● La “Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública” pretende ser la más avanzada de las que se conocen y se propone que también se aplique en los Cabildos y Ayuntamientos.
● Esta Ley, que se espera esté aprobada para este verano, se presenta como un instrumento al servicio de la “conversación permanente y continua” entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
A
causa de la enorme desconfianza existente por parte de la ciudadanía hacia la clase política (que va en aumento por causas evidentes sobre las que no vamos a entrar en comentarios) y porque se considera fundamental volver a recuperar esa confianza, es por lo que la Consejería de Presidencia, Justicia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha apostado por el desarrollo de una Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la que los poderes públicos quieren “conectarse” de nuevo a la ciudadanía para recuperar la credibilidad perdida.
En este sentido cobra importancia el concepto de Gobierno Abierto como una frase que a modo de eslogan sea la que rija el futuro de esas nuevas relaciones, apostando porque la participación activa de la ciudadanía no se limite sólo a los periodos de elecciones, sino que se genere una “conversación permanente y continua” para ir evolucionando juntos, intentando dar un giro de 180º a la actual situación de desarraigo político.
Por lo que hemos constatado, el procedimiento llevado a cabo desde que se iniciaron los trámites para el desarrollo de esta Ley deja entrever “buenas sensaciones”, pues hasta ahora no cabe duda que ha sido un ejemplo real de participación ciudadana y transparencia, ya que se ha gestionado mediante un proceso participativo libre y abierto cuyo objetivo es que la definitiva Ley de Transparencia que se elabore sea el resultado de las opiniones y tendencias de las personas y colectivos participantes. Así, se partió de cero, es decir, sin ninguna propuesta de Ley previa de referencia hecha por los técnicos en un despacho como suele ser habitual, sino escuchando directamente qué quería la ciudadanía.
Cuando fue presentada en mayo de 2103, los impulsores de la Ley aseguraron que para conseguir que realmente ésta fuera útil había que contar con la participación de la gente en su contenido desde el principio. Así, en su momento, el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, declaró: “Vamos a ir isla por isla preguntando directamente a la gente qué esperan de esta Ley y qué quieren que contenga… Vamos a ir a escuchar a los ciudadanos y ciudadanas que de forma activa quieran participar en la construcción democrática de esta Ley, vamos a pedirles su opinión y sus criterios detectando tendencias que nos permitirán desarrollarla desde la base”.
DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO
El proceso de participación ciudadana se realizó en dos partes: una “presencial” consistente en la celebración de Foros de Participación en todas las islas (se llevaron a cabo un total de 13) y otra “virtual” basada en la puesta en marcha de varios canales de comunicación interactivos a través de Internet (una página en Facebook, un buzón de sugerencias y un foro)
Los Foros de Participación presenciales se desarrollaron bajo el lema “En Canarias, construimos la Ley de Transparencia entre todos. Conversemos”. En ellos, los ciudadanos y ciudadanas asistentes pudieron manifestar su opinión sobre cuatro cuestiones concretas:
1ª.- ¿Qué es para ti la Ley de Transparencia? ¿Qué esperas de ella?
2ª.- ¿Quién o qué debe estar sometido a la Ley de Transparencia?
3ª.- ¿Dónde y cómo debe conversar el Gobierno de Canarias y sus instituciones? ¿Alguna herramienta en concreto?
4ª.- ¿Generará riqueza, innovación y crecimiento para Canarias? ¿Por qué?
Todas las opiniones recogidas fueron expuestas de forma abierta a través de la página web de la Dirección General de Participación Ciudadana, para que quien estuviera interesado pudiera conocerlas y entablar una conversación más continua a través de los canales abiertos en Internet. Finalmente, se elaboró un Borrador de la Ley a partir de las tendencias que se extrajeron de todos los foros presenciales celebrados y la conversación virtual mantenida a través de la Red.
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONSULTA PARTICIPATIVA
La Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública permitirá establecer una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, altos cargos y entidades de la Administración Pública Canaria.
Esta Ley obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información.
Entre las peticiones solicitadas por los ciudadanos y colectivos que intervinieron en el proceso participativo, destacan algunas como: en qué se gasta el dinero público, conocer el currículum de los cargos políticos, que se faciliten medios para que la ciudadanía pueda hablar directamente con el Gobierno o que se incluya en la futura Ley la financiación de los partidos políticos, sindicatos, Iglesia y empresas públicas.
EL “GOBIERNO ABIERTO” Y EL “MODELO GAROÉ”
Un Gobierno Abierto es aquel que permite que la realización de todos los servicios públicos que éste ofrece puedan ser supervisados por la ciudadanía, es decir, que estén “abiertos” para ser inspeccionados por ésta. La puesta en práctica de este proceso, además de incrementar la “transparencia” de la administración, debe ir acompañada también de la creación de espacios de encuentro con la ciudadanía donde ésta pueda “participar” en las decisiones de gobierno y “colaborar” con la administración en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos, canalizando así el potencial innovador de los ciudadanos y de las organizaciones civiles para el beneficio de toda la comunidad.
Alberto Guzmán Garmendia es un dinamizador experto en Transparencia y Gobierno Abierto que impulsó y puso en marcha la Ley de Transparencia de Navarra (aplicando un modelo en parte similar al que se está llevando a cabo en Canarias) siendo Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnología del Gobierno de dicha Comunidad. Ese logro, junto a sus intervenciones sobre estos temas en foros, debates, ponencias, etc., fueron determinantes para que la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias solicitara su colaboración en el desarrollo y coordinación de esta Ley.
