Un total de 63 familias residentes en el edificio Las Acacias, de San Isidro, cuya circunstancia es que sus viviendas las disfrutan en régimen de alquiler, corren el riesgo de quedarse sin su hogar debido a que la nueva propiedad, una inmobiliaria, quiere desalojarles o que abandonen voluntariamente los pisos donde viven desde hace tiempo.
El colectivo de vecin@s dice sentirse cansad@s de la situación y que lo único que quieren es que se respeten sus contratos y derechos, pues casi la totalidad se encuentran al día tanto en el pago del alquiler de las viviendas como en el IBI y los servicios básicos como el agua, la recogida de residuos y la luz. «No hay nadie que deba más de un mes», comentan, demostrándolo con documentos.
El tiempo medio que las familias afectadas llevan residiendo en el edificio es de seis años, habiéndose enterado de que éste tenía nuevos propietarios cuando les tocaron a la puerta y se lo dijeron, para más tarde comunicarles un importante incremento del precio de alquiler de las viviendas que para familias con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional pasaba de ser de 290 a 450 euros.
Entre la numerosa documentación que disponen l@s vecin@s se encuentran sentencias judiciales favorables para ell@s cuando la nueva propiedad intentó echarles de sus casas. También disponen de escrituras y un cheque de compraventa que demuestran la adquisición de las viviendas afectadas por parte de sociedades que son las que les han venido cobrando el alquiler correspondiente.
El hecho de no haber recibido una respuesta adecuada a sus demandas por parte de las autoridades correspondientes, especialmente del ayuntamiento, supone la queja más importante para l@s afectad@s, mientras que por parte de l@s responsables municipales se asegura que han venido manteniendo reuniones con ell@s con la intención de encontrar una solución al problema, habiendo actuado de intermediarios en varias ocasiones entre los correspondientes interlocutores y el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.