Día Internacional contra la Corrupción

10 Dic, 2014 | Política, Sociedad | 0 Comentarios

El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, cuyo objetivo fue crear conciencia contra esta problemática y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, designando el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

‘Rompe la cadena de la corrupción’ es el lema elegido para 2014. La corrupción, o sea, el abuso del poder para beneficio personal, es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. La corrupción carcome las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos.

La corrupción impide el desarrollo económico ya que desalienta la inversión y a las pequeñas empresas les resulta a menudo imposible sobrevivir. En los países en los que se percibe altos niveles de corrupción, el ingreso per cápita es menor, la distribución del ingreso es más injusta y hay bajos niveles de inversión y de crecimiento económico. El grado de desarrollo de un país está relacionado negativamente con los niveles de percepción de la corrupción, por lo que podemos decir que ésta es una de las características del subdesarrollo.

La corrupción hace que se destinen más recursos públicos a proyectos en los que hay más probabilidades de obtener un beneficio personal en perjuicio de las prioridades del desarrollo del municipio, de la comarca o del país, o sea, los llamados ‘pelotazos’. Estos ‘pelotazos’ no solamente alejan recursos de las necesidades reales de inversión, sino que con el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de seguridad y de protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para el ecosistema.

El relajamiento en las normas jurídicas promueve la corrupción, favorece el fraude, la evasión fiscal y el crecimiento de economías informales. La corrupción también perjudica a los sistemas de impartición de justicia y reduce en general la calidad de los servicios públicos. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla, creando un círculo vicioso que de no detenerse a tiempo puede crecer y volverse incontrolable.

En nuestro país, el día de esta conmemoración llega precisamente cuando la corrupción es motivo de un intenso debate político y cuando los partidos tratan de enfrentar ante la opinión pública los múltiples casos que les afectan. Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado a principios de este mes, la preocupación por la corrupción bate récords históricos en España, pues junto con el paro es el principal problema para el 63’9% de los españoles. Es éste un dato que ha aumentado nada menos que en 21 puntos respecto al sondeo de octubre. En ese sentido, el lema ‘Rompe la cadena de la corrupción’ insta también a la colaboración ciudadana para que denuncien aquellos casos de corrupción de que puedan ser conocedores.

Un estudio de Transparencia Internacional sitúa a España en el número 37 de 175 países en percepción de la corrupción, tan sólo tres puntos encima de los que obtuvo en la edición anterior. Según este dato, España se sitúa claramente por detrás de países de nuestro entorno europeo. Dinamarca es el país mejor posicionado de todo el mundo, seguido por Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Noruega, mientras que España es únicamente superado por Grecia e Italia.

Según el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, aunque la corrupción en nuestro país no es un problema estructural sí es especialmente alarmante en política por la connivencia de los cargos públicos con determinadas empresas.

Corrupción política 1

 

 

ALGUNAS PROPUESTAS

Coincidiendo con la conmemoración de este día, varias asociaciones representativas de distintos ámbitos de la justicia han emitido sus propuestas para afrontar este problema. Así, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Barcelona ha publicado un manifiesto en el que instan a la inversión urgente en recursos humanos y económicos en la Administración de Justicia, así como una respuesta penal más eficaz en delitos de prevaricación, tráfico de influencias y soborno, y una ampliación de los períodos de prescripción de estos delitos.

Asimismo, la pasada semana, a la conclusión de la XXIV edición de sus Jornadas Nacionales, los 45 jueces decanos españoles plantearon 58 medidas para hacer frente a los casos de corrupción. El documento, en el que se hace un diagnóstico grave sobre la situación de la corrupción en España, asegura que “la democracia se encuentra hoy en una situación  muy delicada a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia».

Sus propuestas contemplan, entre otras, un aumento en el número de jueces,  «hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes» (ahora solamente hay 11), triplicar la partida destinada a la justicia para que represente un 3% de los Presupuestos Generales del Estado, un reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial, Gobierno y comunidades y una modernización informática de la Justicia. Sus medidas pasan también por una reforma del Código Penal para ampliar la prescripción, la contemplación del delito de enriquecimiento injusto y de financiación ilegal de los partidos políticos, así como un incremento de las penas para delitos de corrupción.

Los jueces plantean, además, que se rebaje la cantidad a partir de la cual se considera que existe delito fiscal que hoy está situada en 120.000 euros, introducir el delito de obstrucción para aquellos casos en los que una institución no remite la información requerida, un cambio en la selección de los miembros del Tribunal de Cuentas y el Constitucional, suprimir los privilegios que permiten a ciertas autoridades declarar por escrito y, por último, una revisión del ‘aforamiento’ (un fuero especial jurisdiccional que tienen los diputados de las Cámaras, que implica que las causas que se puedan seguir contra ellos sólo las pueda llevar un tribunal concreto -El Superior de Justicia para los diputados autonómicos o el Supremo para los estatales-)

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