El ‘caso Rypaig’ es un asunto del que vamos a ir informando convenientemente y sin prisas, que dicen que no son buenas consejeras. La cuestión es que la gestión del desarrollo de esta infraestructura calificada como modélica, una vez iniciado el proyecto durante el mandato del tripartito CC – PP – Sí se Puede (2007-2011) y continuado por los siguientes gobiernos municipales, ha supuesto que a día de hoy el Ayuntamiento tenga que abonar 3,5 millones de euros por no haber cumplido el plazo de finalización de la obra, cantidad que finalmente tendremos que pagar tod@s l@s granadiller@s. Puesto que el caso, como decimos, lo iremos tratando con más profundidad, sin embargo vamos a exponer unas muestras de los efectos que éste está teniendo en cuanto al debate político se refiere (más allá de las consecuencias económicas), en que está habiendo un enfrentamiento ‘a cara de perro’ entre los grupos municipales socialista y nacionalista, visualizado más concretamente entre sus respectivos portavoces, Juan Rodríguez Bello y Jacobo Pérez Cabrera.
Así, a modo de ejemplo, el pasado 24 de abril Diario de Avisos publicaba un artículo de Juan Carlos Mateu titulado ‘El Ayuntamiento, obligado a abonar 3,5 millones por no construir en plazo un vivero de empresas’, que decía:
« El Ayuntamiento de Granadilla tendrá que abonar 3,5 millones de euros de forma inminente tras no haber construido en el plazo estipulado un vivero de empresas en el Polígono Industrial, un proyecto que debió estar finalizado en 2012 y para el que recibió una subvención del Ministerio de Industria de 251.120 euros y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2,5 millones a devolver en 10 años, cantidades que ahora tiene que entregar con los correspondientes recargos.
El proyecto Rypaig (Reindustrialización y Potenciación de la Actividad Industrial en Granadilla) nació en 2010 de la mano de la empresa pública municipal Grasur y contemplaba un edificio emblemático provisto con salas de reuniones, espacios para oficinas y auditorio para conferencias.
Con cargo a una primera aportación económica del Ministerio de Industria, se procedió a las obras de vaciado de la parcela. A partir de ahí llegó una segunda subvención de 251.120 euros y el citado préstamo del ICO, de 2,5 millones, sobre un presupuesto total de 3.334.000 euros.
El Ayuntamiento no ejecutó en su totalidad las inversiones ni los gastos previstos en esta fase (alcanzó un 85%), atribuyéndolo a la difícil situación financiera de la empresa adjudicataria (la crisis golpeaba al sector de la construcción), lo que provocó la resolución del contrato y la devolución de la parte proporcional del préstamo y la subvención: 357.649 y 35.925, respectivamente.
La obra quedó paralizada durante casi tres años hasta que el 29 de octubre de 2015 el pleno del Ayuntamiento acordó consignar en el presupuesto para 2016 la cantidad de 548.104 euros y un cronograma de trabajo para terminarla antes del 30 de junio de 2016. El Consistorio reaccionaba así después de recibir la notificación desde el Ministerio de Industria en la que se le comunicaba el inicio del expediente de reintegro total de las cantidades recibidas. Grasur llegó a pedir en Madrid más tiempo para obtener la financiación necesaria. Pero tampoco se movió nada, entre otras cosas porque los presupuestos se aprobaron a mediados de año.
“NO SE HIZO NADA”
“Cuando llegamos al gobierno municipal, en octubre de 2016, ni se había iniciado expediente, ni se había hecho la contratación, ni había obra en marcha, es decir, en los nueve primeros meses del año tampoco se había hecho nada”, afirmó a este periódico el concejal de Economía, Hacienda y Desarrollo Económico, Jacobo Pérez (CC). “Procedimos, sin tiempo que perder, a licitar y a adjudicar las fases I y II del edificio, pero ya era tarde”. El Gobierno central ya había resuelto la “revocación total de préstamo y la subvención al no haberse acreditado prueba alguna que confirmara que se habían reanudado las obras en el vivero de empresas”, según se indica en la comunicación del Ministerio de Industria.
El pasado miércoles 12 de abril llegó al Ayuntamiento un documento de la Agencia Tributaria para que se abone antes del 20 del presente mes la subvención total y el préstamo, más los intereses de demora y recargos de apremio, lo que supone una cantidad próxima a los 3,5 millones de euros. Un varapalo en toda regla a las arcas públicas del Consistorio granadillero. “No hemos podido pagar en ese plazo porque es imposible montar en tres o cuatro días un expediente por esa cantidad económica; ahora nuestra prioridad es buscar fórmulas para que no se altere la estabilidad presupuestaria”, explicó el edil.
