A finales de octubre de 2019 la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife anunciaba que invertiría en sus instalaciones unos 200 millones de euros hasta el año 2023, cantidad con la que se pretendía completar las infraestructuras del Puerto de Granadilla de Abona y reforzar las instalaciones del resto de puertos de la provincia.
Dicha inversión fue acordada con Puertos del Estado en una reunión mantenida entre el presidente de la Autoridad Portuaria y su director con el titular de la entidad estatal y su equipo directivo con el objetivo de cerrar el Plan de Empresa 2020 que ya se había consensuado en julio del mismo año.
En lo que a inversión inmediata se refería, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife recibiría a lo largo de 2020 una inversión de 20,5 millones de euros, cantidad sólo superada por la dársena del Puerto de Granadilla con una cifra de 21,5 millones. El resto del total de la cantidad acordada se destinaría al Puerto de La Palma (2,9 millones), al de Los Cristianos (3,6 millones), al de La Estaca (un millón) y al de La Gomera (521.000 euros).
La Autoridad Portuaria anunciaba que en 2020 concluiría la redacción del proyecto de trazado y construcción del viario de conexión del puerto de Granadilla con la autopista TF-1, con lo que en 2021 comenzarían las obras correspondientes al tramo dentro de la zona de servicio del Puerto que supondría una inversión de 25,7 millones de euros.
También anunciaba que un año después, a finales de 2022, se preveía que concluyeran las obras de cierre del Muelle de Ribera, teniendo de esa manera disponible todo el atraque del Puerto. Dicha obra, cuya ejecución es considerada de vital importancia por la Autoridad Portuaria, arrancaría en 2021 con una asignación de algo más de un millón de euros sobre el total de veinte millones presupuestado.
Una cifra mayor, concretamente 9,5 millones de euros, sería la destinada en 2020 al viario y redes básicas de la dársena en su 1ª fase, cuya ejecución anunciaba que estaba previsto acabar en 2021 y a las que les correspondería una asignación económica de algo más de 14 millones de euros.
También anunciaba que el edificio de Servicios y el Centro de Inspección Portuaria, con una inversión total conjunta de 8,3 millones, contarían con una asignación superior a los tres millones cada uno para 2020, edificaciones que una vez concluidas y operativas aportarían nuevas mejoras al recinto aduanero del Puerto.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informó que entre 2015 y 2018 había facturado una media de 45 millones de euros al año, con lo que obtuvo unos beneficios anuales de trece millones de euros, correspondiendo las inversiones mencionadas recogidas en el documento acordado en la reunión en parte a estos recursos generados por la propia entidad en sus operaciones portuarias y en parte a fondos de financiación europeos y créditos a largo plazo.
El pasado 27 de enero el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife anunciaba que había acordado llevar a cabo la contratación de las obras de la primera fase del Centro de Inspección Portuaria del Puerto de Granadilla de Abona por una cantidad próxima a los tres millones de euros y por un plazo máximo de ejecución de quince meses.
Asimismo, dicho consejo autorizó la adjudicación a la UTE integrada por Satocán y Tenasfaltos para el acondicionamiento de la explanada provisional por un millón de euros y un plazo de ejecución de tres meses.
El 7 de febrero Puertos de Tenerife informaba que invertiría 290 millones de euros en diversas acciones en el Puerto de Granadilla de Abona. “Además de los 442 millones de euros invertidos hasta la actualidad en la obra realizada, terminar los trabajos contemplados en mar y tierra para completar el puerto de Granadilla requiere de 290 millones de inversión, de los que 130 millones se emplearán en la obra estrictamente portuaria y otros 160 millones en las actuaciones a desarrollar en tierra”, anunciaba, aclarando que dicha inversión tendría carácter plurianual presupuestando 21,5 millones para el ejercicio 2020, 29,5 para el año 2021, 37 para 2022 y 22 millones para 2023, concluyendo con 109 millones de euros para el año 2024, a lo que había que sumar las cantidades que se destinarían a las expropiaciones del suelo que se necesitaría disponer.
En este sentido el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, se mostraba bastante optimista respecto al futuro de dichas obras, asegurando que el Puerto «funciona en la medida que puede hacerlo» y explicando que Puertos de Tenerife estaba por esa fecha licitando el edificio administrativo y el Centro de Inspección Portuaria, al tiempo que anunciaba que “a finales de este año convocaremos la licitación de una línea de 500 metros de longitud que resta por hacer del Muelle de Ribera, así como el relleno trasero de la misma para construir la explanada del muelle».
Carlos González indicaba que el retraso que estaba experimentando la construcción del Puerto se debía a la necesidad de disponer de autofinanciación para hacerlo. Ya Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado, en una visita al Puerto de Santa Cruz el 3 de febrero, aseguró que el Puerto de Granadilla de Abona estaría plenamente operativo en un plazo de tres años, un tiempo en el que gracias al plan de inversiones previsto y la propia financiación de las instituciones europeas, el Estado lo dotaría de las infraestructuras necesarias para desarrollarlo convenientemente.
