Tras triunfar la ‘moción de censura’ el pasado 27 de septiembre promovida por los nacionalistas granadilleros, han sido numerosos los artículos publicados sobre el asunto por las repercusiones que está teniendo en la estabilidad del ‘pacto’ del gobierno regional entre CC y el PSC-PSOE, especulándose con el papel jugado por los protagonistas de esta rocambolesca historia llena de intrigas, traiciones y promesas incumplidas, conformada por un plantel de actores de ambos bandos enfrentados ‘a cara de perro’.
Así, en el bando de CC tenemos a los siete concejales censurantes encabezados por el ahora alcalde José Domingo Regalado, negándose a retirar la ‘moción de censura’ según pedían los socialistas para ‘dejar la fiesta en paz’; a José Miguel Barragán, Secretario General de CC y partidario de una sanción ejemplar y contundente contra los censurantes, a los que exige que den marcha atrás o serán expulsados del partido; a Fernando Clavijo, Secretario de los nacionalistas tinerfeños y presidente del Gobierno, firmante de un pacto de ‘respeto’ por el que los nacionalistas granadilleros se comprometían a facilitar el gobierno en minoría presidido por Jaime González Cejas y al que los socialistas canarios reclaman que cumpla con su palabra parando la ‘moción de censura’. También aparecen, aunque en un papel más secundario, José Miguel Ruano (secretario de Organización regional) y Rosa Dávila Mamely (secretaria de Organización en Tenerife y consejera del gobierno de Canarias), férrea defensora de la ‘moción de censura’.
En el otro bando, el socialista, tenemos a los granadilleros ‘investigados’ (antes ‘imputados’) Jaime González Cejas y Nicolás Jorge exigiendo con contundencia a Clavijo que cumpla con lo pactado; a Julio Cruz, secretario de Organización regional, encargado por el PSC-PSOE para exigir a José Miguel Barragán que expulse a los concejales granadilleros censurantes si éstos no retiran la ‘moción de censura’; a Patricia Hernández, vicepresidenta del Gobierno de Canarias y socia de Fernando Clavijo, cuya gestión ha sido seriamente cuestionada por los alcaldes socialistas del Sur de Tenerife que la habían aupado como candidata del PSC-PSOE al gobierno regional. En menor medida también aparece Héctor Gómez, secretario de Organización de los socialistas tinerfeños.
Ubicados en nuestros asientos de este ‘teatro’, como espectadores de la obra representada en el escenario por estos actores, vamos a observarla según el guión escrito por el periodista Francisco Pomares que el pasado día 3 publicó en ELDÍA.es una crónica detallada de los hechos que, por su interés, reproducimos a partir del momento en que el Secretario General de CC, José Miguel Barragán, envió un correo al secretario de Organización del PSC-PSOE, Julio Cruz, comunicándole la decisión tomada por CC de expulsar a los concejales promotores de la ‘moción de censura’ si éstos no la retiraban. La crónica de esta primera parte, titulada ‘El acuerdo que no se firmó’, decía:
« En ese correo, el último de los que Julio Cruz dice haber recibido de Barragán, este le comunica que al día siguiente enviará la expulsión de los concejales de Granadilla -que le adjunta- al registro municipal, y le pide que el alcalde ayude a notificarla a los concejales, dado que el secretario municipal se había negado la vez anterior. Al final las comunicaciones de expulsión serán transmitidas, una a una, a José Domingo Regalado, María de la O Gaspar, María Candelaria Rodríguez, Eudita Mendoza, María Concepción Cabrera, Jacobo Pérez y Ramón Fredy Oramas, por vía telemática. A los siete se les comunicó que se les expulsaba «por incumplimiento grave de los Estatutos del partido», y se les advirtió de que la decisión había sido adoptada después de estudiar las alegaciones que presentaron tras la comunicación de apertura del expediente de expulsión. Aún así, los concejales disponían de otras 24 horas para presentar recursos ante la secretaría general de Coalición Canaria, que transmitiría las alegaciones para ser sustanciadas ante la Comisión Ejecutiva Nacional, en una reunión convocada para el sábado 24. Igualmente, se les dijo que el lunes, si no deponían en su actitud de mantener la censura contra González Cejas, se notificaría la expulsión de manera formal al Ayuntamiento «a los efectos previstos en la legislación electoral», es decir, para que no prosperase la moción de censura.
La expulsión de los concejales debería haber relajado la situación, pero no fue así, todo lo contrario: las cosas se pusieron aún más difíciles. Ni el PSOE, decidido a no permitir nada que no fuera la retirada de la censura, ni Coalición, que -al menos en Tenerife- apostaba por mantenerla, torcían su brazo. Y además, comenzaban a trascender dificultades dentro de los propios partidos. Las críticas desde el entorno de Clavijo a Barragán, partidario de una sanción ejemplar y contundente, aumentaban según se acortaban los plazos para el ‘Día D’, fijado para el martes 27. En el PSOE se hablaba de una creciente desafección de los alcaldes del Sur de Tenerife hacia la acción del Gobierno, y más concretamente hacia la que había sido su candidata a presidirlo, Patricia Hernández, cuya gestión como socia de Clavijo comenzaba a ser abiertamente cuestionada. En ese ambiente de conflicto y división, con mensajes contradictorios y posiciones cada vez más maximalistas, Fernando Clavijo se ve obligado a intervenir -muy a regañadientes- para evitar que Granadilla se lleve por delante su gobierno y desencadene una cascada de mociones de censura y conflictos en todas las corporaciones locales, que afectaría incluso a la estabilidad interna de su propio partido.
