Ángel Llanos fue el autor del siguiente artículo titulado ‘Granadilla: un puerto sin el impacto ambiental previsto’, publicado por ELDÍA.es el pasado 11 de diciembre:
« El puerto de Granadilla es una de las obras con mayor número de protestas medioambientales de la Unión Europea (UE). A punto de inaugurarse, tras 300 millones de euros de inversión pública, su tamaño se ha reducido a un tercio de su proyecto inicial y su construcción se ha dilatado más de 12 años. Todas las administraciones previeron que el daño al medio ambiente sería importante, por lo que el proyecto se condicionó a un conjunto de medidas compensatorias de dicho impacto de varios millones de euros.
Entre 2003 y 2004, todos los partidos políticos, los ayuntamientos de Santa Cruz y de Granadilla de Abona, el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias, los Gobiernos de Canarias y España, la Unión Europea, las asociaciones de Empresas Estibadoras y de Consignatarios de Buques y los trabajadores portuarios acordaron la conveniencia de crear un puerto en Granadilla, pero también«un centro multidisciplinar de observación y control del impacto medioambiental, de plena independencia de la Autoridad Portuaria«.
Tres lustros después, el puerto se ha construido pese a las miles de quejas comunitarias y pese a una movilización ciudadana sin precedentes, pero con características muy diferentes a las previstas. ¿Qué papel han desarrollado los movimientos ecologistas? ¿Se puede considerar un fracaso sus años de lucha por el hecho de que se haya construido?
El impacto ambiental de la obra se preveía de tal calibre que, en 2004, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea envió una carta de seis páginas al embajador de España ante la UE que concluía así: «Me permito señalar que este servicio considera que el proyecto del puerto en su estado actual no es conforme a las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE. Las perturbaciones sobre cuatro hábitats y especies albergados en dos LIC [Lugar de Interés Comunitario] pueden ser significativas. Resulta pertinente proceder a una evaluación de las repercusiones con el fin de garantizar que el proyecto no afectará al LIC Sebadales del Sur de Tenerife y Montaña Roja«.
Sin embargo, el ejecutivo comunitario autorizó su construcción dos años después «por razones imperiosas de interés público«, pero «siempre y cuando se adopten cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida«. Entre estas medidas estaban la constitución de una fundación independiente para controlar la biodiversidad local y acciones relacionadas con los sebadales y Montaña Roja. ¿El impacto coincide con lo previsto? ¿Han sido suficientes las medidas para compensarlo?
Desde hace 17 años, el puerto de Granadilla figura entre las prioridades de la Autoridad Portuaria, que lo incluyó en un programa internacional. En 2004, las razones de Puertos para construirlo eran un crecimiento del tráfico de mercancías del 80% en los 10 años anteriores, sin posibilidad de nueva superficie de carga rodada en el puerto de Santa Cruz; la colmatación de la capacidad para contenedores del puerto capitalino en 7 años; la inexistencia de suelo en la capital ni para graneles sólidos (tras duplicarse su tráfico en la década anterior) ni para logística; y el objetivo de introducir el gas natural en Tenerife.
Puertos del Estado concluyó que el puerto de Santa Cruz no podía ampliarse porque era imposible conseguir más superficie en tierra por su entorno urbano y lo escarpado del terreno, por las grandes profundidades de la costa y por la proximidad del LIC Sebadales de San Andrés y el Parque Rural de Anaga. Las razones por las que se seleccionó Granadilla frente al resto de opciones de la costa tinerfeña fueron su accesibilidad a la autopista del sur y la proximidad al futuro tren, la cercanía a los grandes centros de consumo poblacional, la presencia de temporales de menor energía que en el resto de las fachadas y la proximidad a los grandes consumidores de energía y clínker (Polígono Industrial, Aeropuerto Reina Sofía, central térmica e ITER).
En 2008, el Ministerio de Medio Ambiente inscribió la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla (OAG) formada por el Gobierno de Canarias; la Autoridad Portuaria; el Ministerio de Medio Ambiente; el Instituto Español de Oceanografía; las dos universidades canarias; la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y un representante de las asociaciones de defensa ambiental y desarrollo sostenible.
Entre su personal hay ecólogos, licenciados en Ciencias Ambientales, biólogos marinos, ingenieros informáticos, periodistas y un buzo profesional, así como han formado parte de la misma geógrafos y un licenciado en radioelectrónica naval.
De entre las actuaciones realizadas por el OAG en materia de vigilancia ambiental se citan, como las que generaron la mayor alarma social, el trasvase de arena, la destrucción de los sebadales y el basculamiento de las playas.