El titular del ente estatal apuntó a su homólogo provincial que «En tres años el puerto de Granadilla estará en condiciones de contar con una infraestructura finalizada y competitiva para los próximos años», decía Salvador de la Encina, resaltando que sólo para el ejercicio 2020 «ya está aprobado el proyecto de ejecución del viario de conexión del puerto de Granadilla y solamente está pendiente de la declaración de Utilidad Pública con un presupuesto de 25,7 millones de euros».
Aunque advirtió que «es verdad que vamos a contrarreloj porque el puerto granadillero tiene fondos europeos asignados que obligan a que antes de 2023 tiene que estar concluido”, también señaló: “Nosotros queremos. Por los datos que tenemos es que será declarado de Utilidad Pública por parte del Ministerio competente en esta materia”.
Por su parte, el presidente de Puertos de Tenerife indicaba que aunque el Puerto de Granadilla era un proyecto inacabado, sin embargo «en los últimos consejos de administración celebrados se han abordado, por ejemplo, el inicio de los procedimientos de contratación, tanto del edificio administrativo como de la instalación de control del Puerto y de los Cuerpos de Seguridad”, concluyendo que “en cualquier caso, son todos elementos necesarios para los distintos tipos de operaciones».
En referencia a las cantidades asignadas en 2020 al Puerto, Carlos González decía: «Lo que se destina este año a inversiones en el Puerto de Granadilla es lo que se obtuvo en el de Santa Cruz durante 2019, no es un dinero que procede del exterior, sino lo que genera la Autoridad Portuaria», explicando con ello que ésa es la regla establecida.
Algo que le preocupa mucho a la Autoridad Portuaria es el cambio de planes que para el desarrollo del uso del gas en Canarias ha planteado la empresa Enagás ante el Ministerio de Transición Ecológica, lo cual ha dejado en desuso una parcela importante que estaba destinada para ser dedicada a ese fin, por lo que espera que cuanto antes el Gobierno Central haga pública su propuesta respecto al uso del gas para las Islas y así «quede definido el futuro de ese suelo» que de momento está paralizado.
De «difícil» define la posibilidad de poder establecer un uso mixto -industrial y para el tráfico interinsular- para el puerto granadillero, tal como desde algunos sectores de la sociedad se propone, un argumento que dice no tener sentido puesto que con esa medida «se incrementan el tiempo y los costes por trayecto», ya que que se duplicaría el tiempo que actualmente se emplea para recorrer la ruta San Sebastián de La Gomera-Los Cristianos. «Eso lo encarece todo», afirma Carlos González.
Otro asunto que asegura no se hizo bien fue la precipitada inauguración que del Puerto hizo el 2 de marzo de 2018 el entonces presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. «Bueno, se inauguró una defensa de la dársena, quedaba mucho por hacer», puntualizaba la Autoridad Portuaria, que admitía que ese hecho pudo contribuir a espolear la mala prensa que esta infraestructura tiene para una buena parte de la sociedad tinerfeña «porque una inauguración suena a que todo está hecho y que la actividad puede empezar al día siguiente», y éste no es el caso.
Hasta tal punto llega dicha situación que aún se está esperando a que Puertos del Estado apruebe los pliegos para ejercer los servicios de práctico y remolcador. Mientras, hasta la fecha las prestaciones de ambos servicios de las que se beneficia el recinto portuario de Granadilla de Abona son realizadas desde Santa Cruz de Tenerife, a 60 kilómetros de distancia, lo que conlleva un incremento del coste.
Estas palabras pronunciadas por el presidente de la Autoridad Portuaria permiten concluir que el desarrollo de la materialización del proyecto del Puerto de Granadilla ‘está en pañales’, aunque al mismo tiempo tiempo éste asegura que «en breve se le dará un salto importante» pues, en consonancia con lo anunciado por el presidente de Puertos del Estado en su mencionada visita oficial a la Isla, espera que «en 2023 estará operativo lo que es estrictamente el puerto de Granadilla», aunque también se tendría que realizar con financiación europea la conexión viaria que permitiría comunicar de forma directa el recinto portuario con la autopista TF-1.
El pasado 9 de febrero el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife convocaba la licitación de las obras correspondientes a la ejecución de la primera fase del Centro de Inspección Portuaria (CIP) a construir en el Puerto de Granadilla de Abona, cuya contratación ya había obtenido el visto bueno el mes anterior y cuyo concurso contaba con un presupuesto base de prácticamente tres millones de euros, estableciéndose un plazo máximo de 15 meses para la terminación de los trabajos a realizar.
Se trataba de la primera fase de un edificio de servicios cuya función sería la de inspeccionar el movimiento de 1.420.000 contenedores al año, según la estimación de tráfico elaborada en el Análisis Económico y Financiero realizado por la Autoridad Portuaria, para lo cual se proyecta dotar al Puerto de 15 muelles.
