Tras más de ocho años desde que se procediera en Tarragona a las primeras detenciones de tres de los miembros de una red de delincuentes que había realizado unas 50 estafas por un importe de 250.000 euros, una vez cerrada la instrucción del caso, el fiscal solicita cinco años de cárcel y multa de 3.300 euros por falsedad en documento oficial y mercantil y estafa para los seis miembros que formarían parte de dicha banda a la que se le acusa de dedicarse a financiar compras principalmente de vehículos y electrodomésticos, que no pagaban y luego vendían, consiguiendo o falsificando para ello la documentación de otras personas.
Entre las localidades que constan en el escrito de la Fiscalía donde se relacionan hasta 17 nombres utilizados por la red de delincuentes para realizar sus estafas entre finales de 2006 y 2007 figura Los Abrigos, además de Tarragona, Reus, Castellón, Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, San Miguel de Abona, etc.
El escrito de la Fiscalía recoge que los acusados formaron una estructura delictiva organizada creada por ellos mismos y se pusieron de acuerdo para la realización de diversas operaciones consistentes en la contratación de préstamos y líneas de crédito, así como la adquisición de bienes muebles mediante la financiación y posterior disposición de los mismos, suplantando la identidad de dichas personas, para lo cual utilizaban documentación varia, fundamentalmente los DNI, que obtenían de personas desconocidas a las que se les había sustraído o extraviado y que luego la banda alteraba en alguno de sus elementos esenciales, entre ellos la sustitución de la fotografía identificativa.
Los cabecillas
Según el fiscal, los cabecillas de dicha organización eran Amadeo José C.R. y Larisa S.G., quienes al parecer idearon toda la mecánica delictiva seleccionando las operaciones a realizar, procediendo para ello a la alteración de los datos de los documentos presentados ante los diversos establecimientos y entidades financieras, acudiendo posteriormente a los establecimientos en que llevaban a cabo sus operaciones.
Así, mediante este procedimiento, Larisa exhibía documentos identificativos de otras personas de sexo femenino a los cuales había incorporado su propia fotografía, y para la realización de aquellos actos en que la identidad suplantada correspondía a una persona de sexo masculino, era Óscar G.A. quien proporcionaba su imagen a los DNI suplantados, identificándose con ellos en los diversos establecimientos a los que acudían
A la organización también pertenecía otro de los acusados, Sorin Nelu C., el cual se encargaba, entre otras funciones, de la obtención previa de la documentación necesaria para la materialización de las operaciones, siendo el mismo en ocasiones quien acudía a los establecimientos donde se llevaban a cabo. También este acusado fue el que se encargó de contactar e incluir en la organización a otro de los acusados, Felipe S.H., quien proporcionó su propia documentación personal para la realización de varias operaciones de compraventa y financiación, encargándose también de la posterior disposición de los bienes adquiridos mediante este sistema, fundamentalmente vehículos, a través de la colocación de anuncios en internet.
Por último, también formaría parte de esta organización Marian D.B., quien realizó labores de apoyo a la misma mediante su participación en algunas de las operaciones así como en la obtención previa de documentación y posterior comercialización de los bienes adquiridos mediante la inserción de anuncios en internet.
Así, por ejemplo, a finales de 2007 solicitaron un crédito de 28.351 euros para adquirir un Audi A4 en un establecimiento de Tarragona, una operación que sin embargo no se llegó a materializar al personarse en el lugar varios policías en el momento en que iba a procederse a la entrega del vehículo, que acabó con Amadeo José propinándole diversos golpes a los agentes, por lo que además de falsedad documental, estafa, conducción temeraria y desobediencia, fue acusado de atentado a la autoridad.