su grupo fue archivada en un primer momento en 2011 y, tras un recurso ante la Audiencia Provincial, se reactivó en febrero y se mantiene ahora. La Audiencia, no obstante, mantiene el sobreseimiento provisional y archivo de la imputación de Jorge Hernández por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias.
Son objeto de análisis de esta causa las licencias solicitadas por la entidad Inversiones Costa Atlántica, en la que participaba el entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fidel Rodríguez Gaspar, además de mantener también relación por medio de familiares de forma directa o indirecta. Él mismo se ausentó de la reunión de la Junta de Gobierno, con lo cual el resto de los miembros ahora imputados estaban al tanto de estas vinculaciones. En aquel entones se concedieron autorizaciones para construir un edificio de 23 viviendas y garaje con 19 plazas de aparcamiento, otra para ejecutar dos edificios de 12 viviendas y garajes y otro de 18. Hechos que pudieron constituir la comisión de delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias y ordenación del territorio y urbanismo. Más aún cuando la concesión de licencias no tuvo en cuenta los informes negativos que se emitían. En este caso se considera que el ex-concejal intentó influir sobre los técnicos para que cambiaran sus dictámenes.
También es objeto de investigación la instalación de 130 placas fotovoltaicas por parte del ITER a las que siguieron otras 70, pese a los informes técnicos que se mostraba en contra de esta ampliación. Francisco José Martínez Cejas, no obstante, pidió un crédito para participar en esta iniciativa. La ex-concejal de Cultura, Ana María Casimiro Pérez, también ha resultado imputada por las sospechas que existen sobre determinados contratos firmados en su día. »