La Comisión Europea estableció en 2006 que «el impacto ambiental más importante corresponderá a la alteración de los patrones naturales de retirada y depósito de arena». Se aseguraba que el puerto interrumpiría su flujo natural erosionándose el lecho marino corriente abajo, acumulándose al norte del dique 50.000 metros cúbicos de arena al año, y destruyéndose los hábitats de los sebadales del Sur y Montaña Roja. Así consta en las denuncias de los movimientos ecologistas, que auguraban un basculamiento de la arena de las playas de El Médano y La Tejita. La Comisión consideró que el trasvase de arena norte-sur constituía una «parte esencial del proyecto portuario», debiendo recogerse la arena depositada mediante un sistema de canalización para luego bombearla al sur.
Pero es probable que la Comisión Europea, el Gobierno de España y los colectivos ecologistas se hayan equivocado. En cumplimiento de dicho aspecto «esencial» para la UE, la Autoridad Portuaria contrató en 2013 las instalaciones para reponer el flujo de arena de la dinámica litoral sedimentaria -que, presuntamente, iba a interrumpir el puerto- por un importe cercano al millón de euros y conocido como ‘by-pass de arena N-S’.
Según la OAG, el planteamiento era coherente, pues pretendía resolver la incidencia del puerto en línea con lo que sucede en otras costas mediterráneas y atlánticas, en las que la arena se transporta gracias a la corriente longitudinal que se genera al romper las olas: el puerto detiene esa corriente y 50.000 metros cúbicos de arena se acumularían aguas arriba cada año.
Pero un nuevo estudio de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria ha rebatido esos datos: La cantidad de arena que llega a la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los sebadales sin el puerto construido, no es de 50.000 metros cúbicos al año, sino de entre 4.300 y 11.800 metros cúbicos al año. La diferencia con los cálculos iniciales se debió a que el papel de las playas y barrancos terrestres y submarinos de la zona como sumideros y fuentes de aportación de sedimentos no fue debidamente tenido en cuenta por los estudios de hace una década, y ahora salen a la luz gracias a los nuevos programas de modelización.
Además, la cantidad de arena que el nuevo puerto interceptará no será de 50.000 metros cúbicos al año como se pensaba, sino de entre 800 y 2.000 metros cúbicos al año (es decir, entre un 96% y un 98,4% menos de lo previsto), ya que la ZEC recibe el resto de las aportaciones de arena (hasta los 4.300-11.800 metros cúbicos citados) aguas abajo. Estos apenas 800-2.000 metros cúbicos de arena que el nuevo puerto interceptará no se acumularán contra el dique, sino que se repartirán a lo largo de 23 hectáreas imposibilitando que sea succionada desde la tierra con el sistema de by-pass construido. Por si fuera poco, un informe de la Fundación OAG de 2012 destaca que los avances sobre el clima marítimo y la dinámica del litoral han permitido conocer que el transporte de la arena en la zona no se realiza mediante corriente longitudinal, sino de plataforma o playa sumergida.
Los sebadales son una comunidad biológica que vive en la arena de las aguas poco profundas. Han sido uno de los grandes motivos de polémica por la afección de las obras al LIC Sebadales del Sur de Tenerife, que se extiende desde el sur del puerto hasta más allá de la playa de Las Galletas. El dictamen de la Comisión Europea de 2006 dio gran relevancia a sus medidas compensatorias, declarando dos nuevos LIC en Antequera y Güi Güi ya que creían que los sebadales del Sur serían destruidos por el puerto.
La Fundación OAG instaló nueve estaciones de muestreos a lo largo del espacio (antes y después del puerto) donde pudiera verse afectado el sebadal: Tajao, Tarajal, Camello, el interior del puerto, dos en Montaña Pelada, La Jaquita, El Médano y La Tejita. Para conocer cómo evoluciona la afección a los sebadales, se realizan dos campañas de muestreo cada año (verano e invierno), valorándose diez indicadores biológicos: la densidad de haces, la densidad de hojas, la altura, el área foliar, la biomasa, la cobertura, el epitifismo, la vitalidad foliar, el sistema radicular y el balance sedimentario.
Los 630 registros disponibles en su web, con la evolución de estos 10 indicadores en las campañas realizadas desde 2012 en las nueve estaciones, así como la valoración in situ del estado de las praderas mediante vídeos submarinos, concluyen que desde 2011 se ha incrementado la vitalidad foliar o se ha mantenido por encima del 75% de la superficie de la hoja, que en invierno aumenta la densidad de haces y de las hojas, su altura es menor, el epitifismo ha aumentado, la vitalidad foliar cae o se mantiene y el sistema radicular se mantiene o mejora, mientras que en verano la densidad de haces aumenta (incluso superando los valores de 2013), la longitud de las hojas crece y hay una reducción generalizada del epitifismo, por lo que la vitalidad del sebadal alcanza valores altos, reflejando la biomasa valores más altos que en 2011 en tres de las estaciones.