Con la realización de dicha fase, el CIP contaría con el Servicio de Sanidad Vegetal, el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (Soivre), el de Aduanas y el de Inspección Canaria, desarrollándose el mismo en una parcela de 26.700 metros cuadrados, ocupando 10.842 metros cuadrados ampliables hasta los 12.492 metros cuadrados y cuya superficie construida sumará 1.614,71 metros cuadrados dispuestos en dos niveles, reservándose el cero para las áreas operativa, administrativa y técnica, mientras que en un segundo nivel se emplazaría el área destinada a los servicios fundamentales y a usos complementarios.
El pasado 23 de mayo la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife puso en marcha el procedimiento para la ocupación urgente de los terrenos que afectados por la construcción del viario conectaría el Puerto de Granadilla de Abona con la autopista del Sur (TF-1), una operación que desde ese momento contaba con la correspondiente encomienda de la Delegación del Gobierno en Canarias para que procediera a tramitar dicho procedimiento, suponiendo la ejecución del proyecto una inversión de 26,4 millones de euros para la que se cuenta con financiación europea.
El suelo afectado para la realización de la obra consiste en una veintena de parcelas pertenecientes a 29 propietarios cuya suma total supone una superficie asociada de 250.000 metros cuadrados (aproximadamente 25 hectáreas). Ese espacio a ocupar con el desarrollo de dicho procedimiento cuya culminación según aseguran desde la Autoridad Portuaria «es prioritaria para garantizar la conectividad del puerto de Granadilla con una vía directa entre la instalación y la autopista del Sur», es un proyecto que se establece en el marco de los límites del Plan de Usos y Espacios Portuarios (PUEP) vigente desde el año 2004, previéndose destinar para su adquisición en torno a los dos millones de euros y teniéndose constancia del interés mostrado por la realización de dicho trámite por parte de propietarios de los terrenos afectados.
Además, en esa misma fecha Puertos de Tenerife informaba que mediante procedimiento ordinario «en breve» se pondría también en marcha la ocupación de los terrenos ubicados en la Zona de Reserva para su urbanización. Se trata de 1.260.000 metros cuadrados (126 hectáreas) que funcionarían como área de apoyo y servicio al Puerto ya en funcionamiento. Son una treintena de parcelas con 50 propietarios para cuya adquisición se destinará 9,69 millones de euros, que dispone del proyecto básico que al efecto recoge un procedimiento que cuenta con diferentes fases de actuación, así como con la encomienda de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Todo este proceso eran pasos a dar hacia el objetivo prioritario de la Autoridad Portuaria, que decía ser consciente de que para que la operatividad de un puerto sea completa y efectiva se debe contar no sólo con la infraestructura marítima prevista sino, además, con la ejecución de obras en la zona terrestre que den funcionalidad y accesibilidad a dicho puerto.
En este sentido -aseguraba la Autoridad Portuaria- el Puerto de Granadilla de Abona “ya ofrece abrigo a buques en sus muelles y acoge importantes obras de habilitación como el canal de pluviales, la subestación y redes de media tensión y el viario y redes básicas, encontrándose otras a punto de ser licitadas como el Edificio de Servicios, el acondicionamiento de la explanada y el Centro de Inspección Portuaria”.
También, según afirmaba la Autoridad Portuaria, se cuenta con una previsión de cinco años para concluir la mayoría de infraestructuras que garantizarán la operatividad plena del Puerto, lo que supondría un importante incremento del tráfico portuario. Con el viario de enlace a la autopista, aseguraba en un comunicado oficial, «se aliviará el tráfico en la actual entrada al Puerto, la vía del polígono, y se distribuirá la incorporación a la TF-1 de manera escalonada».
La ejecución de dicho enlace supondrá una inversión total de 26,4 millones de euros, procediendo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en torno a 20 de ellos, «lo que obliga a su conclusión antes de finales del año 2023, pues en caso contrario se perderá dicha subvención y será entonces la propia Autoridad Portuaria quien deba financiar la totalidad de la obra».
Por otro lado, al considerarse los accesos portuarios vías de interés regional, Puertos de Tenerife también trabaja la suscripción de un convenio con la Comunidad Autónoma para que sea el Gobierno de Canarias el que financie la parte restante del tramo de enlace con la autopista TF-1, cuya ejecución se incluiría en el Convenio de Carreteras.
Por último, el pasado 1 de octubre los medios informativos publicaban que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife había adjudicado las obras del Edificio de Servicios del Puerto de Granadilla a la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Desarrollos e Iniciativas Canarias S.L, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A, y Excavaciones Bahillo S.L. por 3.797.899 euros y un plazo de ejecución de 21 meses, que con 2.600 metros cuadrados de superficie albergará las dependencias de Autoridad Portuaria, Policía Nacional y Guardia Civil, Prácticos, concesionarios y otras administraciones.
También se informaba que el mismo órgano adjudicó la construcción de la primera fase del Centro de Inspección Portuario (CIP) del nuevo puerto por 2.842.469 euros y 14 meses de ejecución, en este caso a la empresa Satocán, que ocupará una superficie de 1.614 metros cuadrados y constará de zonas de maniobra, muelles de descarga y áreas de almacenamiento, refrigeración y congelación.
¿Cómo se les queda el cuerpo?