Una vez entrado ya con creces 2017 hemos creído conveniente enumerar y comentar los acontecimientos que desde nuestro punto de vista han sido los más destacados en el municipio a lo largo del pasado 2016 en el ámbito socioeconómico y político, resaltando que el titular de este artículo lo ponemos con interrogación porque quizá no coincidamos con la opinión de nuestr@s lectores/as en el sentido de considerar otros acontecimientos también de interés que no contemplamos en esta relación, por lo que invitamos a quienes así lo entiendan para que nos hagan llegar su opinión y de ese modo completar el listado.
Dicho esto y sin entrar a juzgar sobre el resultado positivo o negativo que dichos acontecimientos hayan podido significar para nuestro municipio, lo que por otro lado es norma habitual de este periódico (no ‘opinamos’ sino ‘informamos’), entramos en materia indicando que el listado que proponemos es el siguiente:
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Imputación del Alcalde y dos concejales del Grupo de Gobierno Socialista.
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‘Caso Endesa’.
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‘Caso Hotel de Sotavento’ en La Tejita.
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Comienzo de las obras del Circuito del Motor de Tenerife.
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Moción de censura.
A continuación comentamos el recorrido de los mismos:
1) IMPUTACIÓN DEL ALCALDE Y DOS CONCEJALES DEL GRUPO DE GOBIERNO SOCIALISTA
Este asunto fue motivo para que a lo largo de 2016 se hicieran distintas peticiones de dimisión de los tres imputados (actualmente ‘investigados’) socialistas (el Alcalde Jaime Gnzález Cejas, el concejal Nicolás Jorge y la concejal Ana Esther Flores) por parte de la oposición que terminó con la presentación de la ‘moción de censura’ del pasado septiembre.
Ya el 11 de febrero de 2015, tras la decisión por parte del correspondiente juez del Juzgado de Granadilla de imputación de 3 de las causas de las 80 denunciadas, los socialistas decidieron presentar sendos recursos ante la Audiencia Provincial para que se les eximiera de las acusaciones en su totalidad, asegurando en rueda de prensa convocada al efecto lo siguiente: “No tenemos dudas de nuestra inocencia, sin embargo con los recursos presentados desmontaremos las que aún pudieran existir para el órgano judicial, de manera que el expediente concluirá con el archivo definitivo por unas acusaciones sin fundamento jurídico que solo respondieron a motivaciones políticas para obtener ventaja electoral y confundir a los ciudadanos”.
Sin embargo, la fiscalía y Sí se Puede también presentaron recursos para que las imputaciones se extendiesen a más causas, resultando de ello que a finales de noviembre de 2015 la Audiencia Provincial no sólo confirmaba las imputaciones sino que las ampliaba en número en el sentido que solicitaban el fiscal y Sí se Puede, por lo que el 3 de diciembre el PSOE de Granadilla saca un comunicado anunciando la dimisión de sus cargos de l@s tres imputad@s del que se hacen eco los medios informativos, como eldiario.es en su sección Tenerife Ahora que, con el titular ‘El alcalde de Granadilla y dos concejales presentan su dimisión’, decía:
« El alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, y los concejales Nicolás Jorge y Ana Esther Flores dimitirán de sus cargos en cumplimiento con el código ético del PSOE, después de que en un auto judicial se haya confirmado su imputación por una presunta prevaricación.
Según indica el PSOE de Granadilla en un comunicado, esta decisión se adopta ante el auto de confirmación de procedimiento abreviado adoptado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en el procedimiento judicial iniciado por Coalición Canaria y Sí Se Puede hace más de nueve años.
Estos hechos se refieren a presuntas irregularidades en la concesión de licencias en este municipio del sur de Tenerife durante el mandato 2003-2007.
El alcalde expresa «respetuosamente» en el comunicado su desacuerdo con el auto de la Audiencia Provincial y muestra su convencimiento de que tanto él como los otros dos ediles probarán su inocencia en el correspondiente juicio oral.
Reitera González Cejas que es «respetuoso» con las decisiones judiciales pero no comparte los razonamientos de la Audiencia Provincial, cuyo auto está siendo notificado a las partes.
Añade que CC presentó en 2006 la denuncia, a la que se sumó Sí Se Puede, y que «sólo perseguían el afán de obtener rédito electoral para las elecciones de 2007», y apunta que el juez titular que tuvo a su disposición todos los expedientes dictó un auto en 2011 en el que absolvía provisionalmente al alcalde y resto de miembros de la junta de gobierno denunciada.
Afirma que el ministerio fiscal, que en todos estos años no asistió a ninguna de las actuaciones de instrucción, recurrió el auto de sobreseimiento más de un año después, lo que fue rechazado por un segundo juez «con excepción de una cuestión meramente administrativa», el hecho de que el secretario y un aparejador emitiesen informes contradictorios en relación a una licencia.
«Estamos convencidos de nuestra inocencia y puesto que ya la justicia nos ha dado la razón hasta por dos veces en los juzgados de instrucción, no tenemos dudas de que nos absolverá», agrega González Cejas.