Jacobo Pérez considera “gravísima” esta situación que achaca a una “nefasta actuación” del anterior grupo de gobierno. “Estamos obligados a actuar porque los informes técnicos nos avisan que probablemente exista una dejación de funciones, una negligencia en la gestión”. De momento, se ha convocado con urgencia al Consejo de Administración de Grasur, se ha iniciado un expediente para solicitar un préstamo y esta semana se llevará a Pleno, también con carácter urgente, la petición de autorización de financiación por parte de Grasur, empresa que tiene que hacer frente al pago.
Mientras, la obra fue entregada en febrero y ahora falta de dotar de mobiliario al edificio, que abrirá sus puertas a lo largo de este año. »
Como contrapartida a estas manifestaciones de Jacobo Pérez, reproducimos el artículo que el pasado 1 de mayo publicó ELDÍA.es con el título ‘El PSOE pide que dimita el edil de Hacienda por la gestión de Rypaig‘, que decía:
« Juan Rodríguez Bello, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pide la dimisión o destitución del concejal de Economía, Hacienda y Desarrollo Económico, Jacobo Pérez, por la gestión del proyecto Reindustrialización y Potenciación de la Actividad Industrial de Granadilla (Rypaig). Al no estar concluido en el plazo previsto, la Agencia Tributaria reclama al Ayuntamiento granadillero la devolución íntegra de una subvención del Ministerio de Industria de 251.120 euros y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2,5 millones, además de los intereses de demora y recargos. O sea, unos 3,5 millones de euros.
El concejal socialista recuerda que suscribió el contrato para realizar la tercera fase de este proyecto el 31 de agosto de 2016, casi un mes antes de la moción de censura que desalojó al PSOE del gobierno municipal. Firmó en su condición de vicepresidente y consejero delegado de Grasur.
Con posterioridad, en el expediente de este proyecto aparece una propuesta de liquidación de las obras correspondientes a esta fase que contempla las fechas de inicio (27 de septiembre de 2016) y de terminación (27 de enero de 2017). Y otro documento más. La providencia de apremio de la Agencia Tributaria en la que consta que el plazo de pago en período voluntario finalizó el 20 de enero de 2017 (cuatro meses después de la moción de censura), motivo por el cual se establece un recargo de apremio en contra de Grasur por importe de 496.540,69 euros.
Rodríguez Bello acusa al portavoz de Coalición Canaria, Jacobo Pérez, de «mentir de forma descarada para esconder su incompetencia como gestor público».
La situación recuerda a la vivida en 2015, cuando el Ayuntamiento de Granadilla de Abona (gobernado entonces por el PSOE) cumplió, el 31 de diciembre, la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo condenó a devolver a la compañía Endesa los seis millones de euros que pagó -mientras gobernaban el municipio CC, PP y Sí se Puede- por la licencia de la obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial de Granadilla, así como los intereses devengados desde 2010.
Pérez culpa a Rodríguez
El portavoz del grupo de gobierno de Granadilla de Abona, Jacobo Pérez Cabrera, acusa al Grupo Municipal Socialista y responsabiliza al entonces responsable de Urbanismo y presidente de la empresa pública municipal Grasur, Juan Rodríguez Bello, «de que las arcas públicas tengan que devolver una subvención y un préstamo de 3,5 millones de euros por no cumplirse con la ejecución del Rypaig (Reindustrialización y Potenciación de la Actividad Industrial en Granadilla) en el Polígono Industrial», proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria.
Desinterés y desidia
Jacobo Pérez asegura que «debido al desinterés y la desidia socialista, que no gestionó y cumplió con los plazos estipulados», el consistorio tendrá que devolver ese dinero «con recargos». El pasado 12 de abril la Agencia Tributaria recabó al Ayuntamiento su abono antes del pasado 20 de abril. El concejal de Hacienda y de Economía explica que «en estos momentos estamos trabajando para buscar las fórmulas que menos afecten a la estabilidad presupuestaria, debido a una gravísima negligencia, que avalan los técnicos municipales, y que es responsabilidad única y exclusivamente del grupo socialista». »
Como dijimos, continuaremos informando de este asunto con la mayor independencia, transparencia y rigurosidad posibles.