Son manifestaciones de Guzmán Garmendia las siguientes: “Si cualquier persona sabe en qué se gasta su dinero, por tanto también querrá saber en qué se gasta el dinero que ha puesto a disposición de su país para su evolución y construcción. Queda claro, por lo tanto, que cualquier persona, institución, entidad, ente, agrupación, espacio o lo que ustedes quieran, que reciba un solo euro público, debe estar sometido a la Ley de Transparencia, incluyendo a las empresas que han recibido ayudas o subvenciones, por muy pequeñas que éstas sean…”.
El sistema que Guzmán Garmendia está aplicando en Canarias lo ha denominado “Modelo Garoé” (en honor al árbol sagrado de los “bimbaches”, antiguos pobladores de El Hierro, del que emanaban gotas de agua “transparentes”), cuya base no es otra que contar con los ciudadanos desde el principio del proceso, teniendo en cuenta sus opiniones cuando éstas se hacen de forma repetitiva, lográndose así extraer el máximo conocimiento de las demandas de la población y, por tanto, obtener un fiel reflejo de sus necesidades reales.
EXIGENCIAS DE LA CIUDADANÍA Y COLECTIVOS PARTICIPANTES
Una vez concluidos los Foros de Participación presenciales, a los que asistieron unas 700 personas y se registraron 2.598 aportaciones (en torno a las 3.000 si se suman las de los foros virtuales de la página web y redes sociales), los resultados indicaban que entre las principales tendencias demandadas por la ciudadanía estaban la «exigencia» de que la información pública fluya sin limitaciones y que en el sistema educativo se incluyera la enseñanza del «Gobierno Abierto».
Además, los participantes solicitaron que el uso de las nuevas tecnologías en la administración se generalice, lo mismo que el software libre, para que la información pueda ser reutilizada en cualquier momento.
Otra cosa que se solicitó fue la creación de un órgano independiente del Gobierno que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia una vez ésta comience a aplicarse y que, de alguna manera, se encargue de la «custodia» de la información.
CONTENIDOS GENERALES DEL BORRADOR
Las cuatro cuestiones concretas antes señaladas preguntadas a los participantes en los foros fueron finalmente analizadas y ordenadas por cuatro expertos independientes, pasando éstas a formar parte del texto del Borrador de la Ley que el Gobierno de Canarias debe tramitar. Así, el pasado 21 de enero y como primer paso de esta fase del proceso, se entregó a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de Canarias el primer Borrador de la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su estudio y debate, esperando alcanzar el consenso político necesario para su aprobación, lo que sería una garantía de éxito para el cumplimiento de los objetivos que esta Ley pretende y que es pionera en cuanto al método de elaboración que se ha seguido al ser el primero en la historia de Canarias que se hace desde el principio a partir de las aportaciones ciudadanas.
Dicho Borrador propone, por ejemplo, una norma que afecta a todas las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 60.000 euros o que, al menos, el 30% del total de sus ingresos anuales procedan de ayuda o subvención pública siempre que ésta alcance como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Además, la “Ley de Transparencia” se aplicaría también tanto a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como a los organismos autónomos, entidades empresariales, agencias y demás entidades vinculadas a la misma o dependientes de ella, incluyendo también a las fundaciones públicas, sociedades, universidades públicas canarias y asociaciones constituidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Toda esta información relacionada con lo expresado se hará pública en el Portal de Transparencia, que incluirá datos de todo tipo: institucional, organizativo, económico-financiero, sobre personal de libre nombramiento, empleo público, salarios, retribuciones, normativa, anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos, disposiciones autonómicas aprobadas, servicios y procedimientos, patrimonio, planificación y programación, obras públicas, contratos, convenios y encomiendas de gestión, concesión de servicios públicos, ayudas y subvenciones, ordenación del territorio, medio ambiente y estadística…
Asimismo, en cuanto al organismo independiente que supervise el cumplimiento de la Ley cuando ésta se aplique, se propone que sea el Diputado del Común de Canarias quien desempeñe esa función como Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se justifica por el ahorro de recursos que supone pues, al ser una institución ya en funcionamiento, se evita la creación de un nuevo organismo público y su correspondiente gasto añadido.
Para el cumplimiento de la “obligación de transparencia” que la Ley plantea, a todas las entidades públicas y privadas afectadas por la misma se les exigirá elaborar, mantener actualizada y difundir la información acerca de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública considerada de relevancia, además de obligarles a que toda esta información sea convenientemente divulgada y fácilmente localizable por la ciudadanía.
Por último, es muy importante resaltar el hecho de que en el Borrador se encarga expresamente al Parlamento de Canarias que establezca en su Reglamento las disposiciones necesarias para que esta Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública también se aplique a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos de Canarias.
Se espera que la Ley esté aprobada para el verano de este año.
LA LEY Y SU RELACIÓN CON GRANADILLA DE ABONA
Respecto a lo que esta “Ley de Transparencia” pueda afectarle a Granadilla de Abona, desde el Equipo de LaRendija.es, además de dar la bienvenida a la misma, manifestamos nuestro compromiso en hacer todo el esfuerzo posible para facilitar y colaborar en su efectiva aplicación en nuestro municipio, trabajo en el que nos implicaremos al máximo pues no en vano los objetivos que esta Ley pretende, o sea, la TRANSPARENCIA, la PARTICIPACIÓN y la COLABORACIÓN, como principios del Gobierno Abierto, son precisamente los fundamentos de nuestra razón de ser como medio informativo que ponemos a disposición de la ciudadanía de Granadilla de Abona, sus instituciones, colectivos y representantes.
Iremos informando puntualmente sobre la evolución y las novedades de esta Ley hasta su definitiva aprobación y aplicación por el Gobierno de Canarias y ver como ésta afectaría en la práctica a la ciudadanía de Granadilla de Abona.