Critica también «la exposición mediática y social» que supone una injusticia, por lo que pide habilitar los mecanismos adecuados y los medios necesarios para que esto no ocurra.
El alcalde de Granadilla indica que «la grandeza política va unida a la coherencia personal, al respeto a unos principios y el servicio a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio», por lo que pone «su buen nombre y el de la institución municipal por encima de todo, y eso a veces exige sacrificio personal».
Añade que «para defender la inocencia de la junta de gobierno, del grupo socialista y las ideas y los códigos que nos hemos impuesto, debemos tomar esta decisión para no perjudicar la intachable trayectoria de honestidad y servicio a los intereses generales de los granadilleros y mantener la estabilidad del actual gobierno municipal».
Con esta decisión, argumenta, «evitamos convertir el pleno municipal en un circo permanente de bajeza política por parte de CC, y sobre todas las cosas, contribuimos a que el nombre de Granadilla de Abona no sea puesto en entredicho por un partido y unas personas que sólo buscan el descrédito permanente del rival».
La dimisión supone su desvinculación del Ayuntamiento y del Partido Socialista Canario para «defendernos con todos los medios a nuestro alcance, sin ataduras» para demostrar su «inocencia y honestidad en la gestión municipal durante tantos años». »
Sin embargo, nadie dimitió hasta el pasado jueves 30 de marzo, o sea, un año y cuatro meses después de haberlo anunciado y dejándose por el camino el gobierno del municipio tras salir adelante la moción de censura del pasado 27 de septiembre.
Como muestra de la evolución de este asunto a lo largo del pasado año al que nos estamos refiriendo, reproducimos el artículo que publicamos el pasado 20 de diciembre con el título ‘La fianza y las cinco causas por las que están ‘investigados’ los miembros del grupo de gobierno municipal 2003-2007’, en el que decíamos:
« El juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona, Juan José Gómez Neira, emitió el pasado mes de septiembre (en el que era su penúltimo día de trabajo en este partido judicial) cinco autos con los que procedió a la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado para los 13 ‘investigados’ (antes ‘imputados’) sobre los que recae la sentencia que afecta a miembros del grupo de gobierno municipal durante la legislatura 2003-2007, conformado en su totalidad por el PSC-PSOE y entre los que se encuentran el ‘censurado’ ex-alcalde Jaime González Cejas, el concejal Nicolás Jorge Hernández y la concejal Ana Esther Flores Ventura, quienes anunciaron en diciembre de 2015 que presentarían su dimisión y que sin embargo nunca hicieron efectiva, motivo por el que CC, PP y C’s se pusieron de acuerdo para presentar la moción de censura que tanta polémica ha suscitado y que fue el detonante de la crisis en la que se haya sumido el pacto de gobierno regional.
En los mencionados autos, el juez Juan José Gómez Neira estableció 18.478.326,11 euros de fianza mancomunada para 13 de los ‘investigados’ (que en realidad eran 14 ya que también figuraba el fallecido ex-concejal Alfonso Delgado Delgado), cuya implicación está motivada por la presunta concesión de licencias urbanísticas con tráfico de influencias para construir cuatro promociones en San Isidro vinculadas al entonces concejal Fidel Rodríguez Gaspar, a la revalorización desmesurada de 440 acciones que el ex-alcalde vendió de una sociedad tras la concesión de licencias para la edificación de viviendas, a la aprobación de un plan parcial relacionado asimismo con empresas participadas por el ex-alcalde y aceptando una compensación económica para el Ayuntamiento a cambio de dos solares que le correspondían por compensación, a la concesión de licencia municipal al ITER para instalar 130 placas fotovoltaicas existiendo dos informes desfavorables además de otras 70 sin que mediara petición de licencia y siendo el ex-alcalde un adquiriente de parte de dichas placas. Al concejal Nicolás Jorge también le atribuye el juez haber prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legalmente establecido para poder instalar la infraestructura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que en su momento se llevó a cabo con un sobrecoste añadido.
En total, son 81 supuestos delitos de prevaricación, seis de tráfico de influencias y nueve de malversación los que el juez estableció para los 13 ‘investigados’, de los que al ex-alcalde se le atribuyen seis presuntos delitos de prevaricación, seis de tráfico de influencias y uno de malversación; a Nicolás Jorge, 13 de prevaricación y dos de malversación; y a Ana Esther Flores, 11 de prevaricación y uno de malversación.
Tod@s l@s invetigad@s ya recurrieron el pasado mes de septiembre los 5 autos emitidos por Juan José Gómez Neira ante el mismo juzgado que los emitió y también apelarán a la Audiencia, cuya decisión determinará el futuro del caso en el sentido de señalar o no la apertura del juicio oral, que es cuando decidieron finalmente dimitir el ex-alcalde y los dos concejales ‘investigados’ que dijeron iban a hacerlo en diciembre de 2015, diciendo ‘Diego’ donde antes dijeron ‘digo’.»
(Continuará…)