Al final del Pleno Ordinario celebrado el pasado enero intervino un representante de 26 familias que reclaman desde hace años la propiedad de un edificio cuyas viviendas adquirieron a su promotor en 1998 y que éste dejó a medio construir. Ahora, tras 19 sentencias judiciales a su favor, estas familias reclamantes de la propiedad del inmueble se encuentran con que el Ayuntamiento ha concedido licencia para terminar la obra a otro promotor ajeno a sus intereses que la está terminando de ejecutar.
El caso lo recogía el pasado 3 de febrero ELDÍA.es, que con el titular ‘26 familias acusan al gobierno de dificultar el acceso a su propiedad‘ y la entradilla ‘Anuncian medidas penales contra el grupo de gobierno porque dice acatar la sentencia que les reconoce la titularidad, pero no impide las obras que se hacen ajenas a los afectados’, decía:
« Un colectivo de 26 personas reclaman al gobierno municipal, que lidera José Domingo Regalado, la paralización de las obras que un empresario realiza en un edifico de su propiedad, según se les reconoce en 19 sentencias emitidas desde el año 2000, advirtiendo de la presentación de denuncia penal. La edificación está inconclusa en la plaza de Galicia, en El Médano, y el grupo de gobierno (CC-PP) reconoce que concedió la licencia para los trabajos actuales.
El PSOE se interesó por el tema ante el Pleno de Granadilla de Abona, en el que fue autorizada la intervención del representante de los afectados, Ricardo Rodríguez. El debate que se suscitó aproxima la solución a este problema a la vía judicial, según las consultas realizadas.
El 7 de julio de 1998, Hosalcons solicitó y obtuvo una licencia para construir un edificio de 26 viviendas y garajes en cuatro plantas, aunque desistió de la misma a finales de noviembre de 1999. En 2002 se procedió al vallado y tapiado de la construcción como medida de salubridad y seguridad.
El 27 de octubre de 2008, otro promotor solicita licencia para legalizar y terminar la obra, siéndole concedida pero para una edificación de 18 viviendas, un local y garaje colectivo de 16 plazas. Durante la sesión plenaria se puso de manifiesto que en 2018 hay un cambio de titularidad en la licencia de construcción y el 12 de diciembre pasado comienzan las obras que actualmente se siguen desarrollando.
Desde la renuncia del primer promotor, los 26 compradores de los pisos inicialmente autorizados emprendieron acciones judiciales en defensa de sus derechos de compra existiendo actualmente 19 sentencias en las que se les reconoce la titularidad del inmueble a cada uno de ellos y se les capacita para terminar la obra.
El 10 de enero pasado, los afectados quisieron acceder al edificio para cumplir con la autorización judicial, pero desistieron para evitar más problemas y ante la actitud dispar mostrada por la Policía Local, mientras dentro permanecían los operarios que llevan a cabo el último proyecto presuntamente autorizado. Presuntamente porque en el Pleno el gobierno no aclaró si dispone de licencia de obra. La misma no está expuesta en el lugar de los trabajos.
Lo que sí deja claro el gobierno de Granadilla de Abona (incluso por escrito) es que el proyecto, «cuya ejecución se ordena por las distintas resoluciones judiciales, no es compatible con las actuales normas de planeamiento urbanístico municipal» y que, aunque los hoy afectados lo terminen, no podrán tener certificado de finalización de obra ni acceder, por tanto, a los servicios básicos.
El gobierno no puede paralizar la licencia
El gobierno municipal de Granadilla de Abona no se pronunció en el sentido de impedir las obras que pretenden realizar los 16 propietarios reconocidos judicialmente ni de paralizar los trabajos que en el edificio se llevan a cabo desde diciembre. María Concepción Cabrera Venero, concejal de Urbanismo, Obras y Patrimonio Histórico Artístico, explicó al Pleno que los técnicos reflejan que la licencia para la obra en curso no se puede paralizar y que lo contrario sería prevaricar, instando a los afectados a un encuentro a celebrar la semana próxima.
Desde el gobierno granadillero se puso sobre la mesa que no tienen constancia de la presentación de documentación esencial por parte de los afectados desde hace casi una década, mostrando éstos los correspondientes justificantes debidamente sellados. Uno de ellos fue presentado el 10 de marzo de 2010, correspondiendo a una sentencia judicial y a las medidas cautelares correspondientes derivadas de la misma, la cual según los afectados debía impedir la concesión de más licencias. »