La situación de los sebadales dentro del puerto ha disminuido, desconociéndose si por el temporal de 2013 o por el aporte de sedimentos de las obras. Pero en las estaciones al norte y en el sebadal de El Médano y La Tejita ha aumentado. En cuanto a la contaminación de los organismos marinos, en 2014 ya no se detectan hidrocarburos aromáticos o lineales.Tras cuatro años de obras, los sebadales han aumentado su densidad, especialmente los situados al norte del puerto y dentro de la zona de especial de conservación.
Otra de las afecciones previstas al entorno natural es el basculamiento de las playas, con un papel destacado en una Comunidad que en 2015 recibió 13,3 millones de turistas y, aún más destacado, cuando la región cuenta con 190 de sus 193 playas con la categoría de Aguas 1 o 2 (aptas para el baño de buena o muy buena calidad). Sin embargo, los primeros resultados no confirman dicho basculamiento, pues no se ha producido en las playas de El Médano, La Tejita, La Pelada, La Jaquita y Los Tarajales (las más concurridas); y sí en La Caleta, Playa del Medio y en la Punta del Vidrio. Aunque las playas con mayor número de usuarios no han sufrido basculamiento durante los tres primeros años de obras, la recomendación científica es continuar su seguimiento ya que no se descarta que se produzca en el futuro.
En Tenerife arraigó en el año 2002 un amplio compromiso ciudadano con la protección del medio ambiente, tras participar entre 100.000 y 140.000 personas en una manifestación contra el tendido eléctrico aéreo que se pretendía construir a través de varios espacios naturales en la corona forestal del Teide. Manifestación convocada por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna con apenas 1.500 habitantes. Dos años después, entre 50.000 y 100.000 personas se manifestaron contra la construcción del puerto de Granadilla en un acto no apoyado por los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, ya que todos respaldaban la construcción del puerto. El resultado de la movilización ciudadana no puede valorarse como un fracaso por el mero hecho de que el puerto se haya construido, ya que dicha infraestructura ha perdido cerca del 70% de su dimensión inicial y, a su vez, se ha consolidado una mayor preocupación sobre la protección del medio ambiente de la Isla entre la mayoría de la población.
Las previsiones de todas las administraciones públicas europeas implicadas acerca del impacto ambiental de la obra sobre la pérdida de arena de la ZEC al sur del puerto, por el obstáculo que supondría dicha infraestructura en su flujo natural norte-sur, es muy probable que estuvieran equivocadas. Los cálculos actuales indican que la merma de sedimentos será de entre un 96% y un 98,4% menos de lo previsto, lo que quizá hará perder la inversión pública realizada para construir el by-pass. Los informes de todas las administraciones acerca de la destrucción del LIC Sebadales del Sur de Tenerife también pueden haber errado: hay más y mejores praderas submarinas que antes de comenzar las obras. Y, por el momento, no se ha producido el basculamiento anunciado en las principales playas de la zona, aunque no se descarta que pueda producirse en el futuro.
La movilización contra la infraestructura
¿Qué sucedió para que se eliminaran dos tercios del puerto previsto? En febrero de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó su declaración de impacto considerándolo ambientalmente viable y se destinaron 32 millones de euros para iniciarlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2004. Además, en febrero de 2007 se adjudicaron las primeras obras por 115 millones, pero no comenzaron hasta febrero de 2009. El hecho de que los residentes en Canarias sean los segundos de toda España entre los más dispuestos a colaborar con los grupos ecologistas, ¿fue razón suficiente para tardar dos años en iniciar unas obras adjudicadas?
La explicación se encuentra en que esta actuación del hombre sobre el medio ha sido una de las más cuestionadas de Europa, con una movilización ecologista sin precedentes (incluidas tres manifestaciones multitudinarias), presentándose miles de quejas que dieron lugar a decenas de actuaciones administrativas, judiciales y políticas en todos los ámbitos de la Administración, incluida la Universidad de La Laguna cuyo claustro exigió la retirara del proyecto en 2005.
Entre las actuaciones jurídicas de los ecologistas, destaca el documento que WWF/Adena presentó en 2003 ante la Comisión Europea, por incumplimientos de dos Directivas. El poder legislativo actuó con acciones como las de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que en 2006 archivó decenas de reclamaciones enviadas contra la construcción del puerto, pero dirigiéndose a las autoridades «para que los peticionarios estén presentes en la composición de la fundación independiente de control de la aplicación de las medidas compensatorias de los efectos medioambientales». El Defensor del Pueblo Europeo, tras la investigación que llevó a cabo al recibir 6.000 comunicaciones relacionadas con el puerto de Granadilla, decidió archivar el caso ya que el Ombudsman entendió que la Comisión Europea había aclarado suficientemente su situación. »