A Clavijo le conviene parar esta censura, no le viene bien una entrega del Gobierno al PP, rechazada de plano por los nacionalistas majoreros, ni un dominó municipal que podría provocar serios problemas en Lanzarote. Pero también sabe que no le va a resultar fácil arreglar el estropicio desatado en Tenerife por la censura de Granadilla. Pero le tocará hacerlo, quemarse en la búsqueda de una solución, porque fue él personalmente quien firmó el acuerdo municipal de Granadilla después de las elecciones de 2015, después de que Regalado se negara a firmarlo, y fue él quien garantizó que no habría ninguna censura contra González Cejas. Porque Clavijo sigue siendo secretario general de Coalición Canaria en Tenerife. Pero sobre todo porque es la única persona que podría ya parar esta censura, y aún a él le costará mucho hacerlo. Cuando a finales del verano de 2015 se produjo la censura minúscula de los socialistas en el municipio de Frontera, Clavijo se implicó hasta la médula, presionó al PSOE hasta lo inimaginable, y logró darle la vuelta a la tortilla. Y si Frontera valía arriesgar la estabilidad de su Gobierno, es de suponer que Granadilla también vale poner en juego la de su partido…
Encerrado en su despacho de Presidencia del Gobierno desde el mediodía del viernes con Barragán y Ruano, y con Patricia Hernández entrando y saliendo cada vez más inquieta, Clavijo autoriza la preparación de un documento que incorpora las condiciones que -según Barragán- se han acordado con Julio Cruz para evitar que se produzca la ruptura. En el documento, al que se incluirán leves modificaciones el día siguiente, aparecen espacios para las firmas de Nicolás Jorge y Héctor Gómez por el PSOE y José Miguel Ruano y Rosa Dávila por Coalición. En él se plantea un acuerdo basado en cuatro puntos:
«1.- El concejal Nicolás Jorge Hernández presentará la renuncia a su acta de concejal el próximo lunes día 26 de septiembre de 9 a 10 de la mañana en el registro de entrada principal del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
2.- Los 7 concejales de CC retirarán ese mismo lunes, de 9 a 10 de la mañana, y de manera simultánea, es decir, en un mismo escrito, la moción de censura presentada sin autorización alguna de los órganos del partido de CC; en ese mismo momento uno de los concejales de CC renunciará a su acta para evitar posibles complicaciones legales.
3.- Ambas fuerzas políticas se comprometen a negociar un acuerdo de gobernabilidad para dicho municipio acorde a los criterios establecidos por el Pacto por la Gobernabilidad de las Corporaciones Locales firmado por ambas fuerzas políticas; en dicho acuerdo se recogerá, en el caso eventual de la salida por renuncia del actual alcalde, el apoyo a un nuevo alcalde del PSOE. Asimismo en dicho pacto no se incluirá a ninguna otra fuerza política, salvo acuerdo entre ambas partes, y se considerará la posible salida de algún concejal de los grupos por incompatibilidades personales.
4.- En el caso de que los concejales de CC no retiren la moción de censura, en el plazo anteriormente dicho, CC procederá a hacer ejecutiva la expulsión definitiva de los concejales que no accedan a la retirada de la misma impidiendo de esa manera la materialización de la moción de censura.»
No se trata ya solo de ganar tiempo: los concejales de Granadilla se comprometen a no presentar la censura, e incluso a apoyar a un nuevo alcalde del PSOE tras la apertura de juicio oral y subsiguiente dimisión de Cejas, si previamente a la censura se produce la dimisión de un concejal del PSOE y otro de Coalición, y se acuerda incorporar a Coalición en la mayoría de Gobierno. Según Barragán, Julio Cruz, al que se le ha leído la propuesta, ha considerado razonables esas condiciones, y el documento es enviado a las cinco y dos minutos de la tarde del viernes desde el correo de Barragán al presidente Clavijo, a Patricia Hernández, a Héctor Gómez y a Nicolás Jorge.
En la convicción de que ese acuerdo cuenta ya con el apoyo del PSOE, al día siguiente Clavijo logra aprobarlo en una tensa reunión de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria, celebrada en Las Palmas. En ella, se autoriza la expulsión del partido de los concejales que presentaron la censura si no cumplen con el acuerdo fijado en el texto, que es revisado telefónicamente de nuevo con Julio Cruz, introduciendo leves cambios: uno es la propia firma de Cruz, que sustituye a Héctor Gómez, y otra es la sustitución de Rosa Dávila y Ruano, que serán cambiados a petición de Cruz por el portavoz de los censurantes, José Domingo Regalado, por el vicesecretario general de Coalición en Tenerife, Francisco Linares y por el propio Barragán. Al parecer, los socialistas no se fían de que Regalado vaya a cumplir el acuerdo, y quieren ver su firma estampada al pie del mismo. Se decide convocar una reunión para el domingo a las ocho y media en la sede del grupo parlamentario nacionalista ubicada en el Parlamento de Canarias de Teobaldo Power. »
(Continuará con el título ‘Últimos esfuerzos a cara de perro’…)